Tras unas dos horas de deliberación, cinco de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia decidieron condenar anoche a la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, por “abuso de autoridad y extralimitación de funciones”, al autorizar unas interceptaciones telefónicas en una investigación a un fiscal acusado de recibir una coima.
La condena implica seis meses de prisión y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un período de cuatro años. Los seis meses de prisión fueron conmutados por 40 días multa, a razón de 100 dólares por día, lo que totaliza 4 mil dólares.
El esperado juicio contra Gómez se inició a las 9:00 a.m. de ayer, en la sala de audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Palacio Gil Ponce. Estuvo presidido por el magistrado Aníbal Salas, mientras que Wilfredo Sáenz actuó como ponente. El secretario de la Procuraduría -en calidad de procurador encargado- actuó como fiscal.
Gómez tiene un plazo de un año para pagar la multa de 4 mil dólares, pero anunció que no lo hará. “Hay corruptos administrando justicia. No voy a pagar ni un real a la delincuencia”, expresó, con lágrimas, poco después de escuchar el veredicto. El público en el que se mezclaban familiares, amistades y fiscales que trabajaron con ella la aplaudió. Después se retiró a su casa.
La defensa de Gómez anunció que presentará un recurso de revisión, tan pronto se produzcan las notificaciones del fallo y sus salvamentos. Solo cuando todos estos trámites terminen, empezará a correr el término de un año otorgado a Gómez para pagar la multa. Si no lo hace, irá presa.
La procuradora repitió que su salida es consecuencia de no haber aceptado órdenes del presidente, Ricardo Martinelli. “Ese es el escarnio que me quiere dar el Ejecutivo... aquí, al que no le pueden poner precio, le abren un expediente”, manifestó.
Gómez fue designada en el cargo el 3 de enero de 2005, por el entonces presidente, Martín Torrijos. Fue suspendida del cargo el 5 de febrero pasado y le quedaban cinco años para completar su periodo. Con lo de ayer, se convirtió en el segundo procurador de la era post dictadura militar condenado y expulsado de su cargo. El primero fue Rogelio Cruz, en 1993.
La condena llega en medio de un escándalo por “pinchazos” en la Procuraduría de la Administración. Pero a diferencia de Gómez, que autorizó las interceptaciones para perseguir un acto de corrupción, las escuchas de las que conocía el procurador de la Administración, Oscar Ceville violaron las comunicaciones privadas de subalternos que no habían sido señalados por la comisión de delito alguno.
VEA Once horas de agonía