En una sesión marcada por roces, frases punzantes y llamados al orden, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó la propuesta de ley que pretende poner límites al servicio de escolta oficial de los expresidentes de la República, un privilegio vitalicio financiado con fondos públicos. Con esta decisión, el proyecto de ley pasará a ser discutido en primer debate.
La iniciativa, impulsada por el diputado Jhonathan Vega de la bancada independiente Vamos, avanzó pese a la férrea oposición de Luis Eduardo Camacho, diputado de Realizando Metas (RM) y presidente de la comisión, y de Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quienes cerraron filas contra la propuesta.
Finalmente, el proyecto se impuso en la votación: cinco diputados votaron a favor, dos en contra y dos se abstuvieron.
El costo
Al momento de sustentar la propuesta, Vega compartió datos sobre el costo que representa para el Estado mantener este esquema de seguridad vitalicio. Por ejemplo, informó que el gasto promedio mensual en salarios de escoltas ronda los $42 mil, y que cada uno de los expresidentes cuenta con al menos 12 agentes asignados, una estructura que, según argumentó, requiere límites, controles y mayor racionalidad en el uso de recursos públicos.
“Debemos invertir en lo social y dejar los privilegios a un lado”, añadió. Propuso que ese personal sea reasignado para reforzar la protección de la población en las calles.
Después hablaron los demás diputados. Camacho puso como ejemplo el caso de su amigo, el expresidente Ricardo Martinelli, a quien, según dijo, le recortaron los agentes del Servicio de Protección Institucional.
“Tenemos que entender que la persona que ocupó la Presidencia de la República, que representó a los panameños, va a tener que tomar decisiones que beneficiarán a muchos, pero que también afectarán negativamente a otros (…)”, añadió.
Por su parte, Buchanan, dijo que se está intentado desmantelar la única barrera física que protege a quienes tomaron decisiones en el ejercicio del cargo.
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto de Vega propone que el servicio se otorgue por un plazo máximo de 10 años, contados a partir del cese de funciones presidenciales. Solo en situaciones excepcionales, cuando exista una amenaza comprobada, la protección podría prorrogarse de forma temporal, pero con previa evaluación del Ministerio de Seguridad Pública y la autorización del presidente de la República.
También fija un límite de hasta cuatro escoltas por expresidente y se establece que el servicio únicamente podrá utilizarse para fines estrictamente vinculados a la seguridad personal. Cualquier uso con propósitos políticos, empresariales o particulares conllevaría la suspensión inmediata del beneficio.
El documento establece el derecho a un servicio de secretaría durante los dos años posteriores al término del mandato presidencial, con personal adscrito al Ministerio de la Presidencia y considerado servidor público.
La ley tendría carácter retroactivo. Si pasa los tres debates legislativos y el presidente José Raúl Mulino la sanciona, todos los expresidentes quedarían sujetos al nuevo marco legal, sin importar el período en que ejercieron el cargo.
Desde el retorno a la democracia Panamá ha tenido ocho presidentes. Guillermo Endara, Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, Laurentino Cortizo y el actual, José Raúl Mulino.
