El 1 de julio de 2024, José Raúl Mulino se puso la banda presidencial arropado por el partido de un hombre que no podía gobernar, Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales en el caso New Business. Llegó al poder con la irritación acumulada de un país que reclamaba empleo, mejores servicios públicos y combate a la corrupción.
Este 1 de julio, habrán transcurrido dos de los cinco años de su gobierno. Eso implica el 40% de su mandato. Lo hace con un expediente ambivalente: algunas apuestas que salieron bien; otras que todavía no han terminado de jugarse, y aquellas que terminaron mal.
La CSS, la reforma que nadie quería tocar
Durante décadas, la Caja de Seguro Social (CSS) fue el elefante en la sala de cada campaña electoral panameña. Ricardo Martinelli (2009-2014), Juan Carlos Varela (2014-2019) y Laurentino Cortizo (2019-2024), los tres últimos presidentes que gobernaron Panamá, prometieron reformar el sistema de pensiones y jubilaciones, pero ninguno cumplió.
Mulino sancionó la Ley 462 en marzo de 2025, una reforma al sistema de pensiones que sus promotores describieron como inevitable y sus críticos llamaron traición. Pero llegó con un alto costo político que el gobierno todavía está pagando.
Profesores, trabajadores de la construcción y una coalición de sindicatos declararon huelga indefinida. El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), agrupación que hasta marzo de 2025 fue el más poderoso del país y que durante décadas fue la columna vertebral de cualquier protesta en Panamá, se sumó a finales de abril de ese año.
Mulino, fiel a su estilo confrontativo, directo y pragmático, enseguida anunció que no permitiría que grupos sindicales “tranquen” el país “al costo que sea”. Así fue. Lo que siguió fue una escalada que incluyó allanamientos a sedes sindicales, la judicialización de más de 130 dirigentes y la huida de Saúl Méndez, líder del Suntracs, a la embajada de Bolivia, su posterior partida a esa nación y de allí supuestamente a Venezuela. Sigue prófugo.
El abogado Rodrigo Noriega, que ha seguido de cerca esta gestión, dice que en el balance ha tenido más desaciertos y, por tanto, Mulino tiene más cuentas pendientes. Sin embargo, afirma que el tema de la CSS no se puede despreciar, pues era urgente. No obstante, explica que el que se haya hecho la reforma sin antes construir un consenso amplio resuelve el problema técnico y crea uno político. Mulino, dijo, escogió esa ruta.
Para el analista político José Stoute, lo ocurrido con la CSS, los sindicatos y los puertos apunta a un patrón que define estos dos años: “Una severa erosión de los derechos y libertades democráticas”, añade.
Su diagnóstico es duro: “Los problemas endémicos del país se han agravado”.
El hombre que mira desde el exilio
En mayo de 2025, mientras Panamá aún vivía las secuelas de las protestas callejeras, huelgas y allanamientos a sedes sindicales, Martinelli se asiló en Colombia. Fue el desenlace de meses de maniobras legales y diplomáticas que lo mantuvieron primero refugiado en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde se hospedó para evitar cumplir la pena de prisión por New Business.
El timing no fue casual o al menos así lo leyeron quienes conocen cómo se mueven las fichas en la política panameña.
Detrás del estruendo de las calles, circulaba en los corrillos del poder una lectura que muy pocos se atrevían a decir en voz alta: que Martinelli, desde su exilio, estaba financiando a algunos de los grupos que agitaban el descontento.
Según fuentes cercanas a las negociaciones de ese período, Mulino quería gobernar tranquilo; Martinelli quería dos cosas: que se arreglara su situación judicial y que se le reconociera un espacio de cogobierno real, pues gracias a él llegó al poder.
El eslogan de campaña Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli los encumbró y ahora pasa la factura.
Si eso ocurrió exactamente así o en qué medida, es algo que ningún protagonista confirmará públicamente. Lo cierto es que Mulino sigue gobernando con el partido que lleva las iniciales de su benefactor.
La deuda entre ambos no aparece en ningún balance oficial. Pero gravita sobre decisiones que este gobierno toma en materia judicial, en nombramientos, en cada expediente de corrupción que avanza despacio o no avanza.
La jugada geopolítica de los puertos
Si la reforma de la CSS fue el conflicto más local del gobierno, el asunto de los puertos es el más global y el que ubica a Mulino en el centro de una disputa que excede las fronteras de Panamá.
A finales de enero de 2026, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato que otorgó a Panama Ports Company (PPC) la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados a orillas del Canal. PPC es filial de CK Hutchison, empresa con sede en Hong Kong.
PPC salió de las terminales en febrero, una decisión que Estados Unidos celebró como un éxito propio. Donald Trump lo presentó como un triunfo de su presión sobre China.
Coincidencialmente después del fallo, Pekín intensificó las inspecciones a los buques con bandera panameña que llegan a sus puertos. Este es tal vez el asunto, por el momento, más urgente de la política exterior panameña.
Más de 200 barcos han abandonado la bandera panameña.
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Las cuentas pendientes que definen el futuro
Hay tres expedientes sobre el escritorio de Mulino que reclaman atención.
La mina. En noviembre de 2023, la Corte declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y First Quantum Minerals, luego de masivas protestas ciudadanas en rechazo a la concesión. Era el gobierno de Cortizo. Mulino heredó el problema. Prometió una decisión para junio de 2026, pero el calendario llegó a esa fecha sin un anuncio claro.
El abogado Noriega no tiene dudas de cómo terminará esto: “Va a ser un tema que va a provocar mucha controversia y al final va a tener que tener una solución política”.
Stoute apunta en la misma dirección: todo parece indicar que Mulino le dará prioridad a la mina, dejando el tema constituyente para iniciarlo en 2027.
La reforma educativa. La Ley 47 de 1946, con ocho décadas de remiendos, necesita cambios relevantes a juicio de expertos. Sobre el tema, Noriega habla sin rodeos. “En mi opinión es el tema más urgente. Si yo fuera de su gobierno, estaría concentrado en la educación para hacer cambios fundamentales a corto, mediano y largo plazo”.
Una reforma educativa real requiere confrontar a los sindicatos magisteriales, los mismos que el gobierno antagonizó con la CSS. Stoute es más lapidario: la prometida reforma educativa seguirá durmiendo el profundo sueño de los justos.
La constituyente. El gobierno proclamó 2025 como año de “alfabetización constitucional” y aspira a que Mulino entregue el poder con una nueva Constitución lista para juramentarse.
El cronograma habla de 2029. Es una ambición legítima, pues Panamá lleva décadas parcheando su texto constitucional, pero la constituyente exige un nivel de consenso político que esta administración todavía no ha demostrado poder construir.
El abogado Miguel Antonio Bernal es el encargado del proyecto.
La corrupción
La corrupción, otro gran asunto que requiere atención de las altas esferas del poder. “El tema de la lucha contra la corrupción y los conflictos de interés son un gran pendiente. Su gobierno no ha sido el más comprometido con estos temas, y ojalá le ponga atención en los años que faltan”, afirma Noriega.
Tren Panamá-David, una obra en papel
El tren, esa promesa que iba a definir el legado de Mulino en materia de infraestructura, tampoco avanza. El proyecto del tren Panamá-David lleva dos años atascado en estudios y consultorías.
A mitad de su mandato, el gobierno no tiene financiamiento confirmado ni fecha de inicio de obras. El Ejecutivo contrató a la firma estadounidense Aecom por más de $4 millones para un estudio de ingeniería al 20% del primer tramo. Francia firmó una declaración de intención. Un banco japonés expresó interés. No hay nada más.
Dos años después de empezar a gobernar, el balance de Mulino tiene más sombras que luces. Reformó la CSS cuando nadie más quería hacerlo y reposicionó al país en el tablero geopolítico de los puertos con una audacia que todavía está siendo evaluada.
