El presidente José Raúl Mulino le retiró el respaldo al proyecto de ley presentado por el procurador Luis Carlos Gómez, que entre otras cosas busca evitar que las investigaciones penales dependan de las auditorías de la Contraloría General de la República, institución dirigida actualmente por Anel Flores.
En una conferencia de prensa ofrecida este jueves 2 de octubre, Mulino reveló que pidió al procurador retirar la propuesta y presentar otra “más integral”. El mandatario, incluso, explicó las competencias tanto del contralor como del procurador.
Mulino manifestó que la propuesta del Procurador para reformar el Código Penal y Procesal Penal, a fin de permitir auditorías internas además de las de la Contraloría, no le convence en su forma actual.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/vQkaF7QCt2
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 2, 2025
“La Contraloría maneja las investigaciones de tipo pecuniario, recursos del Estado, audita en ese sentido. Pero no puede emitir juicio de valor dentro de esas investigaciones respecto al dolo, la culpa, la negligencia, que es materia de análisis penal por parte del Ministerio Público”, narró.
Siguió. “A mí, en lo personal, sí me preocupa que, so pretexto de hacer justicia más rápida, quedemos en manos de fiscales que pueden estar teledirigidos a acatar órdenes y no a realizar investigaciones. Ya lo vivimos. Esa ley tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No me gusta, en lo personal no me gusta”.
El centro del conflicto
El núcleo del conflicto es el artículo 7 del proyecto de ley 291: “Los peritajes y las auditorías necesarias para la acreditación de los hechos delictivos de los que trata la presente Ley, podrán ser practicados por los servidores públicos que presten servicios en entidades estatales, autónomas y semiautónomas, en universidades oficiales, así como los miembros de los entes policiales, o el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conforme al principio de libertad probatoria, así como a la urgencia, necesidad del caso o a la naturaleza de la diligencia técnico-científica que se requiera. Estas actuaciones no estarán sujetas a prejudicialidad ni requerirán la validación de otra entidad pública. En particular, no será necesario contar con auditoría previa ni refrendo de la Contraloría General de la República para la validez o acreditación de hechos en el proceso penal, que por otros medios de prueba se puedan deducir”.
A juicio de juristas, esta es una de las medidas más relevantes del proyecto, pues rompe el nudo gordiano que representa la espera de las auditorías de la Contraloría General de la República.
A finales de julio pasado, el procurador presentó a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley anticorrupción para actualizar la legislación panameña en ese sentido. Los documentos reposan en la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado oficialista Luis Eduardo Camacho.
Sin embargo, los documentos no han entrado a la agenda de la comisión. Camacho, incluso ha dicho “mientras más me ponen presión, más me pongo lento”.
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Choque de titanes
Este asunto ya ha provocado desencuentros entre el procurador Gómez y el contralor Flores, dos funcionarios nombrados en la administración de Mulino.
En julio pasado, en una entrevista que dio a La Prensa, el contralor pidió “más celeridad en las investigaciones”. “El Ministerio Público, quisiéramos que fuera más rápido”. “Nosotros ya hicimos nuestro trabajo; ahora corresponde al Ministerio Público actuar”, manifestó.
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Pero el procurador le devolvió el golpe. Emitió un comunicado en el que reveló que enfrenta “limitaciones” debido a la falta de insumos técnicos imprescindibles para el avance de ciertas causas penales.
Enseguida advirtió que en ese momento, la Contraloría tenía pendiente de entregarles al menos 225 auditorías, “lo que representa una carga operativa que retrasa las investigaciones por delitos contra la administración pública”.
“Las investigaciones no pueden adelantarse sin bases técnicas. Requieren rigor, legalidad y objetividad”, advirtió el comunicado de la Procuraduría General de la Nación.
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