Desde su entrada en vigencia en junio de 2006, la Ley 22 de Contrataciones Públicas se ha convertido en una de las normas más reformadas del ordenamiento jurídico panameño. El actual Gobierno no rompe con esa inercia y vuelve a colocar la ley en la mesa de cambios.
En menos de dos décadas, la Ley 22, concebida como el marco legal para regular las compras y contrataciones del Estado, ha sido reformada en más de 10 ocasiones mediante distintas normas aprobadas por la Asamblea Nacional.
Ahora, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que instruyó al director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Javier Raúl Marquínez, para que elabore un documento con nuevas reformas. La pregunta que surge es cuáles son los cambios que interesan al Ejecutivo.
El mandatario dejó entrever algunas de las posibles modificaciones. “No me gustan esas benditas licitaciones al mejor valor. Eso es un despropósito. Aquí se tiene que ir a buen precio, a mejor precio. El que se la ganó, se la ganó”, afirmó.
Mulino también se refirió a la conformación de las comisiones evaluadoras, encargadas de calificar las propuestas presentadas en los actos públicos. Dijo que ya solicitó a todos los ministerios y entidades públicas que sustituyan a las personas que actualmente las integran.
Cronología de cambios
Esta historia de modificaciones no es nueva. Las primeras reformas se produjeron apenas meses después de la promulgación de la ley, con la aprobación de la Ley 35 de 2006, lo que evidenció desde temprano la necesidad de ajustes a un sistema que aún no terminaba de consolidarse.
Durante los años siguientes, las reformas se sucedieron con rapidez. Entre 2007 y 2009 se aprobaron varias modificaciones —a través de las leyes 2 de 2007; 21 y 41 de 2008; y 69 y 80 de 2009— orientadas principalmente a ajustar procedimientos, ampliar excepciones y redefinir competencias dentro del sistema de contrataciones públicas.
El año 2010 marcó un punto de inflexión, con tres reformas en un solo periodo legislativo. Las leyes 12, 30 y 66 introdujeron nuevos cambios al régimen de compras estatales. Estas modificaciones respondieron tanto a presiones internas como a observaciones de organismos de control, que advertían sobre debilidades en los mecanismos de fiscalización y transparencia.
El presidente José Raúl Mulino anunció que en enero llegará al Gabinete un nuevo proyecto de ley que reformará de manera integral la actual Ley de Contrataciones Públicas, la cual calificó como un “desastre” que facilita corrupción, impugnaciones y extorsiones.… pic.twitter.com/GRu7WOIHm2
— La Prensa Panamá (@prensacom) December 18, 2025
En 2011, la Ley 48 volvió a modificar el marco normativo, acumulando ajustes que, con el paso del tiempo, generaron un texto fragmentado y de difícil interpretación. Esta situación llevó a que, en 2017, se aprobara la Ley 61, que ordenó y sistematizó la normativa vigente, integrando las reformas previas en un texto único.
Sin embargo, la reforma más profunda llegó en 2020, con la aprobación de la Ley 153, considerada la modificación más extensa desde la creación de la Ley 22. Esta norma introdujo alrededor de 75 cambios, con el objetivo declarado de fortalecer la transparencia, agilizar los procesos de contratación y limitar prácticas que habían sido cuestionadas por la ciudadanía y por entes fiscalizadores.
La Ley 153 de 2020 buscó, entre otros aspectos, reducir el uso discrecional de procedimientos excepcionales, ajustar los plazos de impugnación y reforzar el rol de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Pese a ello, sectores de la sociedad civil y expertos en compras públicas han advertido que las reformas no han logrado erradicar prácticas que favorecen la opacidad.
El análisis
Para el abogado y profesor universitario Carlos Gasnell, especialista en la materia, la norma ha sido objeto de múltiples modificaciones que, sin embargo, no han alterado de fondo la manera en que el Estado contrata bienes y servicios.
“Desde 2006 se han aprobado más de 10 reformas a la Ley 22, dos de las cuales, por el volumen de artículos modificados, han generado textos únicos. La última fue la Ley 153 de 2020, que es posiblemente la reforma más amplia que ha experimentado la ley”, explicó.
Gasnell sostuvo que, pese a la frecuencia de los cambios legislativos, las reformas no han atacado los problemas estructurales del sistema. “Ninguna de estas reformas ha cambiado los procesos ni la forma en la que se contrata.
Todas han sido retoques de lo existente”, afirmó, al subrayar que la arquitectura básica de las contrataciones públicas se ha mantenido intacta, pese a las reiteradas promesas de modernización y mayor transparencia.
En cuanto al futuro de la normativa, el experto considera que el desafío ya no es la estandarización, sino la simplificación de los procedimientos. “Los procesos de selección siguen siendo largos y complejos”, señaló.
Entre sus propuestas mencionó la necesidad de evaluaciones previas de documentación, la clasificación de proveedores y una transparencia total sobre las empresas que participan en las licitaciones.
A su juicio, estas medidas permitirían evitar evaluaciones excesivas y situaciones en las que “buenas empresas pierden una adjudicación porque no aportaron una copia autenticada o se equivocaron al consignar en las fianzas días calendario en lugar de días hábiles”, problemas que —dijo— evidencian la rigidez del sistema actual.
