Melanie y Kimberlin tenían cinco y ocho años cuando el camino de regreso a casa dejó de ser un juego de risas y mochilas colgando del hombro. Era octubre de 2025 y la lluvia llevaba días cayendo sobre las montañas de la comarca Ngäbe Buglé, hinchando quebradas y oscureciendo los senderos de tierra.
Aquella tarde, las dos niñas avanzaban juntas por la vereda que serpentea entre lomas cuando el riachuelo que debían cruzar creció de repente. La corriente bajó turbia y violenta. No hubo tiempo para correr. El agua las arrastró y el silencio del monte terminó donde empezaron los gritos. Murieron ahogadas.
La tragedia se regó por la comarca como un eco doloroso que parecía repetirse de generación en generación. En las comunidades indígenas, donde los ríos suelen ser el único puente entre la casa y la escuela, la muerte de las niñas volvió a abrir una herida vieja: la de caminos que se vuelven trampas cuando llegan las lluvias y la de un abandono que los pobladores denuncian desde hace décadas.

No era solo la historia de dos pequeñas estudiantes; era el reflejo de un riesgo cotidiano que hoy enfrentan más de 17 mil niños que deben cruzar ríos y quebradas para llegar a sus aulas en esa zona indígena.
En Cascabel, un pequeño caserío aferrado a las colinas de la comarca Ngäbe Buglé, los vecinos se reunieron para despedirlas. El cielo seguía cargado de lluvia y el suelo era un lodazal donde las botas se hundían al caminar. En medio del patio comunitario, dos ataúdes blancos resaltaban entre el barro. Las precipitaciones de esos días —alimentadas por el impacto indirecto del huracán Melissa en el Caribe— habían dejado caminos rotos y afluentes desbordados, el mismo paisaje que días antes había sellado el destino de las dos niñas.
Debate lejos de las montañas
Cinco meses después, el recuerdo de las niñas volvió a aparecer, esta vez lejos de la montaña y del ruido de los ríos. En la ciudad de Panamá, en una sala de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Obras Públicas llegó a pedir recursos para levantar decenas de zarzos, puentes colgantes peatonales pensados precisamente para evitar tragedias como la de Cascabel.

La encargada de explicar el proyecto fue la subdirectora nacional de Estudios y Diseños del MOP, Karen Caballero, quien detalló la primera fase de un programa destinado a mejorar el acceso peatonal en comunidades apartadas de la comarca Ngäbe Buglé. Los zarzos, explicó, son estructuras colgantes sostenidas por apoyos en ambos extremos, diseñadas para permitir que estudiantes y residentes crucen ríos y quebradas sin tener que desafiar la corriente.
El plan inicial contempla la construcción de 50 puentes colgantes distribuidos en tres regiones de la comarca: Kodri, Ñökribo y Nedrini. Según la funcionaria, estas estructuras servirán como puntos seguros de paso en territorios donde la ausencia de puentes obliga a los habitantes —y sobre todo a los niños— a cruzar ríos a pie, una práctica que se vuelve peligrosa cuando llegan las lluvias.

En la región de Kodri se prevé levantar 12 zarzos en los distritos de Ñurum y Muná. En Ñökribo se construirán nueve, ubicados en Kankintú, Kusapín, Jirondai y Santa Catalina. La mayor concentración estará en Nedrini, donde se proyectan 29 estructuras en los distritos de Mironó, Besikó y Nole Duima, zonas donde los ríos se convierten en barreras naturales para quienes caminan hacia las escuelas.
Los números
Los números que acompañan el proyecto revelan la magnitud del problema. La obra suma 2,750 metros lineales de puentes colgantes y una inversión estimada de $18.2 millones. De concretarse, beneficiaría directamente a 43 escuelas y a más de 17 mil estudiantes, los mismos que hoy se ven obligados a enfrentar ríos crecidos para llegar a clases.

Caballero recordó además que en las dos administraciones anteriores (2014-2019) y (2019-2024) apenas se construyeron 20 zarzos en toda la comarca. El nuevo plan prevé 50 puentes en la fase inicial y otros 50 en una segunda etapa, lo que permitiría alcanzar cerca de 100 centros educativos en las comarcas indígenas.
Para ejecutar las obras, los 50 puentes de la primera fase fueron agrupados en paquetes asignados a diferentes empresas constructoras. Cada compañía deberá levantar cinco zarzos en zonas cercanas entre sí, lo que significa que al menos 20 empresas construirán los puentes. Se trata de una estrategia pensada para facilitar el traslado de materiales y maquinaria en territorios donde los caminos son escasos y la geografía complica cualquier obra.
Pero, más allá de los números y de las tablas presentadas en la comisión, hubo un momento en que la discusión regresó al origen del proyecto. La funcionaria recordó la muerte de dos niñas en Cascabel, el hecho que encendió la alarma sobre los riesgos que enfrentan los estudiantes en la comarca.
Fotografías y videos mostrados durante la exposición revelaban la fuerza de los ríos y la precariedad de los senderos. En esas imágenes, entre agua turbia y piedras resbalosas, parecía repetirse la misma escena que en octubre de 2025 convirtió el camino a la escuela en una tragedia.


