¿Cuánto cuestan las juntas directivas de las entidades estatales?
La pregunta toma fuerza al revisar 31 instituciones descentralizadas, organismos reguladores, empresas públicas e intermediarios financieros que cuentan con estos entes colegiados. En conjunto, esas instituciones reúnen 231 puestos en sus juntas directivas.
Saber quién ocupa esos cargos y cuánto reciben por participar en las reuniones inherentes al cargo no siempre es sencillo. A diferencia de otras remuneraciones del sector público, la información sobre las juntas directivas aparece dispersa entre leyes, reglamentos, actas, memorias institucionales y documentos presupuestarios.
Eso ocurre pese a que se trata de información que, por ley, debe ser de acceso público. La normativa de transparencia contempla la divulgación de las actas de las juntas directivas, sus asistentes, las fechas de las reuniones y los pagos en concepto de dietas, emolumentos y viáticos. El acceso, sin embargo, requiere, en muchos casos, revisar documentos separados y reconstruir los datos institución por institución.
Para 2027, el proyecto de presupuesto general del Estado contempla alrededor de $5 millones para el pago de dietas en el sector público. De ese monto, una buena parte corresponde a dietas de juntas directivas.
Los detalles
Los 231 puestos mencionados anteriormente no equivalen necesariamente a 231 personas. Un mismo nombre puede aparecer en varias juntas directivas.
Las entidades descentralizadas concentran 107 puestos. Ampyme tiene la junta directiva más numerosa, con 16 integrantes, seguida del Inadeh y la Caja de Seguro Social (CSS), con 12 cada una. La Autoridad de Turismo tiene 11, mientras que la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND) y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) cuentan con 10 cada una.
En los organismos reguladores hay otros 25 puestos, distribuidos entre cuatro entidades. Las superintendencias del Mercado de Valores y de Seguros y Reaseguros tienen siete integrantes cada una. La Superintendencia de Bancos tiene seis y la de Sujetos No Financieros, cinco.
Las empresas públicas reúnen 66 puestos en 10 entidades. La Autoridad Marítima de Panamá y el Metro de Panamá tienen ocho integrantes cada una. Tocumen, Panamá-Pacífico y la Empresa Nacional de Autopistas tienen siete. En los intermediarios financieros hay otros 33 puestos, distribuidos entre cinco instituciones: Banco Hipotecario Nacional, Caja de Ahorros, Instituto de Seguro Agropecuario, Banco Nacional y Banco de Desarrollo Agropecuario.
Los montos
Las dietas que reciben los integrantes de las juntas directivas del Estado no son uniformes.
Mientras algunas entidades pagan $100 por reunión, otras llegan a desembolsar $500 y hasta $750. En el caso de la Autoridad Nacional de la Descentralización, la dieta es de $100 por reunión, con un límite de $1,000 mensuales. La CSS, por su parte, reconoce $100 por cada reunión de junta directiva y $30 por las de comisiones permanentes, con un máximo mensual de $1,200.
La diferencia aumenta en algunas empresas públicas. La Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (Egesa) paga $750 por cada reunión de su junta directiva, una cifra que supera el tope general de $500 aplicado a la mayoría de las entidades. La directiva puede sesionar hasta 12 veces al año, aunque, en la práctica, se reúne entre ocho y diez veces.
En otras instituciones, como Etesa, Banco Nacional y Caja de Ahorros, también se han documentado dietas de $750 por sesión.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa), en tanto, ha llegado a pagar $1,000 por reunión. Mientras que en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) el monto oscila en $1,200 por encuentro.
Tope general
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fijó en $500 mensuales el tope general para las dietas de los integrantes de juntas directivas, juntas asesoras, comisiones y organismos similares en el Presupuesto General del Estado de 2026. La norma establece que el pago solo procede cuando la legislación de cada entidad lo contempla y advierte que las dietas no pueden ser modificadas durante la vigencia fiscal.
El proyecto de ley que dicta el presupuesto de 2027 mantiene ese límite general, aunque existen entidades cuyas leyes orgánicas establecen reglas distintas. Por eso, los $500 no constituyen un techo absoluto para todas las directivas del Estado: funcionan como regla presupuestaria general, mientras que determinadas instituciones pueden pagar montos superiores cuando existe una disposición legal que lo permite. El caso de Egesa, con dietas de $750 por reunión, evidencia esa diferencia.
La estructura de las juntas directivas también alcanza a varios ministros.
Julio Moltó, titular de Comercio e Industrias, está en la directiva de Etesa y, al mismo tiempo, ocupa la secretaría de Egesa, que paga $750 por reunión.
Los ministros José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal, y Felipe Chapman, de Economía y Finanzas, forman parte de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Icaza también preside la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
En el caso de Ventura Vega, su hoja de vida presentada al momento de su designación como ministro de Educación registraba la participación en varias juntas directivas.
El contralor Anel Flores también aparece en varias directivas, en algunas solo con derecho a voz.
Los cuestionamientos
Para el diputado independiente Luis Duke, las dietas deberían estar dirigidas a quienes no reciben un salario fijo del Estado. Su argumento es que una persona que trabaja en el sector privado y deja temporalmente sus funciones para participar en la junta directiva de una entidad estatal sí debería recibir una compensación, pero no un funcionario que ya tiene un salario público.
“Las dietas las debe recibir solo aquellas personas que no forman parte del gobierno y no reciben salarios”.
Duke cuestiona, además, que estas reuniones puedan generar pagos de hasta $750 e incluso $1,200, aun cuando, en algunos casos, el funcionario se traslada de una oficina pública a otra para participar en la sesión.
También plantea que el mecanismo debe revisarse desde el Presupuesto General del Estado o mediante una ley que regule las dietas, como el proyecto presentado por el también diputado Jorge González, jefe de bancada de Vamos.
Duke, que es miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, calculó que el Estado destina unos $5.1 millones al año en dietas, un gasto que, a su juicio, debería reducirse para liberar recursos y destinarlos a otras necesidades. “Las dietas las debe recibir solo aquellas personas que no forman parte del gobierno y no reciben salarios”, sostuvo.
La Procuraduría de la Administración advirtió en 2020 que Panamá carece de una ley marco que regule de manera integral la conformación y funcionamiento de las juntas directivas y patronatos de las entidades públicas descentralizadas. El criterio fue emitido por el entonces procurador, Rigoberto González Montenegro, en respuesta a una consulta de Juan Diego Vásquez, que en aquella época era diputado independiente.
La Procuraduría de la Administración concluyó que pertenecer al sector público o privado no genera, por sí solo, un conflicto de intereses. El conflicto aparece cuando las actuaciones de un directivo chocan con los intereses del Estado o incumplen las obligaciones establecidas por ley. En cualquier caso, los miembros de estas directivas deben actuar en defensa del bien común.
