En una respuesta directa a las declaraciones ofrecidas por el contralor Anel Flores en una entrevista con el diario La Prensa, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, defendió este sábado la labor del Ministerio Público y aclaró que muchas investigaciones penales enfrentan obstáculos debido a la falta de auditorías técnicas solicitadas con antelación.
“En atención a recientes opiniones vertidas públicamente en las que se solicita mayor celeridad en los procesos investigativos, esta institución considera oportuno informar al país sobre las diligencias realizadas en los casos mencionados, así como sobre las limitaciones que enfrenta debido a la falta de insumos técnicos imprescindibles para el avance de ciertas causas penales”, señala la Procuraduría en un comunicado.
Según datos oficiales de esa entidad, al menos 225 auditorías siguen pendientes de entrega por parte de la Contraloría General, lo que representa una carga operativa que retrasa las investigaciones por delitos contra la administración pública. En enero de este año, la Procuraduría ya había advertido formalmente sobre el rezago en 166 auditorías.
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— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 14, 2025
“Las investigaciones no pueden adelantarse sin bases técnicas. Requieren rigor, legalidad y objetividad”, puntualiza el comunicado. Añade que los casos deben ser construidos de manera sólida para resistir el escrutinio judicial y garantizar resultados concretos para la sociedad.
Los casos
En la nota se hace referencia específica a algunos de los casos mencionados por el contralor. Por ejemplo, indica la Procuraduría que, en el caso de Panama Ports Company (PPC), se han realizado 22 entrevistas, una comisión a la Dirección de Investigación Judicial, cinco asistencias técnicas y más de 70 diligencias investigativas, todas dirigidas a corroborar los hallazgos de la auditoría oficiosa remitida por la Contraloría.
Otro caso relevante, expuesto en el comunicado, involucra un presunto enriquecimiento injustificado dentro del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). La auditoría oficiosa llegó el 10 de junio de 2025 y, ese mismo día, la Fiscalía Anticorrupción inició una nueva investigación con actos fiscales de verificación técnica.
Sin embargo, la Procuraduría también recordó que, desde 2024, ha solicitado dos auditorías formales al IFARHU sobre posibles irregularidades en la entrega de auxilios económicos. Dichas solicitudes fueron reiteradas en 2025, pero hasta la fecha no se ha recibido respuesta.
Descentralización
Sobre el polémico tema de la descentralización paralela, la Fiscalía informó que ha recibido 233 denuncias y ha iniciado investigaciones por cada una. De estas, se han solicitado 116 auditorías específicas a la Contraloría, que continúan pendientes. El documento deja claro que estas demoras comprometen el avance de procesos complejos.
“Cada acción emprendida por esta institución responde a criterios técnicos, jurídicos y procesales, dentro de un entorno de alta demanda investigativa. A pesar de los desafíos, mantenemos responsabilidad institucional construyendo con celeridad, rigor y objetividad casos sólidos y sostenibles que puedan resistir el escrutinio judicial y garantizar resultados reales para la sociedad”, señala la nota.
El documento parece una respuesta al contralor Anel Flores, quien pidió mayor celeridad en las causas que involucran fondos públicos, en especial aquellas derivadas de auditorías ya practicadas. Aunque la Procuraduría no menciona directamente a Flores, el tono del mensaje sugiere incomodidad con lo que considera críticas infundadas.
Pese a las tensiones institucionales, la Procuraduría reafirmó su disposición al trabajo coordinado con otras entidades del Estado, siempre dentro del marco constitucional. “Promovemos la colaboración interinstitucional, pero sin sacrificar los principios de legalidad e independencia que exige nuestra democracia”, concluye el pronunciamiento.
