La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, explicó este viernes 2 de enero los alcances de la denuncia presentada contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, en medio del proceso de transición de los jueces de paz desde los municipios hacia el Órgano Ejecutivo.
La funcionaria detalló que el Ministerio de Gobierno había sostenido reuniones previas con los alcaldes para coordinar el traspaso administrativo y operativo de esta figura de justicia comunitaria.
Según Montalvo, el pasado 29 de diciembre se realizó un encuentro con todos los alcaldes del país para organizar la transición de los jueces de paz, quienes dejarían de depender de los municipios para pasar a la jurisdicción del Ministerio de Gobierno.
“Lamentablemente, en el municipio de Arraiján se dio un movimiento que no era lo que se había acordado y que trajo intranquilidad”, señaló la ministra al referirse a los hechos que motivaron la denuncia.
La titular de Gobierno precisó que la acción legal no se centra en una diferencia administrativa, sino en una situación que calificó de inusual: la movilización de expedientes judiciales.
“La denuncia va en función de la movilización de los expedientes, que siempre debieron mantenerse bajo la custodia de los jueces”, afirmó, al subrayar la gravedad de que documentos confidenciales fueran manipulados fuera de los canales establecidos.
Montalvo recalcó que la responsabilidad del ministerio era denunciar lo ocurrido para salvaguardar procesos que aún se encuentran en curso. “No entendemos cómo el municipio avanza en una situación en la que hay expedientes confidenciales que nunca debieron ser manipulados”, sostuvo, al advertir que se trata de casos que afectan directamente la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
El traspaso
Con el traspaso ya consumado, la ministra indicó que el reto inmediato es organizar el funcionamiento de más de 300 jueces de paz a nivel nacional. “Tengo más de 300 jueces a nivel nacional que están esperando esa hoja de ruta por parte de nosotros”, dijo, al explicar que el Ministerio de Gobierno trabaja en la definición de los lineamientos administrativos y operativos para esta nueva etapa.
En cuanto a los recursos, Montalvo informó que la justicia comunitaria ha venido funcionando con un presupuesto estimado de 38 millones de dólares, previamente disperso entre los municipios. “Es un componente complejo, pero ya con el MEF se han hecho esas corridas presupuestarias para poder tener una justicia que realmente funcione”, afirmó, al aclarar que se trata de una migración de fondos ya existentes.
La ministra confirmó que la justicia de paz se deslindó totalmente de los municipios y que los jueces y funcionarios ahora están bajo la jurisdicción del Ejecutivo.
“Totalmente. Ya con ellos lo tenemos. Los jueces son los que vienen y nosotros nos estamos organizando para ellos”, explicó, al descartar ambigüedades sobre la nueva estructura institucional.
