La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, compareció este miércoles 28 de enero ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, tras ser citada para responder un cuestionario sobre la implementación de la Ley 467, que reformó la figura de los jueces comunitarios de paz y las casas comunitarias de paz.
Montalvo indicó que, a partir del 1 de enero de 2026, todas las casas comunitarias de paz —antes corregidurías— quedaron bajo la administración del Ministerio de Gobierno (Mingob), y que lo que encontró fue “un hermoso desastre”.
Entre las irregularidades detectadas mencionó jueces de paz que no eran abogados, casas de paz cerradas o en malas condiciones, así como deudas por alquileres y por el servicio de energía eléctrica.
Reconoció que a inicios de año recibió “una avalancha” de personas que ejercían como jueces de paz hasta diciembre de 2025, pero que desconocían si continuarían en sus cargos. Además, llegaron funcionarios que laboraban en estas casas comunitarias y que fueron desvinculadas.
Los diputados preguntaron qué ocurriría con estas personas que quedaron sin sus puestos.
Montalvo explicó que, dado que la justicia comunitaria no podía detenerse, comenzaron a realizar nombramientos interinos por un período de tres meses, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, seleccionando jueces con perfiles específicos y que fueran abogados y no estar inscritos en partido políticos. A los aspirantes los entrevistaron y le hicieron unas 100 preguntas.
Adelantó que la ley establece que en abril debe realizarse la convocatoria general para el nombramiento oficial de los jueces de paz.
La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, solicitó que la convocatoria sea ampliamente promocionada, al señalar que en Panamá hay cerca de 37 mil abogados y que “sería una buena oportunidad, tomando en cuenta que hay mucho desempleo”.
Sobre la competencia que tenían las casas comunitarias de paz en materia de pensiones alimenticias, Montalvo recordó que estos casos ahora pasaron a manos de los juzgados de familia.
La ministra defendió el proceso de transición. “Nadie quería estas casas comunitarias de paz, porque es un tema complejo. Para muchos era mejor cerrarlas, porque sentían que no estaban funcionando. Pero la realidad es que una justicia bien llevada nos puede, de alguna manera, traer paz a muchas comunidades”, afirmó.
La Ley 467, promulgada el 24 de abril de 2025, derogó el marco legal vigente desde 2016 y dio paso a una nueva Jurisdicción Especial de Justicia Comunitaria de Paz. De esta forma, más de 500 jueces de paz, que operaban en cerca de 700 corregimientos del país, dejaron de depender de los municipios y pasaron a la órbita administrativa del Ministerio de Gobierno, tal como lo dispone la norma.
La ley establece un salario base de 1,000 dólares mensuales para los jueces de paz y exige título de licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, así como la idoneidad expedida por la Corte Suprema de Justicia.
