Varias juntas comunales han quedado atrapadas en vacíos legales y administrativos tras la detención preventiva, muerte o impedimento legal de sus representantes. La ausencia de una figura habilitada para ejercer el cargo ha generado dudas sobre quién puede asumir sus funciones y, en algunos casos, ha impedido el acceso a fondos públicos.
Dos de los casos más llamativos, y que actualmente se encuentran en un limbo jurídico, son los de Barrio Norte, en la provincia de Colón, y David Cabecera, en Chiriquí. En ambos casos, los municipios de Colón y David han elevado consultas a la Procuraduría de la Administración para definir cómo deben proceder ante estas situaciones.
Como se recordará, en las elecciones de 2024, Jairo Salazar, candidato del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue elegido representante de Barrio Norte y diputado de la Asamblea Nacional. Salazar optó por ejercer como diputado y, conforme a la normativa electoral, la representación quedó en manos de su suplente, Javier Lynch.
No obstante, la situación cambió el pasado abril, cuando el juez de garantías Ángel Santos imputó cargos por la presunta comisión del delito de peculado y ordenó la detención provisional de Lynch, quien fue trasladado recientemente al centro penitenciario de la isla de Coiba, mientras avanza el proceso judicial en su contra, dejando a la junta comunal sin una autoridad electa en condiciones de ejercer sus funciones.
Sobre el estatus de la junta comunal, el alcalde de Colón, Diógenes Galván, explicó que, ante la detención del representante del corregimiento y la ausencia de un suplente, la Alcaldía mantiene el control operativo de la junta. Señaló que los funcionarios están bajo la jurisdicción municipal y que la administración continúa coordinando trabajos de ornato y aseo.
Agregó que el Municipio mantiene comunicación con la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) para determinar de qué manera la Alcaldía puede asumir directamente la realización de las consultas ciudadanas necesarias para el desarrollo de obras y proyectos, tal como establece la normativa sobre el uso de los fondos de descentralización.
Recientemente, la Procuraduría de la Administración respondió a una consulta del Municipio de Colón y señaló que carece de competencia para resolver controversias relacionadas con cargos de elección popular, cuya definición corresponde a las autoridades constitucionalmente facultadas para ello. La respuesta, sin embargo, dejó sin resolver el principal interrogante planteado por el Municipio de Colón.
Caso David
La Junta Comunal de David Cabecera quedó sin una autoridad electa en condiciones de ejercer sus funciones, luego de que el representante Jorge Eduardo Montenegro Vallarino permaneciera bajo detención provisional y su suplente, Sandra Jiménez, cumpliera arresto domiciliario.
Allí, la Alcaldía también busca una salida jurídica al problema. El alcalde Joaquín De León señaló recientemente que consultará a la Procuraduría de la Administración sobre cómo debe operar la junta comunal, luego de que tanto el representante como su suplente quedaran impedidos de ejercer sus funciones por las medidas cautelares que enfrentan.
La intención es definir quién puede asumir temporalmente las responsabilidades de la junta y garantizar la continuidad de los servicios, sin desconocer la presunción de inocencia ni el debido proceso de los funcionarios involucrados.
Tanto en Barrio Norte como en David Cabecera, sus autoridades están siendo procesadas por el presunto manejo irregular de millones de dólares provenientes de la llamada descentralización paralela o de los Programas de Desarrollo e Interés Social (PDIS).
En su último informe, el Ministerio Público señaló que, dentro de las investigaciones por el PDIS, se han formulado cargos contra 118 personas. De ellas, 17 permanecen detenidas provisionalmente, 16 cumplen depósito domiciliario y 82 tienen medidas cautelares de notificación periódica; al resto no se le impusieron medidas cautelares.
Entre las juntas comunales que recibieron mayores recursos figuran Belisario Porras, en San Miguelito, con $8.0 millones, y Barrio Norte, en Colón, con $6.9 millones. Les siguen Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, con $5.5 millones; Salud, en Colón, con $4.6 millones; y David Cabecera, en Chiriquí, con $4.4 millones. En todas estas juntas comunales, los representantes pertenecían al PRD.
Las consecuencias
El problema adquiere mayor complejidad cuando las juntas comunales quedan sin una autoridad habilitada para ejercer sus funciones. Por ejemplo, Barrio Norte tiene 12,320 habitantes, mientras que David Cabecera cuenta con 16,051, según el Censo de 2023. Son más de 28,000 personas cuyas comunidades dependen de estructuras locales que, en estos casos, enfrentan un vacío sobre quién puede tomar decisiones, administrar recursos y garantizar la continuidad de los proyectos.
Narciso Machuca, asesor legal de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), explicó que la legislación contempla qué ocurre cuando existe una ausencia permanente del representante y su suplente, pero no establece con claridad qué hacer cuando ambos enfrentan medidas cautelares y mantienen la titularidad de los cargos para los que fueron elegidos.
“Hay un vacío en la ley”, resumió Machuca al explicar la situación de las juntas comunales de Barrio Norte y David.
Según Machuca, en estos casos no corresponde convocar nuevas elecciones porque los representantes no han sido separados del cargo ni han perdido sus credenciales. La legislación electoral contempla la ausencia permanente, pero no una ausencia temporal como la que enfrentan estas dos juntas comunales.
La situación es distinta en otras juntas comunales donde los representantes principales han sido separados de sus cargos, pero los suplentes permanecen habilitados para ejercer. Machuca indicó que, en esos casos, los suplentes han tomado posesión, cuentan con la firma legalizada por la Contraloría y pueden operar las cuentas bancarias de las juntas.
Estimó que las consultas de ese tipo recibidas por Amupa corresponden a unas 15 juntas comunales.
Las muertes
También hay juntas comunales que han quedado sin sus representantes por circunstancias definitivas: la muerte de sus titulares. El 18 de mayo fue asesinado a tiros Juan Ruperto De Gracia Murillo, representante de Veladero, en Tolé, Chiriquí, quien había sido reelegido en 2024. Semanas después, el representante de Barrio Colón, en La Chorrera, Héctor Sambrano, fue encontrado sin vida en un apartamento en la ciudad de Panamá.
Además, Víctor Peñalba, representante del corregimiento de San Juan, en el distrito de San Francisco, Veraguas, falleció el año pasado tras presentar problemas de salud.
En estos casos, explicó Machuca, los suplentes asumen las funciones de los representantes fallecidos, conforme al procedimiento establecido.
Sin embargo, el especialista en gobiernos locales subrayó que también existe otro tipo de vacío: el acceso a los recursos públicos. Machuca puso como ejemplo el caso de la comarca Naso, donde las juntas comunales tienen asignados fondos, pero enfrentan dificultades para recibir los recursos correspondientes al funcionamiento y al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), debido a que la comarca no cuenta con alcalde.
Según explicó, la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas han dado su visto bueno para que los fondos sean administrados mediante un mecanismo similar al utilizado en Guna Yala, donde tampoco existe un municipio y los recursos son canalizados a través del Consejo Provincial de Coordinación. Señaló que Amupa ha gestionado ante la Autoridad Nacional de Descentralización el traslado de los recursos, pero hasta el momento no se ha concretado.
El origen de este último problema se remonta a la creación de la comarca Naso durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), cuya estructura legal contemplaba la elección de un alcalde, concejales y representantes. Machuca explicó que la ley fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia y que, durante ese proceso, el Tribunal Electoral convocó a elecciones para representantes y concejales, pero no para alcalde.
Tras el fallo de la Corte, sostiene que la estructura para el municipio quedó habilitada y que en las elecciones de 2029 debería elegirse finalmente un alcalde. Mientras tanto, la ausencia de esta autoridad mantiene un problema administrativo que afecta a unos 5,000 habitantes de la comarca Naso, pues son los municipios los encargados de transferir recursos a las juntas comunales.
