Mayer Mizrachi deberá justificar donaciones políticas de dos sociedades extranjeras, ante la fiscalía electoral

Mayer Mizrachi deberá justificar donaciones políticas de dos sociedades extranjeras, ante la fiscalía electoral
En total, Mizrachi recibió 618 donaciones y “aportes” (en efectivo, cheques, transferencias bancarias y especies), que suman $555,259.31.

El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, recibió donaciones por más de medio millón de dólares para su campaña política de 2024. Sin embargo, ahora deberá responder por dos de ellas, que aunque apenas suman $30,000, reñirían con el Código Electoral.

La Fiscalía General Electoral recibió los resultados de una auditoría realizada por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Público del Tribunal Electoral (TE), la cual identificó donaciones provenientes de dos sociedades extranjeras.

Una de esas donaciones provino de una sociedad denominada Bsiness (o Business) Association Ltd., que aportó $10,000 el 16 de abril de 2024.

La otra sociedad donante es Bernadette Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), la cual entregó $20,000 a la candidatura del actual alcalde, el 31 de enero de 2024.

El Código Electoral, en su artículo 230, prohíbe las donaciones “de gobiernos, personas u organismos extranjeros”. Se exceptúan únicamente los aportes de partidos políticos, asociaciones y fundaciones extranjeras que estén vinculadas a algún partido panameño, siempre que el dinero o especie no se utilice en campañas electorales.

Los auditores del TE no encontraron rastro de Bernadette Limited en los registros de Panamá Emprende ni en la Dirección General de Ingresos (DGI), pero se percataron de que la sociedad utiliza un correo electrónico “cuyo dominio pertenece al banco Towerbank”.

El correo electrónico es el que utiliza Benjamín Méndez, presidente y representante legal de Towerbank International Inc. y Towertrust, Inc., dos entidades con las que la Alcaldía de Panamá suscribió un “convenio de custodia” (escrow) para implementar el cobro de tributos a través de criptomonedas.

A título personal, Méndez hizo dos donaciones a la campaña electoral de Mizrachi: la primera por $3,500 el 23 de abril de 2024, y la segunda por $7,000 el 2 de mayo.

Por los convenios firmados con Méndez, Mizrachi fue denunciado en mayo pasado por posible conflicto de interés en la administración pública, por el abogado Guillermo Cochez. Este caso ya fue archivado por la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antai), pero sirvió para que la entidad examinara la lista de donantes de Mizrachi y alertara al TE.

En total, Mizrachi recibió 618 donaciones y “aportes” (en efectivo, cheques, transferencias bancarias y especies), que suman $555,259.31.

‘No hay conflicto’: Mizrachi

Mizrachi presentó un escrito de contestación a la Antai el pasado 29 de mayo, a través del abogado y funcionario de la Alcaldía de Panamá, Leonardo José Laniado Vijil.

En dicho escrito, el alcalde reconoció que Méndez fue donante de su campaña política, pero afirmó que entre ambos “no ha habido ni hay una relación... que permita configurar un conflicto de intereses”, como está tipificado en la Ley 316 de 2022, sobre conflictos de intereses en la función pública.

Además, argumentó que el convenio con Towerbank y Towertrust no representa “una actuación de forma individual”, ya que fue autorizado por el Consejo Municipal de Panamá, compuesto por los representantes de los 26 corregimientos.

El abogado Laniado enfatizó que el convenio de custodia no beneficia “de forma personal, privada o particular” al alcalde. “Muy por el contrario, repercute en beneficio de las arcas municipales, por lo que se aleja de lo descrito en la definición de conflicto de intereses”, insistió.

Sin acto público

Méndez, por su parte, explicó que Mizrachi le propuso “explorar mecanismos modernos de recaudación”, como la opción de pagos en monedas digitales u otros criptoactivos.

“En respuesta, remití el requerimiento al equipo Comercial y Legal de Towerbank y Towertrust, quienes lideraron las conversaciones técnicas y contractuales con el Municipio”, respondió a una consulta realizada por La Prensa en junio pasado.

No hubo convocatoria ni acto público. La selección del proveedor de este servicio se hizo por vía directa.

Méndez considera que eso se debe a que las entidades que representa son las únicas que actualmente cuentan con la infraestructura técnica para convertir criptoactivos a dólares “de forma segura y confiable”.

“Por ello, y tras la validación correspondiente, el Consejo Municipal aprobó la contratación de nuestros servicios a través del mecanismo legal disponible”, añadió. Asimismo, afirmó que el convenio permitirá recaudar tributos “sin costo alguno para el municipio” y que reducirá “en al menos un 50% el gasto del contribuyente”.

El convenio —que todavía no ha sido refrendado por la Contraloría y, por tanto, no está vigente— establece una comisión fija de 1% sobre el monto en dólares resultante de cada conversión efectuada por Towertrust. Esa comisión la paga el contribuyente.

Los contratistas

Mientras tanto, el abogado Cochez solicitó ampliar su denuncia ante la Antai para que se investigue por qué Mizrachi aceptó donaciones de contratistas y concesionarios del Estado.

El Código Electoral también prohíbe las donaciones de contratistas del Estado y concesionarias de servicios públicos.

Sin embargo, en el listado presentado por Mizrachi al TE figura que el Puerto de Cruceros Colón 2000 le entregó $20,000. Este puerto mantiene un contrato de servicios con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para operar y dar mantenimiento a la terminal de cruceros ubicada en isla Perico, Amador. El contrato, refrendado el 20 de marzo de 2023, tendrá una vigencia de 20 años y representa un pago total por parte de la AMP de $16.9 millones.

También figura como donante Mohamad Rafat Elneser, quien aportó $2,000. Este donante es representante legal de Compesa Group, empresa con una participación del 50% en el Consorcio Comse. En diciembre de 2023, dicho consorcio firmó un convenio marco con la Dirección General de Contrataciones Públicas, para el suministro de llantas, lubricantes y baterías a entidades estatales. El convenio tiene una vigencia de dos años.

La Prensa contactó en junio pasado al abogado Laniado, quien señaló que no estaba autorizado para hablar “sobre un proceso administrativo que está en curso”.

“Me compromete como funcionario público y por la gestión que llevo actualmente”, agregó.


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