El llanto rompe la solemnidad del acto oficial. José Raúl Mulino, abogado y exministro de Seguridad, recibe la banda presidencial. Detrás de él, vestidos con el color blanco de las ceremonias protocolares, los diputados ofrecen un fondo que evoca la honestidad, la transparencia y la pureza.
Es primero de julio, el día uno de la administración Mulino.
“¡Misión cumplida, carajo (...) misión cumplida, Ricardo [Martinelli]!”, espetó Mulino semanas antes, agradeciendo el apoyo de su amigo, el magnate de los supermercados y fundador de los partidos Realizando Metas (por sus iniciales, RM) y Cambio Democrático, con el que llegó a gobernar (2009-2014).
El expresidente, candidato inicial en la contienda que ganó Mulino, fue inhabilitado por una condena por blanqueo de capitales, lo que colocó a su compañero de fórmula en la carrera presidencial.
Pero, en medio de toda la atención mediática, los festejos y los agradecimientos, Mulino calló otros apoyos: los recibidos por 450 donantes privados.
Una revisión de la base de datos La Ruta de la Plata, plataforma creada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana para visualizar el financiamiento privado recibido durante la campaña electoral de 2024, permitió conocer en detalle quiénes respaldaron la candidatura del hoy presidente panameño.
Fueron más de $3 millones, provenientes principalmente de empresarios vinculados tradicionalmente a la política y a los grupos económicos locales, banqueros, abogados, etc. Esto, según el informe de ingresos y gastos de campaña, que fue entregado al Tribunal Electoral (TE).
Un examen exhaustivo arrojó, sin embargo, un dato de relevancia: transacciones por miles de dólares donados por sociedades vinculadas a empresarios señalados en el extranjero por actos de corrupción.
Algunos participaron en el saqueo al patrimonio estatal perpetrado en Venezuela por Nicolás Maduro, heredero de Hugo Chávez.
De acuerdo con Transparencia Venezuela, billones de dólares se movieron a través de “decenas de sociedades offshore”, en un entramado activo hasta días antes de la detención de Maduro, capturado por comandos estadounidenses en enero pasado.
Investigaciones de medios internacionales, como el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Armando.info, han identificado a los hermanos Carretero Napolitano y a Plutarco Cohen, vinculados a las sociedades Comercial Rali, S.A. y Verdon Group, S.A., en esa red delictiva.
Ambas empresas están registradas en Panamá y aparecen entre las que donaron a la campaña de Mulino. Entre las dos, la que más dinero aportó fue Verdon Group, S.A., con cuatro transacciones que totalizan $26,000. La contribución de Comercial Rali, S.A. fue mucho menor: apenas una transacción de $2,500.
Sin embargo, más allá de la cuantía de las donaciones, la aparente conexión de estos donantes con el chavismo llama la atención en el contexto geopolítico actual. Panamá se alinea públicamente hacia la derecha continental liderada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha forzado el complejo proceso de transición de Venezuela, pero mantiene vínculos con potenciales colaboradores del depuesto dictador.
Otros donantes del presidente Mulino aparecen involucrados en pleitos judiciales en el extranjero, como las familias Kafie, en Honduras, y Jenkins, en México.
En este último caso, sus controversiales inversiones prosperaron en el istmo con proyectos cuestionables que levantaron graves protestas en el país.
Alimentos y petróleo: los negocios en tiempos de Maduro
Durante casi 14 años, los Carretero Napolitano, una familia panameña conocida en el ámbito comercial por las bicicletas marca Rali, mantuvieron una lucrativa relación de negocios con la Venezuela “chavista”, con contratos de construcción y suministro de juguetes, electrodomésticos, neumáticos y otras mercancías, por más de $800 millones.
Entre sus empresas destaca la sociedad Comercial Rali, S.A., en la que los hermanos Vicente y Ramón Carretero ocuparon los cargos de presidente y vicepresidente. Un acta de 2016 también registra la participación en los negocios familiares de Luisa Napolitano, actual gerente de la Zona Libre de Colón y prima de Ramón Carretero.
El 22 de diciembre de 2025, Vicente Carretero fue reemplazado en la presidencia de la empresa por el entonces representante legal, Axel Ariel Miranda. El cambio se dio después de la donación de $2,500 a la campaña electoral que concluyó con el ascenso de Mulino al poder, el 5 de mayo de 2024.
Tres días antes, el 19 de diciembre de 2025, Vicente Carretero había sido incluido en la denominada Lista Clinton que elabora la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para sancionar económicamente a personas, empresas y organizaciones que vinculan con el narcotráfico, blanqueo de capitales, terrorismo y corrupción internacional.
Ramón Carretero fue igualmente señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 11 de diciembre del mismo año, por supuestas prácticas corruptas que involucraron al gobierno venezolano, incluyendo “envíos de productos de petróleo” en nombre del chavismo, utilizando sociedades que eran manejadas por él y por Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, esposa de Maduro, también detenida en Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación de Transparencia Venezuela, este esquema societario es responsable de por lo menos 63 envíos de petróleo venezolano bajo sanción a China, Cuba y Singapur.
A pesar de haber sido identificado por Transparencia Venezuela, junto a Malpica Flores, como “los máximos exportadores de petróleo venezolano en 2025, solo detrás de la estadounidense Chevrón”, el presidente Mulino no ha ocultado sus vínculos con la familia Carretero Napolitano.
No solo viajó en 2024 en el avión con matrícula panameña HP-715 —utilizado frecuentemente por los Carretero Napolitano— para reunirse con el entonces presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, sino que uno de los pasajeros de ese vuelo, Félix Falabella Napolitano, primo de Ramón Carretero y vinculado a contrataciones públicas en Panamá, Cuba y Venezuela, fue uno de los que compartió la tarima presidencial durante los desfiles por las fiestas patrias en Colón, el pasado mes de noviembre.
Para el experto en temas de seguridad e inteligencia Felipe Camargo, esta situación refleja una contradicción en la política exterior panameña, que durante años mantuvo tensas relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, hasta la ruptura diplomática en julio de 2024, tras el cuestionado triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales de ese año.
Desde entonces, las actas que presuntamente avalan el triunfo de los candidatos de la oposición venezolana permanecen en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá.
“Por un lado, celebrábamos y recibíamos a [la opositora] María Corina Machado. Y, por otro lado, estábamos haciendo un negocio con ese que se quemó en Maiquetía, que todavía sigue por allá…”, apunta el antiguo miembro de las Fuerzas de Defensa, refiriéndose a Ramón Carretero, que en septiembre pasado sobrevivió a un accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de esa ciudad del Caribe venezolano.
Entre dictaduras
La bitácora del avión siniestrado, modelo Learjet 55 y con matrícula venezolana YV3440, revela otros nexos de los Carretero Napolitano con la izquierda latinoamericana. En 2023, Raúl Guillermo Rodríguez Castro viajó en la misma aeronave, haciendo el trayecto de ida y vuelta entre Cuba y Panamá.
Conocido como “El Cangrejo”, además de nieto y guardaespaldas del expresidente cubano Raúl Castro, de acuerdo con la BBC y The New York Times, es uno de los puentes entre Washington y La Habana, en medio de las presiones ejercidas por Trump para propiciar reformas radicales en la isla.
Entre sus intereses en Panamá está la empresa GAESA, registrada en el istmo. Un holding con participación en varios sectores de la economía de la Cuba de los Castro, según publicó La Prensa en mayo pasado.
Una sociedad controlada por GAESA compartía embarques de crudo venezolano junto a Forever Energy Trade que, como reveló CLIP, se encuentra bajo control de Ramón Carretero.
Las posibles conexiones del poder local con regímenes autocráticos de la región son motivo de preocupación para el abogado internacionalista Alonso Illueca. “La financiación del chavismo a la campaña de Mulino se sumaría al hecho de que la embajada del régimen Ortega-Murillo en Ciudad de Panamá sirvió como su cuartel de campaña y que fue un avión con vínculos a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias ‘El Cangrejo’ y nieto del dictador cubano Raúl Castro, el que lo transportó a San José para reunirse con el entonces presidente costarricense”.
Illueca pone en contexto algunos hechos ocurridos durante la campaña electoral de 2024, como el viaje de Mulino a Costa Rica y el apoyo recibido desde la sede diplomática nicaragüense, donde Martinelli estuvo asilado entre 2024 y 2025, antes de viajar a Colombia, país en el que espera el fallo del juicio contra Odebrecht, causa donde es uno de los imputados.
La aeronave Hawker 800 XP con matrícula HP-715, que transportó al actual mandatario a su cita preelectoral con Chaves, fue efectivamente utilizada por “El Cangrejo” en cerca de 15 vuelos entre La Habana y Ciudad de Panamá, entre 2024 y 2025. El dato está reseñado en registros oficiales recopilados por CLIP y La Prensa.
El cartel de los alimentos con sobreprecio
Mulino tuvo otros donantes más generosos, también con vínculos políticos con la izquierda venezolana, como la sociedad Verdon Group, S.A.
Inscrita en el Registro Público el primero de septiembre de 2003, fue creada con el objetivo de “celebrar toda clase de contratos” y “transacciones financieras” para prestar servicios de operación de “barcos y buques” y “cualquier tipo de negocio legítimo”.
Uno de sus directivos, el empresario Plutarco Cohen Camarano, fue identificado por Armando.info en 2018 como un testaferro de sociedades que participaron en un negociado de provisión de alimentos a precios inflados al chavismo, en uno de los más cuestionados programas de acción social del régimen populista, denominado CLAP.
Administrado por el empresario colombiano Alex Saab —quien recientemente se declaró no culpable en una audiencia en Estados Unidos por blanqueo de capitales—, el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) es un programa estatal de distribución de alimentos, denunciado por su uso para fines políticos y su entramado corrupto.
Creada en 2016, la iniciativa aparece en los informes de la OFAC, que sancionó a Saab por ser “un especulador que tejió una vasta red de corrupción”, permitiendo al exdictador Maduro “obtener lucros significativos mediante importaciones de alimentos y su distribución en Venezuela”.
En esta red participaron sociedades como FB Foods LLC y Wellsford Trading Corp., que recibieron millones de dólares y fueron piezas de un esquema empleado “para explotar a la población hambrienta en Venezuela”, señaló el Departamento de Estado.
Ambas sociedades fueron creadas en Panamá y están suspendidas. En Wellsford Trading Corp., Plutarco Cohen aparece con el cargo de presidente.
No es mucho lo que se conoce de este personaje. Indagaciones sobre las sociedades en las que participa dan cuenta de su nacionalidad panameña.
Armando.info lo describe como “‘prestanombre’ en sociedades instrumentales, lo que permite ocultar a los verdaderos beneficiarios de la compañía”.
Una búsqueda de su nombre en la base de datos OpenCorporates arrojó vínculos con más de 900 sociedades establecidas en Panamá.
En algunas de ellas, como es el caso de Verdon Group, S.A., comparte la directiva con Elba Fernández de García, señalada por el diario español ABC por la venta de comida a precios abultados al gobierno venezolano a través de Button Coral, S.A., también registrada en Panamá y que tuvo a Cohen como presidente hasta 2015.
El acta de constitución de la empresa, con fecha de 2014, consigna como suscriptores de la sociedad a Fernández de García y a Emma Lima Martínez, quien repite ese rol en Verdon Group, S.A.
Tanto Cohen como Fernández García aparecen en los denominados Panama Papers, en una red de sociedades de “maletín”.
La conexión hondureña
Los aportes a la campaña presidencial de Mulino de empresarios vinculados a la dictadura venezolana no son los únicos que requieren revisión.
En La Ruta de la Plata aparecen también los $50,000 donados por Pan-Am Generating Limited, S.A., que tiene como presidente a Luis José Kafie, miembro de una familia hondureña que pertenece a la diáspora palestina y que hizo fortuna en los mercados energético, de salud y alimentación.
Los negocios fueron tan prósperos que en la década de los 80 el emporio familiar tuvo una participación de un 0.6% del capital financiero de Honduras, como plasma Redes del poder político-económico en Honduras: un análisis post-golpe.
La publicación analiza la dinámica entre el poder político y económico tras el golpe de 2009, que terminó con el gobierno de Manuel Zelaya.
Durante la pandemia, los Kafie fueron beneficiados con contratos públicos en Honduras. Algunos, Luis José Kafie y su tío, Shucri Kafie Larach, ocuparon puestos en el servicio diplomático hondureño, como estrategia para blindarse ante acciones judiciales, según identifica un reportaje de CLIP.
Entre los consulados acaparados por los Kafie también estuvo la representación de Panamá en Honduras, a cargo de José Leonel Giannini Kafie, uno de los directivos del banco Ficohsa, con presencia desde hace 15 años en el centro bancario panameño.
Datos del Registro Público conectan a Banco Ficohsa (Panamá), S.A. con otro aporte de $50,000 a la campaña del presidente. La sociedad tiene entre sus apoderados y vicepresidente de banca corporativa al hondureño José Enrique Avila Navia, quien, a su vez, es presidente de Alcance International Panama, Inc., otra de las sociedades que canalizaron donaciones para Mulino. La ruta del dinero conecta nuevamente con Honduras.
La relación del banco hondureño con la diplomacia panameña es de vieja data. Uno de sus directivos, Jorge Alejandro Faraj Rishmagui, fallecido en Estados Unidos en 2019, se desempeñó como cónsul honorario de Panamá en Honduras. Esta investigación consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre quién ocupa el cargo actualmente, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
En octubre pasado, durante el lanzamiento de una alianza para la formación de ejecutivos entre el banco y la escuela de negocios de INCAE, Mulino calificó la expansión de Ficohsa en Panamá como “un ejemplo de lo que significa creer en Centroamérica, apostando por talento y el futuro”.
En Honduras, el portafolio de los Kafie incluye, además, una participación en el negocio de generación eléctrica, con Luz y Fuerza de San Lorenzo, S.A., que tiene como director a Luis José Kafie.
En Panamá, en 2007, el grupo empresarial recibió una concesión por parte del gobierno de Martín Torrijos para la construcción de una hidroeléctrica en la provincia de Chiriquí. El proyecto enfrentó la resistencia de las comunidades indígenas asentadas a orillas del río Tabasará, que protestaron con bloqueos en la Panamericana e invadieron los predios de la concesionaria, Generadora del Istmo, S.A. (Genisa).
Aunque el conflicto escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las tierras de tres comunidades ngäbes fueron inundadas.
En cuanto a la empresa que donó a la campaña de Mulino, Pan-Am Generating Limited, S.A., es conocida en Panamá Oeste por controversias de “alto voltaje”.
La sociedad opera una planta termoeléctrica en La Chorrera, que fue sancionada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) por incumplimientos de las normativas vigentes y porque ha suscitado quejas entre la población por posibles efectos ambientales y en la salud de las comunidades.
En marzo de 2025, un incendio en la planta desencadenó un apagón a nivel nacional. El presidente Mulino solicitó un informe y la Procuraduría General investigó el incidente, sin que hasta la fecha se hayan esclarecido las circunstancias precisas del colapso de la red eléctrica.
En Honduras, el patriarca Shucri Kafie Larach fue acusado en 2015 por presunta venta de insumos médicos a precios inflados. Como cónsul honorario de Jordania, enfrentó el proceso judicial instalado en una suite hospitalaria. Fue absuelto en 2019.
Contribuciones legales, pero sospechosas
Finalmente, la sociedad Wild Eagle Investments, S.A., que tiene como presidente a Juan Guillermo Estauce Jenkins, donó $21,500 a la campaña del que fuera abanderado por el partido RM.
Su familia ha estado involucrada en un pleito legal en el estado mexicano de Puebla. La causa tiene que ver con el aparente saqueo de fondos de una fundación filantrópica familiar. Más de $700 millones que estaban destinados a promover la cultura y el deporte en México fueron captados a través de un andamiaje legal que involucró a otra fundación con domicilio en Panamá.
El dinero fue traspasado a paraísos fiscales, lo que facilitó su apropiación por parte de integrantes del clan familiar, que reclamaban una herencia mayor a la parte que les correspondía.
De esta manera, se dilapidaron recursos que estaban destinados a obras sociales, traspasándose inmuebles, vehículos, obras de arte, acciones en sociedades, cuentas bancarias y un helicóptero, entre otros bienes.
En junio de 2025, un tribunal de Puebla dictaminó que las órdenes de aprehensión contra varios miembros de la familia eran ilegales, al igual que la reapertura de este caso por blanqueo de capitales, que había sido cerrado en 2018.
Ante el prontuario de algunos de los donantes de la campaña de Mulino, la diputada independiente Walkiria Chandler subrayó la necesidad de que estas transacciones sean investigadas “hasta dar con todos los implicados”.
Si bien las mismas están permitidas por el Código Electoral vigente, ya que se trata de personas naturales y jurídicas establecidas en Panamá, resulta pertinente establecer si persisten las relaciones de la administración con estos donantes cuestionados y cuál es el grado de gratitud que los une.
La Ruta de la Plata, plataforma que se alimenta de datos oficiales de campaña registrados por el Tribunal Electoral, permite un ejercicio fiscalizador saludable del que no debe eximirse ni al propio presidente.
Esta investigación es parte del programa “Dinero Limpio en Elecciones” y las becas de periodismo “La Ruta de la Plata” y se publica gracias a una alianza entre La Prensa y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana.