La Asamblea Nacional dio este martes 23 de septiembre un primer paso en la discusión del llamado proyecto de ley “antibotellas”, presentado por la diputada de Vamos, Janine Prado, y admitido por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
La iniciativa busca atacar una de las prácticas más cuestionadas en la administración pública: los funcionarios que cobran sin trabajar y los servidores que facilitan esos nombramientos.
El anteproyecto plantea endurecer el artículo 349 del Código Penal y crear el 349-A, con el fin de sancionar tanto a los beneficiarios de estas plazas fantasmas como a quienes los nombran.
Según el texto, el funcionario que acepte un puesto sin prestar servicio alguno enfrentaría penas de dos a cuatro años de prisión, que podrían aumentar hasta ocho años si el daño al Estado supera los 50 mil balboas.
Hoy dimos el primer paso: nuestro proyecto de ley #Antibotellas fue prohijado por unanimidad.
— Janine Prado (@janineprado06) September 23, 2025
Este avance envía un mensaje claro: en Panamá, el que no trabaja, no cobra. Nuestro objetivo es terminar con las planillas infladas, los nombramientos por favores políticos y las… pic.twitter.com/f3avmpmxlI
La diputada Prado subrayó, en la exposición de motivos, que las “botellas” constituyen una de las expresiones más evidentes del clientelismo político y la corrupción estructural. Recordó que Panamá tiene una de las tasas más altas de empleados públicos en la región —15.6 % de su fuerza laboral—, por encima del promedio latinoamericano, que es del 10 %. “El Estado no puede seguir financiando una planilla inflada que no se traduce en mejores servicios para los ciudadanos”, señaló.
El proyecto también apunta directamente contra los nominadores. De aprobarse, cualquier servidor público que designe a una persona para no trabajar sería castigado con prisión de 4 a 6 años, y hasta 10 años si el nombramiento es para repartirse parte del salario o si la lesión patrimonial excede los $50 mil. En todos los casos, la norma contempla una reducción de la pena si se devuelve el dinero antes del juicio oral.
Discurso del mandatario
La propuesta recoge además el discurso del presidente José Raúl Mulino, quien desde su toma de posesión en julio de 2024 prometió “acabar con las botellas”.
En su primer informe a la Nación, en enero de este año, el mandatario advirtió que “ya no habrá dinero público para gastos indiscriminados ni para contratos mal concebidos”, e instó a los diputados a legislar en favor de un Estado más austero.
Las cifras de la Contraloría dan contexto a la discusión: hasta abril de 2025, la planilla estatal sumaba 256,750 funcionarios, con un costo mensual de 426.3 millones de balboas.
Auditorías recientes han detectado casos de doble empleo y salarios sin justificación, remitidos al Ministerio Público para investigación. Para los impulsores del proyecto, la ausencia de sanciones claras contra los nominadores ha facilitado la impunidad.
El prohijamiento en la Comisión de Gobierno abre ahora la ruta para el primer debate del proyecto, en un escenario donde la Asamblea ha sido señalada reiteradamente como la institución con mayor número de “botellas”.
El reto para Prado y sus colegas de Vamos será conseguir los votos en un pleno donde muchos diputados han sido cuestionados por prácticas clientelistas.
Las planillas de la Asamblea
La Contraloría divulgó recientemente los datos de las planillas de la Asamblea Nacional y reveló que, entre los diputados con mayor gasto en personal, se encuentra Benicio Robinson, presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con una planilla que supera los $261 mil mensuales, seguido por los expresidentes legislativos Marcos Castillero y Jaime Vargas, con montos de $225 mil y $164 mil, respectivamente.
También destacan Crispiano Adames, con $122, y la expresidenta de la Asamblea por el partido Realizando Metas, Dana Castañeda, con una planilla que ronda los $120 mil. Estas cifras reavivan el debate sobre el uso de los recursos públicos y el histórico cuestionamiento ciudadano a la planilla legislativa.
Este año, la Contraloría inició un proceso de auditoría en la Asamblea Nacional como parte de sus funciones de fiscalización sobre el uso de fondos públicos.
La revisión busca determinar posibles irregularidades en la administración de recursos y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas que, desde hace años, cuestionan la transparencia de la institución legislativa.
