La creación de nuevos corregimientos —una práctica recurrente y cuestionada por su impacto administrativo y fiscal en el Estado— se mantiene vigente en la Asamblea Nacional, pese a los señalamientos sobre la falta de planificación territorial.
Distintos sectores, como la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, han advertido que estas iniciativas implican la apertura de nuevas estructuras burocráticas sin estudios técnicos, lo que se traduce en mayores costos para el Estado en funcionamiento, personal y logística institucional.
La semana pasada, la Comisión de Asuntos Municipales prohijó el proyecto de ley que crea el corregimiento de Punta Alegre, en el distrito de Chepigana, provincia de Darién, junto con otras disposiciones. La propuesta se suma a una lista de iniciativas similares que avanzan en el Legislativo, reactivando el debate sobre la pertinencia de seguir fragmentando el territorio administrativo sin una visión integral de desarrollo.
En paralelo, otras propuestas permanecen en discusión en subcomisiones. Entre ellas, el proyecto de ley que plantea la creación de los corregimientos de Gardi, segregado de Narganá, y Uggubsení, segregado de Ailigandí, ambos en la comarca Guna Yala.
Los proponentes
El primer anteproyecto de ley fue presentado por el diputado Isaac Mosquera, del Molirena, mientras que el segundo corresponde a la diputada Flor Brenes, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Ambas iniciativas refuerzan una tendencia que, lejos de desaparecer, continúa abriéndose paso dentro del Legislativo, en medio de cuestionamientos sobre su impacto económico y su justificación técnica.
La proliferación de nuevos corregimientos en el país —que ya superan ampliamente los 505 existentes en 1972— ha encendido alertas en el Tribunal Electoral (TE), especialmente por su impacto en la organización política y electoral.
En 2014, los magistrados del TE hicieron un llamado directo a la Asamblea Nacional para evitar la creación de nuevas divisiones político-administrativas en fechas cercanas a las elecciones generales, advirtiendo sobre las implicaciones que estas decisiones pueden tener en la planificación electoral y la estabilidad del proceso democrático.
Las cifras reflejan una tendencia sostenida al alza. De acuerdo con datos del TE, 2019 fue el año con mayor creación de corregimientos, con un total de 31 nuevas divisiones. En comparación, en 2014 se crearon 26, mientras que en 2024 se sumaron otras 22.
Últimos precedentes
Durante el gobierno pasado (2019-2024), se crearon al menos 22 nuevos corregimientos. Casos recientes ilustran cómo la creación de estas divisiones ha estado vinculada a iniciativas impulsadas desde el ámbito político.
En la comarca Naso, por ejemplo, se establecieron los corregimientos de Teribe, San San Drui y Bonyik como parte del proceso de conformación de esta nueva jurisdicción. La iniciativa fue promovida por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, junto al entonces diputado de ese colectivo, Ausencio Palacio. Robinson, además, impulsó la creación de otros 11 corregimientos en la provincia de Bocas del Toro.
La tendencia se repite en otras regiones del país. En Penonomé, provincia de Coclé, se aprobaron seis nuevos corregimientos a solicitud del exdiputado perredista Daniel Ramos (circuito 2-1). En Arraiján, por su parte, se creó otro corregimiento con el respaldo de la exdiputada del PRD Kayra Harding (circuito 8-1). Estos antecedentes reflejan cómo la expansión de la división político-administrativa ha sido promovida desde distintas instancias legislativas en los últimos años.
La creación de un nuevo corregimiento en Panamá no solo implica una redefinición territorial, sino también un impacto directo en el gasto público. Diversas estimaciones sitúan el costo operativo anual por cada nueva unidad administrativa entre $300,000 y $317,000, monto que cubre salarios, funcionamiento y estructura básica de la junta comunal. Sin embargo, cuando se incorporan gastos de infraestructura, equipamiento y organización institucional, la cifra puede ser mayor.
