No hubo competidores ni pujas por el millonario contrato de alimentación para las seis cárceles de la provincia de Panamá. Solo un proponente se presentó: la misma empresa que ha mantenido el negocio por 13 años consecutivos, sostenida por una cadena de adendas y aumentos de precio.
La presentación de las propuestas electrónicas estaba programada para este viernes 5 de diciembre, según el cronograma oficial del Ministerio de Gobierno (Mingob). Pasadas las 11:00 a.m., solo figuraba un documento en el sistema: la oferta del Consorcio Alimentario Panamá.
El proceso dejó varios puntos llamativos. El consorcio no enfrentará competencia y, si finalmente cumple con todos los requisitos, según la comisión evaluadora, extenderá su dominio por casi seis años más, alcanzando cerca de 19 años de control ininterrumpido del servicio de alimentación penitenciaria.
La empresa presentó una propuesta por $209.6 millones, exactamente el precio de referencia fijado por el Mingob. Ese monto incorpora un incremento en la ración diaria: sube de $4.60 a $5.50, en comparación con el contrato que aún tiene vigente.
En los últimos 13 años, el Estado panameño —a través del Mingob— ha desembolsado más de $303.3 millones para la alimentación en siete centros penitenciarios a Consorcio Alimentario Panamá.
Esta licitación no estuvo exenta de reclamos, precisamente porque los potenciales competidores alertaban de especificaciones que le daban ventaja a Consorcio Alimentario Panamá. Fueron 15 empresas al proceso de homologación, pero solo una propuesta final.
Se impugnó, por ejemplo, el criterio de evaluación de experiencia, porque el pliego exigía que la experiencia solo pudiera acreditarse mediante un máximo de tres contratos.
El punto crítico era que al proveedor actual se le reconoce la experiencia de un solo contrato que engloba los seis servicios penitenciarios, producto de las condiciones especiales bajo las que fue contratado.
En la práctica, esto impedía cualquier competencia real, pues sería raro que otro participante pudiera presentar un contrato único que abarque tantos recintos, colocándolos en una desventaja evidente frente al operador histórico.
