Primero fue el presidente de la República, José Raúl Mulino; ahora, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, sale a defender la nueva Unidad de Coordinación Legal. Esta oficina, que estará bajo la responsabilidad del ministerio que ella dirige, ya ha desatado un intenso debate entre juristas y actores políticos, que cuestionan su alcance en el Estado.
“Esto, señores, no es una procuraduría paralela. Yo no he contratado una firma de abogados para perseguir a mis enemigos políticos, como lo hizo [Juan Carlos] Varela, junto con la procuradora de entonces [Kenia Porcell] y toda una recua de personas aquí, en la Presidencia y fuera de ella, que contribuyeron a eso”, dijo Mulino en su conferencia semanal del jueves 16 de octubre.
En esa misma línea se manifestó la ministra de Gobierno este sábado 18 de octubre al señalar en su cuenta de X: “El país tiene derecho a saber qué pasó. Aquí nadie ha contratado firmas privadas con contratos camuflados. Aquí se le informó al país, mediante un decreto público, que el Ejecutivo no va a mirar para otro lado y que las cosas ya no van a quedar solo en una denuncia a ver qué pasa”.
El país tiene Derecho a saber qué pasó. Aquí nadie ha contratado firmas privadas con contratos camuflajeados. Aquí se le informó al país en un Decreto público que el Ejecutivo no va a mirar para otro lado y que las cosas ya no van a quedar sólo en una denuncia a ver qué pasa.…
— Dinoska Montalvo (@DinoskaDinoska) October 18, 2025
La defensa
La nueva entidad de control fue avalada por el presidente y la ministra a través del Decreto Ejecutivo 31 del 13 de octubre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial 30385-A. Sus funciones específicas van desde la asesoría jurídica a las instituciones hasta la elaboración y presentación de querellas.
Aún se desconoce el personal y el costo que requiere para funcionar, pero varios juristas y conocedores del tema advierten que esta iniciativa duplica funciones que ya corresponden al Ministerio Público y solo incrementa la burocracia estatal en momentos de crisis fiscal.
No obstante, Montalvo consideró que era “urgente implementar” esta nueva oficina, al tiempo que destacó la complejidad del sistema penal actual y la necesidad de garantizar que los casos con evidencias contundentes no se queden estancados.
La dependencia, dijo, tiene como objetivo actuar en los procesos penales que surgen de hallazgos dentro de los ministerios y sus entidades, sin intervenir en las acciones de otros órganos del Estado.
Su función central, reiteró, es activar la figura del querellante en los procesos penales, que ha adquirido protagonismo con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, según lo establecido en el Código Procesal Penal.
En palabras de Montalvo, la función de la nueva oficina no es limitar derechos ni decidir quién se investiga, sino fortalecer la acción de querella en los casos donde el Estado es víctima del delito.
“Cada vez que un caso se debilita, el ataque público no va ni a la Asamblea ni al Judicial. Golpean al Ejecutivo. Entonces sí es necesario que los ministerios entren como querellantes activos para dar seguimiento a sus procesos. Eso lo entendemos bien los abogados que hemos litigado de verdad en la esfera penal”, concluyó.
Opiniones contrarias
A diferencia de lo planteado por Mulino y Montalvo, exmagistrados como Edgardo Molino Mola y Esmeralda de Troitiño han expresado recelo con este tipo de oficinas legales.
Esa oficina de coordinación legal del ministerio de gobierno, no le veo ningún sentido, con tantos asesores legales nombrados en el Estado panameño. pic.twitter.com/tO4G3BVNqb
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) October 17, 2025
En opinión de Molino Mola, la nueva unidad invade competencias establecidas por la ley. “Por supuesto, eso lo establece la Constitución y la ley. La función del procurador es perseguir los delitos”, insistió.
El exmagistrado considera innecesario crear una nueva estructura administrativa para presentar querellas a nombre del Estado, cuando cada ministerio cuenta con su propio equipo legal. “Para eso no hay que crear una nueva burocracia”, expresó.
De Troitiño también fue contundente: “Esta acción refleja un desconocimiento del Estado de Derecho y de la responsabilidad que implica cumplir con todo el ordenamiento jurídico”.
Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Álvarez, esta oficina podría “desnaturalizarse” si no se designa a especialistas en derecho penal, los profesionales que, según él, cumplen con el propósito planteado por el presidente de la República.
“Si nombran a expertos en derecho civil o en contrataciones públicas, estarían haciendo lo mismo que ahora: contratar a los mismos abogados que ya tenemos en el Estado”, concluyó.
En reiteradas ocasiones, Mulino ha acusado al expresidente Varela de haber creado una supuesta “procuraduría paralela” y de “nombrar a su abogado para tal fin”.
Al parecer, se refería a Rogelio Saltarín, fallecido en diciembre de 2018, un jurista que asesoró al Ministerio de la Presidencia durante la administración de Varela y que, previamente, ejerció como abogado en las empresas familiares del exmandatario.
