El presidente de la República, José Raúl Mulino, indicó que sus esfuerzos por llevar adelante la reducción del tamaño del Estado avanzan. Este jueves 8 de mayo, el mandatario volvió a referirse a entidades como el Banco Hipotecario, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Ministerio de la Mujer, que estarían en la mira para achicar el gobierno.
“La reducción del Estado avanza, pero no con la rapidez que yo quisiera. Esto es una maraña de legislación que lo impide. Sin embargo, estoy avanzando hacia allá. He mencionado casos concretos como el BDA, el Banco Hipotecario y el Ministerio de la Mujer, que estamos avanzando en esa dirección”, señaló Mulino.
La eliminación de ministerios e instituciones estatales que pretende el Ejecutivo no es tarea fácil, así lo reconoció el propio mandatario, aludiendo a la legislación que existe para proteger a los servidores públicos. Por esta razón, anunció que el Ejecutivo trabaja una nueva ley de carrera administrativa.
“Hay leyes de todo tipo para proteger a todo tipo de funcionario público, con razón o sin ella. Eso hay que superarlo con una nueva ley de carrera administrativa que ya se está trabajando con el ánimo de presentarla a la Asamblea”, señaló el mandatario, describiendo la actual legislación como un impedimento para avanzar en sus intenciones de reducir el Estado.
La propia Dirección General de Carrera Administrativa (DIGECA), adscrita al Ministerio de la Presidencia, describe en su página web la normativa aplicable en materia de la carrera administrativa, que abarca hasta 24 leyes, 24 decretos ejecutivos y 11 fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de otro número importante de legislación relacionada; razón por la que el presidente describe como extensa la legislación vigente.
La nueva ley que propondría el Ejecutivo a la Asamblea tendría efecto sobre la vigente Ley 9 de 1994, que establece la carrera administrativa. Allí se advierte el procedimiento que deben seguir las destituciones de servidores públicos, sujetas a las evaluaciones periódicas de personal, entre otros factores.
Según el artículo 156 de esa legislación, cualquier destitución que no se ajuste al procedimiento de la ley, causa la nulidad del proceso.
La planilla
En el Gobierno se han adelantado acciones para reducir la planilla, como la auditoría sobre la Asamblea Nacional para identificar funcionarios que evaden sus responsabilidades, conocidos como ‘botellas’.
La Contraloría General de la República lanzó una auditoría al Legislativo, que cuenta con cerca de 4,000 funcionarios.
El presidente Mulino se deslindó de la auditoría que se está llevando a cabo en el Legislativo, asegurando que “no tiene nada que ver” en ese asunto y que es “un tema de la Asamblea y la Corte”.
