La designación de la hija de la presidenta del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, Zaira Santamaría de Latorraca, como directora de Asesoría Legal de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) provocó este lunes un tenso intercambio entre la magistrada y el diputado de la bancada Vamos, Jhonathan Vega, durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Santamaría de Latorraca acudió este 24 de agosto a la comisión para sustentar el presupuesto de funcionamiento del Tribunal para 2027, que asciende a $2.6 millones. Sin embargo, la discusión rápidamente cambió hacia uno de los temas más polémicos de la gestión pública: los posibles conflictos de intereses y la percepción de favoritismo en el acceso a cargos en el gobierno.
Vega cuestionó directamente a la magistrada por la designación de su hija, Sherina Michela Latorraca Santamaría, quien desde abril de 2026 ocupa la Dirección de Asesoría Legal de la DGCP, entidad que regula y fiscaliza el sistema de contrataciones públicas.
“Existe un tema de conflicto de intereses”, sostuvo el diputado. Vega, además, advirtió que ambas instituciones tienen participación en los procesos relacionados con las contrataciones estatales: mientras la DGCP ejerce funciones de regulación y fiscalización, el Tribunal Administrativo conoce y resuelve controversias y acciones de reclamo relacionadas con esos procesos.
La magistrada rechazó que exista un conflicto de intereses y aseguró que, antes de que su hija aceptara el cargo, realizó consultas ante la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
Según Santamaría de Latorraca, su hija no participa en la toma de decisiones de la DGCP ni tiene facultades para firmar resoluciones. Su función, explicó ante la comisión, consiste en revisar consultas jurídicas y elaborar conceptos que posteriormente son remitidos al director de la institución, quien tiene la potestad de decidir y firmar.
“Ella no está en un lugar donde se tomen decisiones jurisdiccionales ni tiene firma”, sostuvo la magistrada.
Pero la explicación no convenció al diputado Vega, quien insistió en que, más allá de las competencias formales de cada cargo, existe una relación institucional que puede generar cuestionamientos sobre la independencia y transparencia del sistema.
“Esto ocurre en muchas partes y deja un mal sabor”, le dijo el diputado a la magistrada tras insistir en que resulta difícil desligar completamente ambas posiciones cuando una de las instituciones puede intervenir en asuntos que posteriormente llegan al tribunal que preside Santamaría de Latorraca.
‘¿Cómo se garantiza la transparencia?’
El cuestionamiento alcanzó uno de sus momentos más tensos cuando Vega preguntó a la magistrada cómo se podía garantizar públicamente que los nombramientos respondieron a méritos profesionales y no a favoritismo familiar.
Santamaría de Latorraca defendió tanto su trayectoria como la de su hija. Recordó que su designación como magistrada del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas se produjo después de un concurso y que posteriormente fue escogida por el presidente José Raúl Mulino.
“Yo tengo mi trayectoria en este país y tengo que mantener mi buen nombre”, aseguró.
Sobre su hija, explicó que esta laboraba anteriormente en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), y que fue el director de la DGCP, Javier Raúl Marquínez, quien, según su versión, consideró que necesitaba incorporar a una persona para atender las consultas legales acumuladas.
La magistrada aseguró que no intervino para conseguir el nombramiento y que, cuando supo que su hija había sido considerada para el puesto, le pidió que no aceptara hasta que ella realizara las consultas correspondientes.
“Cuando él le pidió ese puesto, yo ni siquiera intervine, yo ni siquiera sabía”, dijo.
Vega, sin embargo, volvió a la pregunta de fondo: si la relación familiar y la cercanía funcional entre ambas instituciones pueden generar un conflicto de intereses.
“¿Nos encontramos en que existe un conflicto de intereses?”, preguntó el diputado independiente.
“Si usted lo analiza fríamente, no existe conflicto de intereses”, respondió Santamaría de Latorraca.
La magistrada argumentó que, aunque ambas instituciones llevan la denominación de “contrataciones públicas”, tienen funciones distintas y que el tribunal solamente conoce las acciones de reclamo que no hayan sido resueltas previamente por la DGCP.
El antecedente
El presidente Mulino designó a Santamaría de Latorraca en diciembre de 2025 como una de las nuevas integrantes del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, donde ejercerá hasta el 28 de diciembre de 2029.
Santamaría de Latorraca ya había ocupado cargos dentro del Órgano Judicial y fue directora interina de la Escuela Judicial. En 2010, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, fue designada como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia, pero aquella postulación no prosperó luego del rechazo expresado por sectores de la sociedad civil.
Su hija Sherina Michela Latorraca Santamaría enfrentó un proceso judicial por un accidente de tránsito ocurrido en 2003, en el que murió un menor de edad y su madre sufrió graves lesiones. El caso lo conoció la jurisdicción de niñez y adolescencia, que la absolvió, decisión que en su momento generó amplio debate público, en su mayoría duras críticas.
