El alcalde capitalino Mayer Mizrachi envió el jueves 12 de septiembre una consulta al procurador de la Administración, Rigoberto González, en un movimiento que algunos interpretan como un intento de desviar la atención de las crecientes críticas sobre la falta de entrega de fondos de inversión a las juntas comunales.
La carta, identificada como la Nota No. 240-SG-2024, plantea preguntas sobre la injerencia de la Asamblea Nacional en asuntos municipales, basándose en la interpretación de varios artículos de la Constitución.
La misiva fue enviada tras las declaraciones del diputado Betserai Richards, quien el martes 10 de septiembre denunció que los representantes de corregimiento del municipio de Panamá están “prácticamente asfixiados” debido a que la Alcaldía no ha distribuido los fondos de inversión para proyectos comunitarios.
Richards expresó en el pleno de la Asamblea que, debido a lo que calificó como un “capricho” de la Alcaldía, no se han entregado recursos esenciales para la ejecución de obras como parques y veredas en las comunidades. Acusó al alcalde de incumplir con la descentralización, que garantiza la asignación de fondos a las juntas comunales.
En respuesta, Mizrachi publicó en X: “Hipocresía exigirle al presidente respetar la separación de poderes, pero a la vez meterse en los asuntos de la Alcaldía”, sugiriendo una posible intromisión indebida de la Asamblea Nacional en las competencias municipales.
Sin embargo, la reacción del alcalde ha sido vista como una estrategia para desviar la atención del tema central: la falta de entrega de fondos a las juntas comunales.
En lugar de abordar directamente las críticas de Richards, Mizrachi ha optado por centrar la discusión en el marco constitucional, cuestionando si la Asamblea Nacional tiene autoridad para interferir en la administración municipal.
La consulta enviada al procurador incluye preguntas sobre la capacidad de la Asamblea para modificar el presupuesto municipal, fiscalizar su uso y forzar a los alcaldes a adoptar decisiones que podrían ser “improcedentes financieramente”.
Mayer le pregunta al procurador de la Administración
1. ¿Tomando en consideración el contenido de los artículos 232, 233, 242 numerales 1 y 3 y el artículo 243 de la Constitución Política de la República, tiene la Asamblea Nacional de Diputados injerencia alguna en los asuntos que guardan relación con la administración del régimen municipal?
2. ¿Puede la Asamblea Nacional de Diputados, por medio de comisiones o subcomisiones, interferir en los asuntos internos y de la administración municipal, aun cuando dentro de sus funciones constitucionales, enmarcadas en los artículos 159 y 161 de la Constitución, no se le reconoce dicha potestad?
3. Tomando en consideración que la Asamblea Nacional de Diputados no tiene participación alguna en la aprobación del Presupuesto de Rentas y Gastos de los municipios, ¿puede la misma incidir, solicitar modificaciones, gestionar pagos o fiscalizar directamente el uso y disposición del presupuesto de los municipios?
En conferencia de prensa, el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz defendió la postura de la Alcaldía, afirmando que no se puede “menoscabar la autonomía de los municipios” y que respetar la Constitución es esencial.
“A nadie se le niega por falta de voluntad. No se puede dar lo que no existe. Han convertido esto en un tema político y no de administración pública. Ninguna palabra importa hoy, los números hablan por sí solos”, indicó Mayer en referencia a los cuestionamientos.
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