La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, retomó este lunes 24 de abril la discusión del proyecto de ley 625 sobre extinción de dominio de bienes ilícitos. Era la primera vez que la comisión se reunía luego de que el documento pasara a manos de una mesa técnica conformada por diputados y representantes de varios sectores del país, instancia donde sufrió cambios.
Uno de los que acudió al debate de este lunes fue el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, quien presentó una contrapropuesta. Solicitó que el proyecto vuelva a la esfera penal y no a la administrativa, tal como lo sugiere la mesa técnica en un texto base que preparó para empezar el primer debate.
“Esta jurisdicción especial tiene que estar dentro del Ministerio Público”, manifestó el ministro, quien agregó que también proponen que se vuelvan a debatir los primeros 40 artículos de la iniciativa.
La diputada Corina Cano, quien lideró la mesa técnica para el análisis del proyecto, manifestó que durante las discusiones se habló de que el Ministerio Público tenía dificultades y deficiencias para alcanzar “el músculo financiero” del crimen organizado, y por eso optó por la esfera administrativa.
La comisión se reunió en el salón Carlos Titi Alvarado del palacio Justo Arosemena, recinto que recibió a abogados, miembros de la sociedad civil, personal del Órgano Judicial y el Ministerio Público, entre otros. El presidente de la comisión, el perredista Leandro Ávila, se retiró temprano por “un asunto médico”.
Uno de los abogados que tomó la palabra fue el abogado Miguel Antonio Bernal, quien propuso que el proyecto regrese al Ejecutivo para su análisis y discusión. Bernal, se ha mostrado crítico de esta iniciativa.
En la mesa técnica, el proyecto de ley sufrió grandes modificaciones. Además de la jurisdicción: de la penal a la administrativa, se elaboró un catálogo de delitos entre los que no se incluyó a los delitos contra la administración pública, hecho que ha generado múltiples críticas entre los que siguen con atención el ritmo del debate.
Otro de los cambios que está sobre la mesa, es el que pone término a la vigencia de la figura. El artículo 30 del borrador del proyecto, además de establecer las facultades que tendrá el fiscal de extinción de dominio para investigar, propone que la figura aplicará siempre y cuando no hayan transcurrido más de 20 años de la adquisición de los bienes, salvo los relacionados con terrorismo o su financiamiento, los cuales no tienen término de vencimiento.
El término para aplicar la ley con base a un catálogo de 11 delitos en el que no figura la corrupción, fue uno de los temas que generó más debate y polémica en la mesa técnica. Pues el documento original, es decir, el proyecto de ley que presentó el Ministerio de Seguridad Pública en abril de 2021, proponía que los delitos asociados a la extinción de dominio no prescribieran.
La discusión se retomará mañana martes 25 de abril a las 10 a.m.
