Este martes se cumplen 74 días desde que el Ejecutivo decretó el estado de emergencia nacional, producto de la pandemia de la Covid-19. Desde entonces, se han cerrado las escuelas, prohibido los vuelos comerciales, impuesto un toque de queda, impedido el acceso a las playas, suspendido los términos judiciales y paralizado casi todas las actividades comerciales o industriales, salvo las ligadas al sector alimenticio o sanitario. Para salir a la calle, hay que hacerlo solo por dos horas, a la hora y el día indicado, o con un salvoconducto.
En medio del confinamiento que vive el país, ya hay quienes se preguntan si las medidas adoptadas por el Gobierno son legales o contravienen las garantías fundamentales. ¿Se han violentado los derechos humanos de los ciudadanos?
El webinar titulado El Gran Hermano: asalto a las libertades en tiempo de coronavirus, que hace alusión a la novela de George Orwell de 1984, intentó buscar respuestas a estas interrogantes. El evento virtual reunió a especialistas en temas de política, tecnología, derecho y comunicación: Betty Brannan Jaén, vicepresidenta del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos y miembro de la junta directiva del diario La Prensa; Carlos Guevara-Mann, politólogo y director del programa de maestría en Asuntos Internacionales de Florida State University, y José Ferreira, profesor y director de servicios de Información de Copa Airlines. El moderador fue Alonso De la Guardia.
Un tema en el que coincidieron es que los derechos humanos se deben proteger frente a cualquier circunstancia. Algunos se pueden limitar, siempre para aplicar medidas necesarias, ajustadas a objetivos definidos con criterios científicos y razonables, que sean proporcionales y no discriminatorias, y basadas en el derecho interno y consistentes con las obligaciones de los Estados con el derecho internacional.
Los panelistas dejaron claro, que sus planteamientos fueron expresados a título personal, en ejercicio de su libertad como ciudadanos.
Brannan Jaén aseguró que no admite que sea inexorable la pérdida de las libertades hasta quedar en una distopía orwelliana. “No admito que ese sea nuestro destino, inexorablemente. No lo admito”, manifestó.
Sus palabras surgieron luego de que se le preguntara si consideraba que las sociedades modernas se encaminan inexorablemente a convertirse en “distopías orwellianas”.
“No hay duda de que hay corrientes que nos están llevando hacia allá y que esas corrientes cobran fuerza, particularmente durante una crisis como esta. Fíjense que cada vez que hay una crisis provocada por un ataque terrorista, nos piden que sacrifiquemos libertades para tener seguridad. Cuando hay una crisis provocada por un evento sanitario como el actual, nos piden que sacrifiquemos libertades para tener salud. Cuando hay una crisis económica como la que seguramente viene, nos piden que sacrifiquemos libertad a cambio de prosperidad”, resumió.
Para Brannan Jaén, corresponde a la población reclamar sus derechos y libertades.
“Le corresponde al ciudadano comprender que, cuando nos ponen a escoger entre libertad y seguridad, libertad y salud, libertad y prosperidad... nos están presentando una elección falsa. No se trata de escoger una cosa u otra, sino de buscar políticas públicas que maximicen ambas”.
Se trata, a su juicio, de buscar un equilibrio, “porque los derechos humanos son inalienables, indivisibles e interdependientes”.
Guevara-Mann consideró que el Gobierno sí ha violado la Constitución, especialmente el principio de la legalidad que debe guiar cualquier suspensión del ejercicio de los derechos humanos.
“Los derechos humanos son parte íntima del ciudadano. Ningún gobierno nos los regala. Nadie nos los obsequia; nos corresponden”, expresó.
Reconoce que hay situaciones excepcionales, que pueden ameritar, en aras del bien común, la suspensión del ejercicio de algunos derechos, pero advirtió que la Constitución, en su artículo 55, indica el procedimiento a seguir en la declaratoria del estado de urgencia, y que a la fecha, eso no ha ocurrido.
El artículo 55 señala, entre otras cosas, que “el estado de urgencia y la suspensión de los efectos de las normas constitucionales citadas serán declarados por el Órgano Ejecutivo mediante decreto acordado en Consejo de Gabinete. El Órgano Legislativo, por derecho propio o a instancia del Presidente de la República, deberá conocer de la declaratoria del estado referido si el mismo se prolonga por más de diez días y confirmar o revocar, total o parcialmente, las decisiones adoptadas por el Consejo de Gabinete, relacionadas con el estado de urgencia”. Este mismo artículo establece cuáles son los derechos que se pueden “suspender temporalmente, de modo parcial o total”.
El pasado 13 de marzo, mediante una resolución del Consejo de Gabinete, se decretó un estado de emergencia, mas no de urgencia, como dicta la Constitución. Para declarar el estado de emergencia, el Gabinete invocó el artículo 79 de la Ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, a fin de que las entidades estatales puedan adquirir bienes y servicios a través de un procedimiento especial.
Precisamente, es esto lo que cuestiona Guevara-Mann.
“Se declaró un estado de emergencia, que no es lo mismo que un estado de urgencia... El Gobierno no siguió el procedimiento y la Asamblea Nacional no ha dicho nada. En consecuencia, a las medidas impuestas en violación a la Constitución ha cercernado, además derechos sociales, como el trabajo, al salario, a la educación, a la alimentación y otros derechos que señala la Constitución, pero nadie la lee”.
El politólogo cuestionó también que el Órgano Judicial suspendió los términos judiciales (supuestamente, hasta el 7 de junio).
“Es evidente que el Gobierno ha abusado. Esto es una democracia, no un totalitarismo orwelliano”, remarcó.
Ferreira, por su parte, manifestó que el tema de los derechos humanos, incluso en plataformas tecnológicas, es un pilar clave. Explicó que los gobiernos se apoyan con tecnología para combatir el Covid-19. El problema radicaría si la información no es utilizada para lo que se ha señalado.
“En cualquier caso, deben existir garantías legales y técnicas para mitigar los riesgos de la protección de datos personales y asalto a la privacidad de los ciudadanos, porque nadie nos ha pedido el consentimiento, pese a que estamos en una emergencia”, indicó Ferreira.
Consideró que la tecnología ha jugado un rol a lo largo de la pandemia y que “si el Gobierno hubiese estado más pendiente a la legalidad, a la seguridad y a la privacidad antes de la Covid-19, todos estaríamos mucho más confiados del uso adecuado de nuestros datos o nuestra información".
"La data se comparte para controlar la epidemia y eso no esta mal. El problema es que no hay consentimiento y tampoco me garantizan qué van hacer con esta data. En ese sentido, es difícil separar la visión personal y política de las autoridades de la respuesta proporcional de la crisis, los gráficos reales de los gráficos socialmente aceptables...”, agregó.
Para Ferreira, la tecnología es como un chef y un cuchillo.
“Un cuchillo en manos de un chef es un instrumento de creación, un cuchillo en manos de un psicópata es un instrumento de destrucción. Depende de cómo se use viviremos en una sociedad donde se respeta la integridad y la dignidad de los seres humanos, así como sus derechos fundamentales o, por el contrario, viviremos en una sociedad deshumanizada, donde solo seremos gente manipulada”.
