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Los tres frentes que retan al gobierno de Cortizo

Los tres frentes que retan al gobierno de Cortizo
Estudiantes, universitarios, ambientalistas, obreros y educadores participaron de esta protesta en la Asamblea. LP Isaac Ortega

El gobierno del presidente Laurentino Nito Cortizo se enfrenta a otra semana con varios frentes abiertos: el de los que se oponen al contrato entre el Estado y Minera Panamá; el de los grupos que rechazan al proyecto de ley 1031 que deroga la Ley 6 de transparencia; y los reclamos de gremios médicos.

La mezcla de temas, según analistas políticos consultados, converge en un escenario revuelto por el proceso electoral, y en el que se percibe a un Ejecutivo desgastado que no supo manejar los tiempos.

El contrato minero

En los últimos días las protestas de los grupos que se oponen al nuevo contrato con Minera Panamá S.A. tomaron un lugar importante en la agenda pública. Una marcha, vigilias, los discursos desde la consulta que convocó la Comisión de Comercio y los reclamos en las redes sociales, han puesto al gobierno de Cortizo bajo presión.

Cortizo, por lo pronto se aferra a lo que llama “respeto a la institucionalidad” y aboga por esperar a que el debate siga su curso en la Asamblea Nacional. “Tengo entendido que han avanzado escuchando a diferentes gremios, profesionales, tengo entendido que a la Comisión de Comercio le falta, dentro de la resolución que aprobó, una visita in situ a la mina (...)”, aseguró el pasado viernes en Mariato, Veraguas Eso sí, dijo que su “gobierno escucha”.

Los tres frentes que retan al gobierno de Cortizo
El pasado viernes, el presidente Laurentino Cortizo dio declaraciones durante una gira por Mariato, Veraguas. Cortesía

En efecto, el pasado jueves 7 de septiembre la Comisión de Comercio de la Asamblea concluyó el periodo de consultas en la comunidad de Sabaneta, en el corregimiento de Llano Grande, distrito de La Pintada, en Coclé, área cercana a la mina. Allí la mayoría de los discursos fueron a favor de mantener el proyecto por sus “beneficios”. Este panorama fue opuesto al que se vivió en Donoso y Omar Torrijos Herrera, en la provincia de Colón, donde al menos, 9 de cada 10 participantes rechazaron el contrato minero.

Ahora, según explicó el diputado Roberto Ábrego a La Prensa falta la visita a las instalaciones de la empresa y esta semana definirán la fecha. “Una vez concluyamos esta etapa la comisión debe evaluar con responsabilidad los resultados de las consultas que si bien no son vinculantes, constituyen un marco de referencia para el debate, orientado a buscar los mejores intereses para el pueblo y el país”, adelantó.

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Roberto Ábrego, presidente de la Comisión de Comercio. Archivo

Por lo pronto, el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) y otras organizaciones ya anunciaron protestas en varios puntos del país, precisamente en rechazo al contrato.

La ley de transparencia

Mientras tanto, la Comisión de Gobierno, donde se debate el proyecto de ley 1031 que deroga la Ley 6 de transparencia, se volverá a reunir el próximo miércoles para seguir con las consultas a la propuesta. Más de una veintena de organizaciones mandó una carta al presidente Cortizo pidiendo que retire el proyecto por considerar que representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia en el país, además de que no cumple con los parámetros de la ley modelo interamericana 2.0 de la OEA.

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Las consultas al proyecto 1031 se reanudan el próximo miércoles. Richard Bonilla

La Comisión de Gobierno, que preside el diputado oficialista Leandro Ávila, se encuentra en sesión permanente. El pasado viernes el presidente Cortizo dijo que no tiene problemas con la actual ley de transparencia de 2002 y adelantó que esta semana se reunirá con diferentes grupos vinculados a medios de comunicación, para tratar la propuesta que su gobierno impulsa a través de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Lea también: La Asamblea ampliará las consultas de la ley de transparencia; la Presidencia guarda silencio

La política y los tiempos

Edwin Cabrera, analista político, en entrevista con este medio aseguró que a su juicio, la administración Cortizo manejó el contrato con Minera Panamá y los tiempos “muy mal”. Afirma que el equipo de gobierno se sentó con First Quantum bajo la idea de que estaban frente a una empresa como Odebrecht y a su juicio, ese ha sido el primer error “grave” “Era evidente que si corría mucho tiempo les iba a coincidir con el periodo electoral ¿Qué ha habido como consecuencia de ese mal manejo? que a los grupos conservacionistas y otros sectores que legítimamente se oponen al contrato, ahora se les han sumado los que políticamente sienten que pueden conseguir un rédito oponiéndose al contrato, haciendo pagar un costo político alto al gobierno de turno”, dijo.

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Una joven protesta en rechazo del contrato minero, en los predios de la Asamblea Nacional. LP Agustín Herrera

Recordó que desde que llegó al gobierno, Cortizo anunció que el contrato había que renegociarlo. Vaticina que el gobierno inicia la semana con un posible retiro del documento para tratar de enmendarlo. Cabrera no ve cómo podrían enmendarlo. “Ahora hay otros sectores, la izquierda tradicional que ya para ellos el tema fundamental no es el contrato. Así como un sector de los ambientalistas radicales tampoco lo van a aceptar porque lo que quieren es el cierre de la mina”, manifestó.

Sospecha que este tema quedará para el próximo gobierno al igual que el de la Caja de Seguro Social. Sobre lo referente a las protestas de los gremios médicos, que ha implicado paralización de labores, opina que es parte de la misma agenda. “Al Ejecutivo se le percibe de salida, de capa caída, en bajada, y mientras más crisis le armen al Ejecutivo, esos sectores piensan que más alto será el costo político que pagará el PRD”, añadió.

El contrato, el tema de los médicos, añade, han hecho que algo “tan delicado” como el de la ley de transparencia, no tenga el relieve que debe tener. Es decir, el de analizar la causa que empujó al Ejecutivo a proponer la norma.

Factura

Los analistas José Eugenio Stoute y Danilo Toro, dijeron a este medio que tanto el contrato con Minera Panamá y el proyecto para derogar la Ley 6 de transparencia, podrían impactar negativamente la candidatura presidencial oficialista para las elecciones generales del 5 de mayo de 2024, que en este caso recae en el actual vicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo.

“Ha sido un mal cálculo político por parte del Gobierno traer estos temas a la palestra pública”, manifestó Stoute. Toro considera que, por un lado, hay una total contradicción por parte del Gobierno y, por el otro, una gran confrontación con la población, al tratar de aprobar temas tan controversiales.

“Ambas cosas [contradicción y confrontación] producen desgaste y afectarán el desempeño electoral de su candidato presidencial debido a que las elecciones están a la vuelta de la esquina”, pronosticó.


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