El presidente José Raúl Mulino marcó distancia sobre la decisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de declarar de acceso restringido, por un periodo de 10 años, información y documentación de expedientes administrativos relacionados con concesiones portuarias, licencias de operación de servicios marítimos auxiliares e investigaciones por infracciones.
El mandatario dijo desconocer las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. “Les pido respetuosamente que reconsideren eso”, escribió Mulino en su cuenta de X, en referencia a la medida adoptada por la junta directiva de la institución.
Desconozco las razones por las que AMP considera como confidencial o acceso restringido cierta información de la entidad. Les pido respetuosamente que reconsideren eso.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 31, 2026
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución J.D. No. 012-2026, publicada en la Gaceta Oficial No. 30600 el pasado 28 de agosto. La norma establece que los documentos incluidos en esas categorías mantendrán su carácter restringido hasta 2036, salvo que desaparezcan las razones que motivaron la reserva.
La resolución limita el acceso a las partes debidamente acreditadas dentro de los respectivos procesos administrativos y a las autoridades competentes. También advierte que la divulgación indebida de la información podría generar responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Una reserva que abarca las concesiones portuarias
La medida cobra especial relevancia porque fue aprobada por la junta directiva de la AMP el 5 de marzo de 2026, en un momento clave para el futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Ese proceso se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley 5 de 1997, que sustentaba la prórroga automática de la concesión de Panama Ports Company sobre ambos puertos.
Posteriormente, la AMP otorgó contratos temporales, de hasta 18 meses, a APM Terminals Panamá y TIL Panamá para administrar Balboa y Cristóbal, respectivamente, mientras se prepara un nuevo proceso para definir las futuras concesiones.
Los contratos temporales tienen vigencia hasta el 23 de julio de 2027. El propio Mulino ha anunciado que el Gobierno pretende realizar una licitación para concesiones de entre 25 y 30 años antes de mediados de 2027.
En este contexto, la declaratoria de reserva alcanza potencialmente documentos vinculados con los procesos administrativos de las concesiones, incluidos expedientes sobre la transición de los puertos y otros trámites relacionados con sus operadores.
El choque con el acceso a la información pública
La controversia gira en torno a los límites entre la información que puede ser restringida y aquella que, por tratarse de actuaciones de una entidad estatal, debe permanecer disponible para la ciudadanía.
La Ley 6 de 2002, conocida como Ley de Transparencia, establece el derecho de cualquier persona a solicitar información sobre el funcionamiento y las actividades de las instituciones públicas, con las excepciones previstas para información confidencial o de acceso restringido.
La misma legislación contempla mecanismos para que los ciudadanos puedan recurrir ante los tribunales cuando una entidad estatal niega información, mediante una acción de habeas data.
Además, el artículo 10 de la Ley 6 establece obligaciones de transparencia respecto de los actos públicos relacionados con contrataciones estatales.
La resolución de la AMP, por su parte, fundamenta la reserva en disposiciones de esa legislación y en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la declaración previa y específica de información como restringida.
Mulino pide reconsiderar
La reacción del mandatario introduce un elemento adicional en la discusión: aunque la medida fue adoptada por la junta directiva de una entidad estatal, el propio presidente cuestionó públicamente la necesidad de mantener esa información fuera del alcance ciudadano durante una década.
Mulino no detalló qué expedientes específicos deberían dejar de estar bajo reserva ni anunció una instrucción formal para modificar la resolución. Su mensaje, sin embargo, plantea una solicitud directa a la AMP para que reconsidere las razones utilizadas para limitar el acceso.
La discusión adquiere mayor peso por el proceso que enfrenta el país para definir el futuro de sus principales terminales portuarias. Mientras el Gobierno prepara una nueva licitación, parte de la documentación administrativa relacionada con concesiones, licencias e investigaciones podría permanecer restringida durante los próximos 10 años.
Así, el reclamo de transparencia del presidente pone ahora la mirada sobre la propia AMP y sobre el alcance que tendrá una resolución que, de mantenerse vigente, mantendría bajo reserva información de interés público hasta 2036.
