La selva del Darién, que en 2024 vio pasar a más de 302,203 migrantes, quedó casi en silencio en 2025. Apenas 3,086 personas se atrevieron a cruzarla, una caída del 99.1 % que marca uno de los descensos más abruptos del flujo migratorio en la última década.
El desplome del tránsito migratorio ha sido atribuido por las autoridades panameñas a un efecto directo de las nuevas medidas de control fronterizo impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como a las acciones adoptadas por México y al reforzamiento de los operativos de seguridad en Colombia.
Según el director del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica, los indicios apuntan a que esta tendencia se mantendrá durante el próximo año.

El funcionario confirmó, además, el cierre de todos los campamentos migratorios en el Darién, entre ellos el de Lajas Blancas, que durante años funcionó como el principal punto de recepción de migrantes.

Migración inversa
En paralelo a la drástica reducción del flujo migratorio hacia el norte, Panamá se ha convertido en territorio de tránsito para una migración inversa proveniente de Estados Unidos. De acuerdo con cifras oficiales, 22,392 migrantes han cruzado el país de norte a sur, pasando por comunidades de la provincia de Colón, como Miramar, en el corregimiento de Santa Isabel, con destino final en distintos países de Suramérica, una dinámica que comienza a reconfigurar los patrones migratorios en la región.
En esta franja del Caribe panameño, cientos de migrantes parten cada semana en ruta de retorno hacia sus países de origen, principalmente Colombia y Venezuela, como parte del flujo de migración inversa que atraviesa el istmo. Aunque el trayecto representa para muchos el cierre de un ciclo migratorio fallido, la travesía no está exenta de riesgos, especialmente cuando se realiza por vías marítimas informales y sin las condiciones mínimas de seguridad.
Los peligros quedaron en evidencia la mañana del 9 de noviembre, cuando una lancha que transportaba migrantes naufragó en aguas de la costa arriba de la provincia de Colón, dejando como saldo la muerte de una niña de tres años. Autoridades locales confirmaron que la embarcación había zarpado desde la comunidad de Miramar con cerca de 20 migrantes con destino a Colombia, en su mayoría de nacionalidad venezolana.
En un comunicado conjunto, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad Marítima de Panamá informaron que la lancha estaba autorizada únicamente para la pesca artesanal, tenía la patente de navegación vencida, partió desde un muelle no habilitado por la entidad reguladora y terminó hundiéndose mientras transportaba a 18 adultos y tres menores de edad.

Otras rutas
Recientemente, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que la migración inversa no solo se está realizando por Capurganá (Chocó), en la costa del mar Caribe, sino también por el océano Pacífico.
Personas de todas las edades que regresan desde Centroamérica, tras no lograr llegar a Estados Unidos, están siendo trasladadas por redes irregulares que se ofrecen a transportarlas en embarcaciones hasta Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca. Esta situación configuraría una nueva ruta de migración inversa, que partiría desde el corregimiento de Jaqué, en la provincia panameña de Darién.

Para el obispo de Darién, Pedro Hernández Cantarero, quien ocupa el cargo desde hace dos décadas y que durante los últimos diez años ha acompañado, desde la Iglesia católica, a miles de migrantes que atravesaron la selva, la casi desaparición del flujo migratorio representa un alivio frente a un drama humano prolongado. Sin embargo, advirtió que el fin de esta crisis dejó al descubierto un problema estructural en las comunidades indígenas, cuya economía llegó a girar en torno al paso de viajeros por el Tapón del Darién.

Hernández explicó que durante años se consolidó una relación económica intensa entre indígenas y migrantes, con viviendas que funcionaban como puntos de alojamiento, alimentación y transporte y que, en algunos casos, generaban ingresos de hasta cinco mil dólares semanales.
A su juicio, esta dinámica se convirtió en un modo de vida dependiente, que terminó desplazando otras formas de trabajo y producción. Por ello, el obispo pidió al Gobierno central dirigir su atención hacia Darién y ofrecer alternativas de apoyo y desarrollo a estas poblaciones, para evitar que la ruptura del modelo económico derivado de la migración se transforme en una nueva crisis social.


