A pesar de que el Estado cuenta con cientos de abogados distribuidos en diversas entidades, el Ejecutivo decidió crear una oficina especial para apoyar a las instituciones que han sido afectadas por delitos contra la administración pública, ayudándolas a presentar denuncias formales y a participar activamente en los procesos del Ministerio Público.
Se llama “Unidad de Coordinación Legal", está adscrita al Ministerio de Gobierno (Mingob) y fue creada, mediante decreto ejecutivo, el pasado 13 de octubre.
Se desconoce el personal y el costo que requiere para funcionar, pero varios juristas y conocedores del tema advierten que esta iniciativa podría convertirse en un nuevo foco de burocracia y generar mayores gastos para el Estado, en un contexto en el que el costo del personal jurídico en la planilla estatal ya es considerable.
La Prensa revisó la planilla de 22 entidades que conforman el aparato estatal, incluyendo dependencias del Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Tribunal Electoral y la Defensoría del Pueblo, y los hallazgos resultaron llamativos.
Estas instituciones cuentan, en conjunto, con 1,377 abogados distribuidos en sus principales áreas, lo que representa un costo aproximado de $2,754,186 mensuales en planilla ó $33,050,232 al año.
Cabe precisar que estos números solo incluyen a los profesionales formalmente registrados con el cargo de abogado, asesor legal o asistente de abogado en la planilla de esas entidades, dejando fuera a otros funcionarios con formación jurídica que desempeñan cargos de dirección, jefaturas u otras funciones administrativas dentro del Estado.
Este listado de abogados no incluye al Órgano Judicial, ni a las alcaldías o juntas comunales, tampoco a las empresas mixtas que manejan fondos públicos, el Canal de Panamá y la Caja de Seguro de Seguro Social (CSS).
De acuerdo con los informes de planilla, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concentra 196 abogados, seguido por la Procuraduría General de la Nación con 133 y la Contraloría General de la República con 118.
El Ministerio de Seguridad Pública registra 122, mientras que el Tribunal Electoral suma 136.
Estas cifras muestran una importante inversión en personal legal, pero no necesariamente en especialistas capacitados para enfrentar querellas por daños patrimoniales.
De hecho, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que las entidades no tienen personal propio que esté preparado para asumir una defensa en los tribunales.
“Usualmente, los abogados de las instituciones no son penalistas con experiencia en el SPA [Sistema Penal Acusatorio] y esto busca brindar un apoyo, un remedio, para que instituciones como el Ifarhu, por ejemplo, no queden colgando de la brocha, con todo lo que pasó ahí, sin que pase nada”, remarcó.
Otras entidades
Otras instituciones también suman abogados en sus filas. El Ministerio de la Presidencia tiene 66, la Procuraduría de la Administración, 59, y el Ministerio de Educación, 75. El Ministerio de Salud cuenta con 70, mientras que el Ministerio de Gobierno suma 59 y la Asamblea Nacional, 30.
Entidades más pequeñas, como el Ministerio de Ambiente (38), el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (50), el Ministerio de Comercio e Industrias (22) y el Ministerio de la Mujer (19), también aportan abogados a la estructura estatal.
Incluso la Defensoría del Pueblo, con 19 profesionales, y el Ministerio de Cultura, con 11, registran personal jurídico, aunque la mayoría de ellos se desempeña en funciones administrativas o de asesoría.
El Estado panameño está conformado por cerca de un centenar de entidades públicas, entre ministerios, autoridades autónomas y diversas instituciones que sostienen la estructura administrativa del país. En conjunto, su planilla reúne a unas 250 mil personas.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Álvarez, calculó que en Panamá existen alrededor de 35 mil abogados, de los cuales unos 5 mil laboran dentro del aparato estatal en distintas funciones.
Según Álvarez, la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo podría “desnaturalizarse” si no se designa a especialistas en derecho penal, que son los que realmente se ajustan al propósito planteado por el presidente de la República.
“Si nombran a expertos en derecho civil o en contrataciones públicas, estarían haciendo lo mismo que ahora: contratar a los mismos abogados que ya tenemos en el Estado”, advirtió.
El análisis
El abogado y exfiscal electoral Boris Barrios planteó que la figura de la querella pública permite a las instituciones “interponer las querellas, asistir a las audiencias y poder pedir los reclamos de indemnización por perjuicios al patrimonio del Estado”, pero señaló que “las instituciones públicas, en efecto, no lo están haciendo”, dejando un vacío que el Estado debería cubrir.
Mientras que la exprocuradora Ana Matilde Gómez, al igual que Barrios, coincidió en que instituciones que deben convertirse en querellantes no están ejerciendo ese rol.
“Habría que preguntarse por qué no lo cumplen”, señaló Gómez, quien enfatizó que la ausencia de especialistas en derecho penal en las instituciones limita la capacidad de estas para presentar querellas y colaborar efectivamente con el Ministerio Público.
Para la exprocuradora, la nueva oficina de coordinación representa una oportunidad, siempre que cumpla su función sin discrecionalidad política ni burocrática.
“Una gran ventaja es que lo están haciendo adscrito al Ministerio de Gobierno, no a la Presidencia. Por lo tanto, no debería tener esa discrecionalidad política y se está siendo transparente su creación”, afirmó.
Advirtió, sin embargo, que el riesgo de que la unidad se convierta en una oficina meramente administrativa podría entorpecer los procesos y aumentar los costos para el Estado.
