Activistas en favor de los derechos humanos, abogadas, feministas, y politólogas tildan de “absurdo” y de “falta de respeto” a las mujeres que la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez, use la figura de la violencia de género como argumento para querellar a un comunicador que la cuestionó por sus actuaciones con un cliente.
Además, cuestionan que la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria a cargo de David Villareal, aplicara una medida de alejamiento al comunicador Mauricio Valenzuela dentro de la querella presentada por la diputada.
“No es violencia de género, no es violencia contra la mujer. La medida de protección si es cierto que se la otorgaron es improcedente. Esta HD es una agresora institucional, arremete para callar, usa toda su arrogancia, poder e inmunidad para hacer daño, indignante”, aseguró Joyce Araujo, activista pro derechos humanos en su cuenta de Twitter.
En términos similares opinó la constitucionalista Ana Sánchez, en la misma red social: “Absurdo y una falta de respeto a las mujeres que sí sufren violencia de género”.
"Hostigamiento judicial a la libertad de expresión y al periodismo, la nueva mordaza. Y para colmo, trivializando algo tan serio como la violencia contra las mujeres", fue lo que dijo la abogada Olga De Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
La querella surgió luego de que el pasado 2 de enero Valenzuela reportara en el medio digital Foco, que el mexicano José Luis Penagos la acusa de haberlo despojado de varios kilos de oro que le fue decomisado por la Autoridad Nacional de Aduanas cuando, en marzo de 2009, se encontraba en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La información que también fue publicada por La Prensa, y Mi Diario, reveló que cuando Penagos, y José Felipe Mendoza fueron retenidos por autoridades de aduanas en el aeropuerto de Tocumen, Penagos y Mendoza alegaron que no estaban obligados a declarar el oro porque estaban en tránsito a Colombia, pero el caso se complicó cuando las autoridades judiciales encontraron restos de metanfetaminas en las láminas de oro. Fueron acusados de lavado de dinero. Pasaron nueve meses en la cárcel La Joya, pero el proceso se cayó, y fueron liberados en diciembre de 2009 con un sobreseimiento provisional. Penagos fue deportado a México con impedimento de entrada a Panamá. Estando en México, contacta a Rodríguez (2013) para que lo ayudara a recuperar el oro. Le otorgó un amplio poder. Más adelante, la diputada y su colega Rafael Araúz firmaron controversiales “acuerdos privados” que a la postre les permitieron recuperar el oro incautado (septiembre de 2018).
