Las camionetas de alta gama y los pick-up 4x4 son los preferidos en los despachos superiores de los ministerios.
Sus características son especiales: con todas las extras, vidrios polarizados, capacidad de hasta siete pasajeros, doble tracción y, de ser posible, el modelo del año.
Estos automóviles son adquiridos mediante contratos de alquiler, para asignar a los ministros de Estado; también están a disposición de su equipo de trabajo más cercano.
Entre enero y septiembre de 2026, el gasto en arrendamiento de vehículos todo terreno asciende a $1,565,235 en los 13 ministerios, de acuerdo con el portal oficial Panamá Compra.
Encabeza la lista el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg), con $363,109.80 en gasto de alquiler de automóviles, seguido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con $338,205.60.
Asignaciones
El Minseg rentó a Thrifty Car Rental, mediante procedimiento excepcional, 12 camionetas por 12 días para la Conferencia Naval Interamericana de Comandantes de Marina, realizada en junio pasado, por un monto de $6,441.40.
Para la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, el ministerio alquiló a Budget Rent a Car un vehículo del año 2026 por un periodo de dos meses (noviembre-diciembre), por $3,263.
Uno de los contratos más altos corresponde al arrendamiento de 30 pick-up para la Dirección Nacional de Operaciones de la Policía Nacional, por un periodo de tres meses. El monto del contrato directo, con la empresa Panama Car Rental, S.A., fue de $139,635.
El MEF, por su parte, licitó el servicio de arrendamiento de seis vehículos “destinados exclusivamente al traslado de personal de alta jerarquía de la institución”, por $338,205.60, por periodo de ejecución de 24 meses. Ganó el acto público Automarket Rent a Car.
Para el despacho superior del Ministerio de Salud (Minsa) fueron alquiladas a Budget Rent a Car —mediante licitación— cuatro camionetas del año 2025 por un periodo de 13 meses, por un total de $144,246.70.
Mientras que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) arrendó cuatro vehículos por un año por $184,458, para poner a disposición del ministro, los dos viceministros y los escoltas. Las arrendadoras fueron Budget y Automark.
Diplomacia y giras
La Cancillería contrató el servicio de traslado —con Air Sea Express Cargo, S.A.—, para la líder opositora venezolana María Corina Machado durante su visita a Panamá en mayo pasado. El gasto fue de $1,350.
También contrató vehículos y un bus ejecutivo con Air Sea Transport & Tour, S.A. para las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por $8,307.
Mientras que en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) figuran dos contratos: uno por $40,831.2 y otro por $45,368, con Automarket/Panama Car Rent, para el suministro de cuatro carros SUV, por ocho meses, y para el uso -en giras nacionales- de la ministra y su equipo.
Justificación
Cada entidad o ministerio gestiona de manera independiente la compra o alquiler de vehículos.
El MEF justificó el alquiler. Señaló que actualmente cuenta con una flota con un alto grado de antigüedad, que genera elevados costos de mantenimiento y frecuentes periodos de inactividad por reparaciones.
En varios casos, el costo de reparación supera el valor de mercado y la vida útil proyectada de los vehículos, sostuvo la entidad.
“A esta situación se suma la elevada demanda de unidades de reemplazo para el personal cuando su vehículo asignado se encuentra fuera de servicio, así como la limitada capacidad del taller institucional para atender, en tiempos razonables, la totalidad de la flota compuesta por aproximadamente 250 vehículos”, sustentó.
“O sea que en menos de cinco años ya nosotros estamos pagando el doble de lo que cuesta un solo vehículo”
Por ello, para garantizar la continuidad operativa, “optimizar recursos y mejorar el servicio a los usuarios internos”, el MEF realizó un estudio de factibilidad que concluyó que el arrendamiento a largo plazo de vehículos resulta “más conveniente que la adquisición, considerando factores de costo, disponibilidad y mantenimiento”.
Compra no; alquiler sí
El pasado 4 de septiembre, el MEF, con el respaldo de la Contraloría General de la República, emitió una circular dirigida a todas las entidades públicas en la que ordena la suspensión de la compra de vehículos.
Según el MEF y la Contraloría, esta transacción genera “erogaciones significativas” relacionadas con combustible, mantenimiento, repuestos y seguros.
La circular sustenta que la medida está alineada con la “racionalización del gasto público en el contexto económico actual de crisis energética”.
La nota establece que, si las entidades tienen la “necesidad urgente” de contar con una flota vehicular, podrán gestionar el alquiler de transporte, siempre que “la vigencia no exceda el periodo fiscal en curso”.
El contralor Anel Flores respalda esta medida. A su juicio, el alquiler resulta conveniente porque incluye mantenimiento, repuestos, seguro y, en algunos casos, hasta los peajes de los corredores. “Yo lo he hecho en mi empresa privada”, dijo.
Además, señaló que “el valor presente de un alquiler es mucho menor que el de la compra”.
Sin embargo, para la diputada de Vamos, Yamireliz Chong, el gasto en alquiler continúa siendo elevado. Tampoco hay una tarifa única. Citó como ejemplo casos en los que una institución alquila una camioneta Toyota Prado por $2,700 mensuales, mientras que otra entidad lo hace por $3,700.
“No sé por qué la diferencia. Pero vemos que se puede estar gastando en dos vehículos hasta $73,000 por año. O sea que en menos de cinco años ya nosotros estamos pagando el doble de lo que cuesta un solo vehículo y que probablemente no nos lo gastaríamos en mantenimiento si hubiera una buena planificación en el Estado”, dijo.
Además, puso bajo la lupa otro tema controversial: el correcto uso del transporte oficial. Recordó el caso del magistrado del presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier Del Rosario, quien dijo recientemente que el vehículo oficial que le fue asignado es de “uso personal”, incluyendo el gasto en combustible.
A juicio de Chong, las altas autoridades deben de financiarse su propio vehículo; de esa manera se contribuiría en la racionalización del gasto público.
Por el momento, las instituciones han puesto un freno. El más reciente caso es el del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que suspendió la compra directa de 10 vehículos eléctricos por $512,352.
