Las muertes de 19 niñas y niños indígenas Ngäbe-Buglé registradas entre 2020 y 2026 durante las temporadas de cosecha de café en la región costarricense de Los Santos han reavivado los cuestionamientos sobre la capacidad de Panamá y Costa Rica para garantizar condiciones dignas de trabajo, acceso a la salud y protección social a una población que cada año cruza la frontera y se convierte en un pilar de la producción cafetalera.
La denuncia motivó un pronunciamiento respaldado por más de 500 personas y cerca de un centenar de organizaciones sociales, indígenas y académicas de Costa Rica y Panamá.
El pronunciamiento surge tras conocerse un oficio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), según el cual entre enero de 2020 y febrero de 2026 fallecieron 19 menores de edad Ngäbe-Buglé en la región de Los Santos.
De acuerdo con ese documento, varias de las muertes estuvieron relacionadas con enfermedades prevenibles, dificultades para acceder a servicios de salud, falta de seguimiento institucional y otras condiciones que, según los firmantes, pudieron haberse evitado mediante una respuesta oportuna del Estado costarricense.
La advertencia
Las organizaciones sostienen que la problemática ya había sido advertida en agosto de 2020, cuando más de un centenar de colectivos denunció las precarias condiciones de alojamiento, la insuficiente atención médica, la falta de inspecciones laborales y los riesgos que enfrentaban mujeres embarazadas, niñas y niños durante las cosechas.
Seis años después, afirman, los hechos conocidos demuestran que aquellas alertas no se tradujeron en soluciones efectivas y que las condiciones de vulnerabilidad persisten.
Los datos oficiales incluidos en el pronunciamiento muestran la magnitud del fenómeno migratorio. Entre 2020 y 2025, el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria registró el ingreso de 42,995 personas panameñas como trabajadoras agrícolas temporales, de las cuales 7,951 eran niñas y niños, lo que equivale al 18.5 % del total.
Según las organizaciones, la mayoría pertenece al pueblo indígena Ngäbe-Buglé y viaja en grupos familiares para participar en la recolección de café.
Aunque Costa Rica cuenta con un Protocolo General para la Atención de la Migración Laboral durante las cosechas —actualizado por última vez en mayo de 2024—, los firmantes consideran que ese instrumento no ha sido suficiente para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento, atención sanitaria y protección de derechos. El documento sostiene que la persistencia de las muertes infantiles evidencia una brecha entre la normativa vigente y su aplicación en el terreno.
Las recomendaciones
El comunicado plantea una serie de medidas dirigidas al Gobierno de Costa Rica y a instituciones como los ministerios de Salud y Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Dirección General de Migración, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto del Café de Costa Rica.
Entre las acciones solicitadas figuran investigaciones sobre las muertes, inspecciones periódicas en las fincas, el fortalecimiento de la atención médica, una mayor coordinación interinstitucional y mecanismos permanentes de supervisión de las condiciones laborales y de vivienda de las familias indígenas migrantes.
El documento concluye que el pueblo Ngäbe-Buglé no solo constituye una fuerza laboral esencial para la caficultura costarricense, sino que también es titular de derechos reconocidos por la Constitución, la legislación nacional y diversos instrumentos internacionales.
El pronunciamiento recibió el respaldo de figuras reconocidas de los ámbitos cultural, político y académico de ambos países. Entre los firmantes figuran la escritora Ana Cristina Rossi Lara; el músico Manuel Obregón López; las cantautoras Guadalupe Urbina Juárez, Maf e Tula y Luz María Romero Miño.
También suscribieron el documento los expresidentes de Costa Rica Abel Pacheco de la Espriella y Laura Chinchilla Miranda, así como el expresidente panameño Ricardo de la Espriella Toral, junto con representantes de universidades públicas, organizaciones sociales y centenares de ciudadanos de Costa Rica y Panamá.
El manifiesto fue impulsado por el Programa Kioscos Socioambientales y el Observatorio de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho, ambos adscritos a la Universidad de Costa Rica, además de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional.
