Tres demandas en la Corte Suprema de Justicia y múltiples reclamos han suscitado los decretos surgidos de la “mesa única” de diálogo en Penonomé, que se instaló el pasado 21 de julio y en la que conversan 3 grupos sociales y representantes del Ejecutivo. Los recursos legales fueron presentados entre el 5 y el 7 de septiembre y en ellos se argumentan presuntas violaciones a la Constitución, entre otros aspectos.
En medio de este escenario, se desconoce cuándo empezará la segunda fase del diálogo y cómo serán incorporados otros sectores. La primera fase parece estancada.
¿Y el combustible?
Tampoco se sabe qué pasará cuando expire el decreto que regula el precio del combustible en $3.25, vigente hasta el 18 de octubre.
Decretos del diálogo, tres demandas y muchas quejas
Entre demandas y reclamos se encuentran algunos de los decretos ejecutivos que han surgido de la “mesa única” de diálogo, que se instaló el pasado 21 de julio en el centro Cristo Sembrador, en Penonomé, provincia de Coclé.
Esta semana fueron presentadas tres demandas ante la Corte Suprema de Justicia contra dos de los decretos pactados entre el Ejecutivo y los tres grupos sociales que en julio pasado paralizaron el país, con sus protestas callejeras.
Los primeros recursos llegaron a la Corte el lunes 5 de septiembre, contra el Decreto Ejecutivo 215, mediante el cual se crea la Comisión Ciudadana contra la Corrupción. Contra este decreto se presentaron dos acciones legales: una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y una acción de inconstitucionalidad. Los recursos fueron presentados por el abogado Ernesto Cedeño, quien considera que el decreto es “discriminatorio”, ya que en la citada comisión sólo estarán las tres alianzas con las cuales el Ejecutivo mantiene conversaciones en la “mesa única”.
En efecto, lo acordado en la mesa fue que dicha comisión presentará denuncias de posibles actos de corrupción en la gestión pública. La comisión estará bajo la coordinación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y solo participarán representantes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados y el Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, pueblo Ngäbe Buglé.
Por ello, Cedeño cree que la referida comisión violenta la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en donde se permite la posibilidad de que se abra el compás para que la sociedad civil organizada proponga ideas. Y por otro lado, piensa que es inconstitucional porque el artículo 184 de la Constitución no le da facultades al presidente de la República ni a los ministros de Estado para establecer este tipo de comisiones.
Dos días después, el miércoles 7 de septiembre, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) demandó por inconstitucional el Decreto Ejecutivo 16 del 26 de julio de 2022, que fija un margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados, como alimentos, artículos de aseo personal y de limpieza, en función de la eliminación de los aranceles en dichos productos.
Rubén Castillo, a cargo del Conep, aseguró que no están de acuerdo con esta medida para reducir el alto costo de la vida. A su juicio, se debe estimular la libre competencia y “no caer en un sistema donde el Estado se va apoderando de la actividad económica, o más bien interviene en la misma, de una manera que al final afecta la actividad productiva”.
Rechazo
Pero las demandas no son la única piedra en el zapato. A ello se suman las quejas de otros sectores, que no están de acuerdo con lo avalado en la “mesa única” de diálogo, al considerar que no están todos los actores de la vida nacional para tomar decisiones.
Marcela Galindo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, considera que el Decreto Ejecutivo 215 sobre la comisión anticorrupción, hace un abordaje “superficial” de un tema complejo. La empresa privada considera que se debe involucrar a la ciudadanía en general y a los tres Órganos del Estado, para que de manera responsable se puedan acordar e implementar acciones concretas.
Organizaciones que por años han luchado contra la corrupción en el país también han emplazado al Ejecutivo por dicha decisión. Es el caso de la Coalición Por Panamá Pro-Transparencia y Anticorrupción, que aglutina a una decena de organizaciones que se han caracterizado por el activismo en contra de la corrupción.
En la mesa
Mientras las quejas y las demandas rodean los decretos de la mesa de diálogo, aún el Ejecutivo y los grupos sociales se encuentran estancados en la primera fase. Habrá que esperar la decisión que tomen ambas partes el próximo martes 13 de septiembre, en la Arquidiócesis de Panamá.
En la primera parte, el Gobierno y los grupos sociales pactaron buscar acuerdos en ocho temas: canasta básica, combustible, medicamentos, educación, energía eléctrica, Caja de Seguro Social, corrupción y la conformación de una mesa intersectorial. De cada tema ha salido un acuerdo o una resolución, pero solo se han materializado en decretos lo referente al combustible, la canasta básica y la mesa anticorrupción, mientras que en una resolución se legalizó la mesa de diálogo.
Sobre el escenario siguen las quejas por parte de las alianzas de que el Gobierno no está cumpliendo con los acuerdos.
Armando Espinosa, de la Asociación de Maestros Independientes, agrupada en la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados, dijo a La Prensa que el Gobierno no ha cumplido para que los 72 productos de la canasta básica estén en todos los supermercados y abarroterías del país, ni tampoco se ha cumplido con el incremento del 5.5% del Producto Interno Bruto para el sector educativo dentro del presupuesto general del Estado para 2023.
Bastión de Lucha irá a la Arquidiócesis
El Bastión de Lucha del Oriente Chiricano, pueblo Ngäbe Buglé (que la semana pasada, ante la propuesta de mantener una conversación con el arzobispo José Domingo Ulloa, en la Arquiócesis de Panamá, dijo que debía consultarlo con las bases), anunció a este medio que sí participará en la reunión convocada para el 13 de septiembre, entre el Ejecutivo, las alianzas y la Iglesia como facilitador, para buscar una salida a la primera fase del diálogo.
