El presidente José Raúl Mulino designó a tres nuevos integrantes del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, una instancia relevante en los conflictos por licitaciones y compras estatales.
Los nombramientos, oficializados mediante decretos publicados en la Gaceta Oficial 30434 de este martes 30 de diciembre, incluyen a Ricardo Adolfo Landero como magistrado principal, a Zaira Edilma Santamaría Aguilar de Latorraca también como magistrada principal y a Rosa Isabel Recarey Rodríguez como magistrada suplente.
Ricardo Landero, quien asumirá como magistrado principal del tribunal hasta el 28 de diciembre de 2028, no es un nombre ajeno al aparato estatal: se desempeñó como viceministro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en este gobierno, cargo al que renunció en mayo pasado.
Sustituirá a Martín Wilson, cuyo período venció el 28 de diciembre de 2023.
Mientras que Zaira Santamaría de Latorraca, ejercerá el cargo hasta el 28 de diciembre de 2029.
Reemplazará a Luis Murillo, cuyo período en la institución venció el 28 de diciembre de 2024.
En el pasado ejerció como directora interina de la Escuela Judicial. En 2010, durante el gobierno de Ricardo Martinelli fue designada como magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia pero fue su designación fue rechazada por la sociedad civil.
Es madre de Sherina Michela Latorraca Santamaría, quien enfrentó un proceso judicial por un accidente de tránsito ocurrido en 2003, en el que murió un menor de edad y su madre sufrió graves lesiones. El caso lo conoció la jurisdicción de niñez y adolescencia, que la absolvió, decisión que en su momento generó amplio debate público.
Mientras que Rosa Recarey ejercerá como su suplente.
Los salarios
Los decretos también fijan los salarios de los nuevos integrantes del tribunal. Tanto Landero como Santamaría de Latorraca, designados como magistrados principales, devengarán $4,000 mensuales en salario base, más $3,000 en gastos de representación, para un ingreso total de $7,000 al mes.
En el caso de la magistrada, su salario asciende a $2,500 mensuales, más $2,000 en gastos de representación, para un total de $4,500.
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Sobre el Tribunal Administrativo
Aunque opera lejos del ruido político cotidiano, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas es un actor silencioso pero determinante.
Este tribunal se creó con la Ley 22 de 27 de junio de 2006, que regula las contrataciones públicas en Panamá y establece los principios y reglas que rigen los procesos de selección de contratistas y la celebración de contratos con el Estado. Fue concebido para conocer y resolver conflictos relacionados con los procesos administrativos.
Actúa como la instancia administrativa especializada en resolver los recursos de impugnación y apelación que presentan los proponentes cuando consideran que hubo irregularidades, omisiones o decisiones erróneas por parte de la entidad contratante.
