El presidente José Raúl Mulino objetó el proyecto de ley que creaba el patronato del estadio Roberto Mariano Bula de Colón, al considerar que varios de sus artículos chocan con la forma en que el Estado administra las instalaciones deportivas y generan dudas sobre el manejo de recursos públicos.
A través de una nota fechada el pasado 26 de mayo y dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, el mandatario expuso las objeciones por inconveniencia e inexequibilidad del proyecto de ley impulsado por un grupo de diputados que pretendía darle vida a una entidad con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, para administrar el emblemático estadio de béisbol de Colón.
La propuesta buscaba atraer recursos privados, promover actividades comerciales y asegurar el mantenimiento permanente de las instalaciones.
Sin embargo, el Ejecutivo concluyó que varios artículos alteran funciones que actualmente corresponden al Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), entidad responsable de dirigir la política deportiva nacional y administrar la infraestructura deportiva del Estado.
En su nota, Mulino objetó por inexequibles los artículos que otorgaban autonomía administrativa, económica y financiera al patronato, los que definían su patrimonio y los que le transferían la administración del estadio.
A juicio del Ejecutivo, esas disposiciones modifican el modelo de rectoría deportiva vigente y podrían entrar en conflicto con el artículo 86 de la Constitución, que establece la responsabilidad del Estado en la promoción y organización de la actividad deportiva.
¿Quién administra el estadio?
El proyecto establecía que el patronato asumiría la administración, mantenimiento y operación del estadio Roberto Mariano Bula, aunque mantenía la propiedad del inmueble en manos del Estado.
Para Mulino, esa fórmula deja vacíos importantes. Según la objeción presidencial, el texto no define con claridad cómo se coordinarían las funciones entre el patronato y Pandeportes, ni establece responsabilidades concretas sobre custodia, inversiones, seguros, mantenimiento o manejo patrimonial del inmueble.
El presidente de la República también advirtió que, aunque la ley reconoce que el estadio seguiría siendo propiedad estatal, cualquier esquema de administración debe mantener la participación del ente rector del deporte.
Mulino insistió en que permitir estructuras autónomas para administrar instalaciones deportivas podría fragmentar la política deportiva nacional.
“Si cada estadio importante tuviera su propia ley o autonomía total”, el Estado podría perder capacidad para dirigir una estrategia deportiva coherente en todo el país, señala el documento, que recoge observaciones de Pandeportes y del Ministerio de Educación.
Fondos y patrimonio
Otro de los puntos cuestionados se refiere al manejo de los recursos económicos del patronato.
El proyecto contemplaba que la nueva entidad recibiera fondos estatales, donaciones, aportes privados, ingresos por actividades comerciales y recursos derivados de concesiones y arrendamientos. También le otorgaba la facultad de administrar los bienes y recursos asignados al estadio.
Las observaciones también alcanzan el artículo que definía el patrimonio del patronato. La propuesta permitía que la entidad recibiera subsidios, donaciones, ingresos por servicios y otros aportes, pero el Ejecutivo consideró que la norma no precisaba con suficiente claridad los mecanismos de captación, control y destino de esos recursos.
Otra de las entidades que Mulino tomó en cuenta para tomar la decisión fue la Contraloría General de la República. Esta institución concluyó que las disposiciones no establecen con suficiente claridad los límites ni las reglas aplicables al manejo de fondos públicos y privados, lo que podría afectar la certeza presupuestaria y el control fiscal.
El gobernante también cuestionó la creación de un fondo de reserva de sostenibilidad equivalente al 20% de los ingresos netos de autogestión del estadio.
Según la Presidencia, el proyecto no define cuáles actividades generarían esos ingresos ni establece un régimen financiero que permita evaluar la viabilidad real del fondo.
Contratos, concesiones y presupuesto
Las objeciones también alcanzan facultades que el proyecto otorgaba a la junta directiva del patronato.
La iniciativa autorizaba a ese organismo a aprobar el presupuesto anual, autorizar contratos, convenios, concesiones y patrocinios relacionados con la operación del estadio.
Mulino también objetó esos numerales por considerar que no pueden ejercerse al margen de los controles constitucionales que regulan el uso de fondos públicos y la administración de bienes estatales.
Al respecto, sostiene que cualquier presupuesto financiado con recursos públicos debe formar parte del Presupuesto General del Estado y no quedar sujeto únicamente a aprobación interna. Asimismo, advierte que los contratos o concesiones vinculados a bienes estatales deben respetar los procedimientos establecidos en la Constitución y en las normas de contratación pública.
El proyecto de ley fue impulsado por el diputado oficialista Nelson Jackson, con el apoyo de sus colegas Víctor Castillo, Yamireliz Chong, Jairo Salazar, Paulette Thomas, Lilia Batista, Rogelio Revello, Shirley Castañedas y Yuzaida Marín.
Ahora corresponderá a la Asamblea Nacional analizar las objeciones del Ejecutivo y decidir si introduce modificaciones al proyecto o si insiste en el texto aprobado originalmente.
