El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027. La propuesta favorece a algunos ministerios con incrementos de cientos de millones de dólares, mientras otras entidades enfrentan recortes respecto al presupuesto vigente de 2026. ¿Cuáles son las más beneficiadas y cuáles pierden recursos?
El mayor incremento, en términos absolutos, corresponde al Ministerio de Salud (Minsa), que recibiría $341 millones adicionales, al pasar de un presupuesto de $3,503.9 millones en 2026 a $3,844.9 millones en 2027. El aumento convierte a la entidad en la principal beneficiaria del proyecto, en momentos en que el sistema sanitario enfrenta desafíos relacionados con la atención de pacientes, el abastecimiento de medicamentos y la infraestructura.
La mayor asignación presupuestaria para el Minsa también llega en un momento en que la institución enfrenta cuestionamientos públicos. En los últimos meses, el ministro Fernando Boyd ha sido señalado por un presunto conflicto de intereses debido a su anterior vinculación con la empresa Bio Materiales, S.A., que continuó obteniendo contratos con el ministerio tras su llegada al cargo.
Por su parte, el Ministerio de Educación (Meduca) ocupa el segundo lugar entre las instituciones con mayores aumentos. Su presupuesto crecería en $272.7 millones, al pasar de $4,859.7 millones a $5,132.4 millones. Aunque el incremento representa un 5.6% respecto al año anterior, el tamaño de su asignación lo convierte en uno de los mayores movimientos de recursos dentro del presupuesto estatal.
Este incremento también se produce en medio de cuestionamientos por la baja ejecución del presupuesto de inversión de la entidad. Meduca ha rechazado esas críticas y sostiene que no puede ejecutar recursos que no ha recibido. Según sus autoridades, el nivel de ejecución debe medirse sobre las partidas efectivamente desembolsadas cada mes y no sobre el presupuesto aprobado en su totalidad.
Seguridad y cárceles
El Ministerio de Gobierno (Mingob) registra uno de los mayores saltos presupuestarios, con un aumento de $186.7 millones, al pasar de $493.5 millones en 2026 a $680.2 millones en 2027. El incremento representa un crecimiento de 37.8%, uno de los porcentajes más altos entre las entidades del Gobierno Central.
La mayor asignación llega en medio de una ambiciosa y polémica agenda de inversión en el sistema penitenciario. La entidad impulsa proyectos como el Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, con un costo de $177.2 millones; un nuevo centro de rehabilitación en Las Garzas, presupuestado en $85 millones; y una cárcel de máxima seguridad en Pacora bajo el esquema de asociación público-privada (APP). En conjunto, la actual administración ha promovido proyectos y contratos penitenciarios por alrededor de $667 millones.
Otros sectores estratégicos también figuran entre los favorecidos. El Ministerio de Seguridad Pública recibiría $116.5 millones adicionales, elevando su presupuesto de $985 millones a $1,101.5 millones. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) tendría un aumento similar, de $116.6 millones, al pasar de $238.5 millones a $355.1 millones, aunque su crecimiento porcentual es mayor debido a que parte de una base presupuestaria más baja.
Detrás de los $116.5 millones adicionales asignados al Ministerio de Seguridad Pública hay una cartera de proyectos que incluye la compra de cámaras corporales para la Policía Nacional, la modernización del sistema CON-C5 y la construcción de un nuevo cuartel policial en Chitré. Algunas de estas adquisiciones han generado polémica debido a la decisión del Gobierno de mantener bajo reserva los pliegos de contratación.
Otras entidades
En otras instituciones también se reflejan aumentos, aunque de menor magnitud. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibiría $64.4 millones adicionales, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendría un incremento de $63.2 millones. La Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Contraloría General de la República también registrarían aumentos, aunque inferiores a los observados en los principales ministerios.
No todas las entidades correrían con la misma suerte. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) registra el mayor recorte del proyecto, con $46.8 millones menos respecto a 2026, al pasar de $238.6 millones a $191.8 millones. También disminuyen los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores, con $7.6 millones menos; la Asamblea Nacional, con una reducción de $1.7 millones; y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), con $1.3 millones menos. La distribución propuesta refleja las prioridades del Ejecutivo para 2027, con mayor énfasis en salud, educación, seguridad y desarrollo agropecuario.
En el caso de la Asamblea Nacional, aunque el proyecto contempla una reducción, al pasar de $98.7 millones a $97 millones, la experiencia de los últimos años muestra que el monto aprobado inicialmente no suele ser el que finalmente administra la institución. Durante la ejecución presupuestaria, el Órgano Legislativo ha recibido recursos adicionales mediante modificaciones y traslados de partidas que elevan significativamente su presupuesto.
Ese patrón volvió a repetirse en 2026. Aunque la Asamblea inició el año con un presupuesto de $98.7 millones, a mitad de año el presupuesto modificado ya ascendía a $136 millones, es decir, $37.3 millones más que la asignación original.
Esta práctica ha generado cuestionamientos, ya que la reducción planteada en el presupuesto inicial no necesariamente refleja los recursos con los que terminará operando la institución al cierre del ejercicio fiscal. Además, la Asamblea ha estado en el centro de investigaciones y escándalos por el presunto uso irregular de planillas y por el caso conocido como Cashback, que involucra el supuesto desvío de fondos públicos mediante contratos y nombramientos.
Las cifras presentadas por el Ejecutivo constituyen una propuesta inicial. Ahora corresponderá a la Comisión de Presupuesto y al pleno de la Asamblea debatirlas, un proceso durante el cual las partidas asignadas a las distintas entidades podrán modificarse antes de la aprobación definitiva del Presupuesto General del Estado para 2027.
