Los dos actos públicos que adelanta el Ministerio de Gobierno para contratar el suministro de alimentos en los centros penitenciarios de Colón ($33.6 millones) y Panamá ($209.6 millones) dejan al descubierto dos problemas estructurales: un aparente monopolio y las persistentes deficiencias de las comisiones evaluadoras, situación que ya había sido advertida por el presidente de la República, José Raúl Mulino.
En el caso del acto público de Panamá, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, adjudicó la licitación al Consorcio Alimentando Panamá, S.A., sin formular ninguna objeción, pese a que la propuesta presenta una inconsistencia clave: ofrece porciones de 90 gramos de carne cruda, cuando el pliego —respaldado por los criterios del Ministerio de Salud— exige 90 gramos de carne cocida. Esto implica que, al considerar la merma natural del proceso de cocción, el contratista entregaría una cantidad inferior a la requerida.
En el caso de esta licitación, nuevamente el Consorcio Alimentando Panamá —ahora bajo el nombre de Consorcio Panameño de Alimentación Colón— obtuvo la mejor calificación, pero no se le adjudicó debido a un reclamo presentado por otro competidor: el Consorcio C&J Food Services Panamá.
Este reclamo se basa precisamente en la irregularidad antes mencionada. Es decir, sostiene que el Consorcio Panameño de Alimentación Colón incumple el pliego de cargos porque entregaría una cantidad de carne inferior a la requerida por el Estado.
Para C&J Food Services, este punto no es un detalle accesorio, sino un incumplimiento sustancial que “desnaturaliza el alcance del servicio contratado” y afecta directamente la calidad nutricional que debe recibir la población penitenciaria.
El control
De hecho, el Consorcio Alimentando Panamá, S.A. actualmente suministra alimentos a casi el 80% de la población penitenciaria, ya que mantiene contratos en Panamá, Colón y también en Bocas del Toro. Por ello, el Estado le ha pagado más de $300 millones desde 2012 hasta la fecha, consolidando así su posición dominante en este servicio.
Hasta finales de 2024, el sistema penitenciario del país tenía una población de 23,423 personas privadas de libertad. La provincia de Panamá se consolida como el núcleo principal del sistema, albergando a 15,748 reclusos, lo que representa aproximadamente el 67.2% de la población penitenciaria total. Esta región cuenta con instalaciones de gran magnitud, destacando el Centro Penitenciario La Nueva Joya, con 5,549 internos, y La Joyita, con 4,760, siendo estos los recintos con mayor densidad de custodia en la República. Además, la provincia gestiona el principal centro femenino del país, el Cecilia O. de Chiari, con 766 mujeres.
Por su parte, la provincia de Colón registra una población de 2,550 privados de libertad, lo que equivale al 10.9% del total nacional. La gran mayoría de estos individuos se encuentran recluidos en el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza, que reporta 2,439 hombres, mientras que el Centro Femenino de Colón atiende a 111 mujeres. Al sumar los datos de Panamá y Colón, se evidencia que el 78.1% de todos los detenidos del país se concentran en estas dos provincias.
A esto hay que agregar que Bocas del Toro alberga aproximadamente a otros 800 reclusos.
Comisión bajo la lupa
En medio de esta polémica, está la comisión evaluadora, la cual pasó por alto las presuntas anomalías en cuanto al peso de los alimentos que recibirán las personas privadas de libertad. El consorcio que presenta el reclamo sostiene que la omisión de esta verificación coloca al Estado en desventaja y abre la puerta a lo que consideran una “lesión patrimonial”, pues se pagaría por tres onzas de carne, pero se recibiría menos.
La situación, afirman, vulnera los principios de legalidad, igualdad de condiciones y buen uso de fondos públicos establecidos en la Ley 22 de 2006.
Precisamente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, cuestionó el rol de las comisiones evaluadoras en los actos públicos: “Hay gente eternamente viviendo allí y vean ustedes el desastre que son las contrataciones en términos generales”, afirmó, al atribuir parte de las deficiencias del sistema a la forma en que operan estas instancias.
En las licitaciones de Panamá y Colón, unas cinco personas integran la comisión evaluadora, entre ellas contadores, abogados, administradores de empresas y una nutricionista. Esta última profesional, Lisette Navarro, labora en el Ministerio de Gobierno, pero llama la atención que no se haya percatado de la irregularidad en el peso de las porciones de carne para las raciones de comida.
El papel de los miembros de las comisiones evaluadoras adquiere relevancia si se toma en cuenta que sus decisiones inciden directamente en la adjudicación de contratos por montos millonarios cada año. Este es uno de ellos.
Este medio realizó las respectivas consultas a la ministra de Gobierno, pero no respondió a las llamadas ni a los mensajes enviados por La Prensa. Quien sí respondió fue el asesor presidencial y exministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, quien en 2012 adjudicó por primera vez el contrato para proveer alimentos a las personas privadas de libertad al Consorcio Alimentando Panamá.
El asesor dijo que desconocía el pliego de cargos y las propuestas, por lo que no podía emitir una opinión. Aun así, se le solicitó que transmitiera el mensaje a la ministra de Gobierno, a lo que respondió: “con mucho gusto”. Queda por ver si realmente lo hará, especialmente cuando las arcas del Estado podrían estar en riesgo.
