El presidente de la República, Laurentino Cortizo, afirmó este jueves 7 de marzo que los funcionarios responsables del supuesto fraude electrónico para alterar los beneficios económicos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) deben enfrentar todo el peso de la ley.
“El mensaje es muy claro para los funcionarios que traicionaron, para eso hay un buen Ministerio Público, y una buena administración de justicia y les debe caer todo el peso de la Ley”, afirmó el mandatario durante una gira por el sector este de la provincia de Panamá.
Una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual reveló que en el año 2022 se utilizó la cuenta de usuario de una funcionaria del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) para realizar 7 mil cambios de número PIN en las cuentas de los beneficiarios del Pase-U.
Además, se detectó que, luego de realizadas las modificaciones, se utilizaron las cuentas para hacer compras en diversos comercios de la localidad.
Se ha informado que las dos personas aprehendidas (la funcionaria del Ifarhu y un comerciante) serán llevadas ante un juez de garantías en las próximas horas para la formulación de la imputación.
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Caso de los migrantes
Respecto al vandalismo que causó un grupo de migrantes en la estación de recepción de San Vicente, Darién, el pasado fin de semana, Cortizo expresó que “los atrevidos [responsables de los hechos] tienen que pagar su condena en Panamá y luego se van para su casa”.
El mandatario agregó que se tomó la decisión de reforzar el área y que los actos cometidos por estas personas no pueden pasarse por alto.
Tras los incidentes y la intervención de los estamentos de seguridad, el juez de garantías de la provincia de Darién, Carlos Justiniani Pinzón, aplicó la medida cautelar de detención preventiva a 45 migrantes por los delitos de daños a la propiedad y peligro común.
Una serie de incidentes registrados en este puesto migratorio culminaron en el incendio de varias unidades habitacionales en el campamento de San Vicente Darién, así como el vandalismo de varios vehículos estatales.
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