Entre 2020 y julio de 2025, la Fiscalía General de Cuentas llevó a cabo 350 investigaciones que vincularon a 891 personas y abarcaron posibles afectaciones al patrimonio público por un estimado de 54 millones de dólares.
La información fue suministrada por el fiscal general de Cuentas, Jaime Miguel Barroso, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, en la sustentación de su presupuesto para el año 2026.
El funcionario detalló que en este período se practicaron más de 23 mil diligencias judiciales y que los casos se distribuyen en todas las provincias, con montos que reflejan la magnitud de los hallazgos. “Nuestro trabajo se orienta a proteger el patrimonio estatal y evitar que se repitan daños al erario”, subrayó en su presentación.
En el último año fiscal, comprendido entre agosto de 2024 y julio de 2025, la entidad inició 100 investigaciones que comprometieron a 602 personas, con un monto aproximado de 39 millones de dólares.
Además, se presentaron 59 solicitudes de medidas cautelares por 730 mil dólares, aunque desde 2020 el acumulado asciende a 246 solicitudes que suman 62 millones de balboas.
Vistas fiscales
Otro dato relevante del informe se relaciona con las vistas fiscales patrimoniales. Entre 2020 y julio de 2025 se emitieron 258, vinculadas a una posible lesión de 77 millones de dólares y con 4,652 personas naturales y jurídicas implicadas. De estas, 1,041 fueron archivadas, 3,278 pasaron a juicio y 338 se cerraron por cese del procedimiento.
En ese mismo período, la Fiscalía elaboró 28 vistas fiscales con una lesión estimada en 1.3 millones de dólares, que involucraron a 449 personas. También se concretaron acuerdos de pago: 11 en lo que va de 2025 por 45 mil dólares y 16 en el año fiscal anterior por 48 mil dólares. A estos resultados se suman 376 mil balboas recuperados a través de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Barroso recordó que la misión de la Fiscalía General de Cuentas es investigar las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en el manejo de fondos y bienes públicos.
Presupuesto
Sobre el desempeño financiero, el fiscal informó que la ejecución presupuestaria de 2025 alcanzó el 74% al cierre de julio. En funcionamiento se ejecutó el 76% y en inversión el 51%, aunque aclaró que para esta vigencia no se asignaron recursos de inversión, por lo que los proyectos en curso han sido financiados con ahorros y créditos adicionales.
Actualmente se desarrollan dos proyectos de inversión: uno orientado al fortalecimiento tecnológico de la institución y otro al mejoramiento de la infraestructura física. Ambos registran un avance del 51%. Sin embargo, Barroso insistió en que los recursos asignados han sido históricamente insuficientes en comparación con otras jurisdicciones.
Para la vigencia fiscal de 2026, la Fiscalía General de Cuentas solicitó 7.4 millones de dólares, pero el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó un recorte a 5.8 millones. La reducción equivale al 21% y afecta tanto la operación como la capacidad de inversión institucional.
“El recorte limita el fortalecimiento de proyectos estratégicos y la ejecución de nuevas investigaciones”, advirtió Barroso.
El personal
En esa misma línea, el secretario de Investigación de Afectación Patrimonial de la Fiscalía de Cuentas, Roy Mitre, detalló que al cierre de julio de 2025 la Fiscalía tenía 85 casos activos, cifra que aumentó a 108 casos de primer ingreso desde agosto. Sumando reingresos y prórrogas, se calcula que actualmente se manejan alrededor de 150 investigaciones activas. Este volumen de casos exige no solo mayor personal, sino también instalaciones adecuadas y recursos tecnológicos modernos.
Barroso recordó que la investigación de la Fiscalía depende de los reparos enviados por la Contraloría General de la República. En los últimos cuatro meses, la nueva administración ha agilizado el envío de informes, remitiendo casi la mitad de lo que se había acumulado en los tres años anteriores. Esto ha permitido incrementar la capacidad investigativa de la institución, aunque aún con limitaciones presupuestarias.
Finalmente, el fiscal señaló que cualquier ajuste presupuestario, como los recortes en gastos de seguro y recursos humanos, debe ser manejado con cuidado, pues impacta directamente en la capacidad operativa de la institución. Ante la Comisión, enfatizó la necesidad de profesionalizar y capacitar al personal para garantizar investigaciones sólidas y eficientes, con vistas fiscales que aseguren resultados y posibles condenas.
