El Gobierno dio a conocer el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026, que asciende a $34,900 millones, una cifra que, según el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, busca equilibrar la inversión social con la disciplina fiscal. El plan contempla un componente de inversión pública de $11,151 millones, lo que representa un aumento del 26% respecto al año anterior.
De ese monto, el 12% se destinará a infraestructura física y el 9.5% a programas sociales y de desarrollo humano. Entre las prioridades se destacan proyectos en salud, acceso a agua potable, educación e infraestructura crítica. Aunque la educación mantendrá su asignación equivalente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), Chapman advirtió sobre la urgencia de alcanzar un equilibrio intersectorial en el gasto público.
El proyecto de presupuesto para 2026 plantea un panorama prometedor en materia de inversión social, pero la experiencia reciente deja dudas sobre su ejecución.
En lo que va de 2025, a pesar de los miles de millones asignados a sectores clave, varias entidades no lograron ejecutar de forma eficiente los recursos disponibles, particularmente en áreas sensibles como educación y el acceso al agua potable.
Casos notables
Uno de los casos más alarmantes es el del Ministerio de Educación (Meduca), que entre enero y junio apenas ejecutó el 7% de su presupuesto de inversión, según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Esta baja ejecución ocurre en un momento crítico, cuando persisten las demandas por mejores condiciones en la infraestructura educativa y una mejora sustancial en la calidad docente. La parálisis en el uso de fondos destinados a inversión pone en riesgo avances urgentes en el sistema educativo.
Del total de $2,024.5 millones asignados al Meduca para funcionamiento en 2025, ya se han utilizado $822.4 millones, lo que representa un 40.6%.
Sin embargo, la situación cambia radicalmente en el renglón de inversión. El presupuesto original de $1,652.7 millones fue recortado a $1,340.9 millones, de los cuales apenas se han ejecutado $93.3 millones. Esta cifra representa tan solo el 7 % del total, un desempeño que ha generado cuestionamientos dentro y fuera del sector.
El comportamiento del Meduca no es nuevo. En 2024, la ejecución del gasto en funcionamiento fue eficiente, alcanzando un 95.3 % de los $1,925.3 millones asignados. No obstante, en el área de inversión volvió a quedar en deuda. A pesar de que el presupuesto inicial para este fin era de $1,638.3 millones, varios traslados de partidas redujeron el monto disponible a $950.9 millones. De ese total, solo se ejecutaron $465.1 millones, lo que equivale al 48.9 %.
En el pasado reciente, la ministra Molinar ha intentado justificar este tema, explicando que su cartera ha asignado los recursos a las diferentes obras, pero esto no significa que finalmente se ha ejecutado.
El presupuesto ejecutado refleja cuánto del dinero fue realmente usado, es decir, cuánto se desembolsó para pagar obras.
La baja ejecución no se limita al sector educativo. Otras instituciones con presupuestos millonarios también muestran cifras poco alentadoras. El Ministerio de Obras Públicas (MOP), por ejemplo, tiene asignados $890.1 millones para inversión y apenas ha ejecutado $278.9 millones, es decir, un 31.3 %.
En tanto, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con un presupuesto de $247.4 millones en este mismo renglón, solo ha logrado ejecutar $28.7 millones, lo que representa un escaso 11.6 %.
Mejor inversión
A diferencia del Meduca, cuya ejecución en inversión ha sido históricamente baja, otras instituciones del Estado muestran un desempeño relativamente más eficiente.
Entre enero y junio de este año, el Ministerio de Salud alcanzó un 61.4 % de ejecución de su presupuesto de inversión, ya que de $305.6 millones se han utilizado $187.6 millones. También destacan el Ministerio de Desarrollo Social, con una ejecución del 53.9 %, y el Ministerio de Seguridad, con un 50.2 %.
Las secuelas
La baja ejecución presupuestaria y los constantes traslados de partidas del Meduca hacia otras entidades —discutidos en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea— han generado críticas hacia las autoridades responsables del ministerio.
Entre 2019 y 2024, los señalamientos recayeron en Maruja Gorday de Villalobos, y ahora en Lucy Molinar.
Por ejemplo, en noviembre del año pasado, el diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, cuestionó que se trasladaran $505 millones del Meduca a entidades como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Otros diputados, como Jorge Bloise, han reclamado un mejor estado de los centros escolares del país. Bloise impulsó un estudio realizado en diciembre de 2024, el cual reveló que el 50 % de los centros educativos públicos en los corregimientos de Juan Díaz, Don Bosco, Parque Lefevre, Río Abajo y San Francisco se encuentran en condiciones subóptimas. Según el informe, un 33.3 % presenta condiciones regulares y un 16.7 % está en estado deficiente.
En el tema de distribución de agua potable, en varias regiones de Panamá —incluyendo Panamá Oeste, Panamá Norte, Panamá Este, David, Azuero y San Miguelito— se están reportando problemas de escasez, lo que ha llevado a ciudadanos y comunidades a manifestar su descontento y exigir soluciones mediante mejores inversiones.
El último incidente se registró en Tocumen, donde residentes y autoridades locales protagonizaron un enfrentamiento con la Policía Nacional por la falta de agua.
