El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la ley especial 471, para trabajadores de la industria bananera, este lunes 16 de junio.
La norma fue consensuada entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), representantes del Órgano Ejecutivo y la Asamblea Nacional, tras una paralización de labores en la empresa Chiquita Panamá y cierres de vías en la provincia de Bocas del Toro, desde el pasado 28 de abril.
Acabo de sancionar ley bananera. De una vez a gaceta
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 16, 2025
El sindicato argumentó que la Ley 45 de 2017, que regía sus pensiones, fue trastocada con la más reciente reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), a través de la Ley 462.
Consecuentemente, los trabajadores y el gobierno negociaron la ley 471, poniendo como condición el levantamiento de los cierres en la provincia.
La nueva ley especial tiene efectos sobre la Ley 462, en lo referente a las prestaciones de subsidio por enfermedad de los trabajadores bananeros.
Mientras la Ley 462 establece una prestación económica de subsidio diario por enfermedad al 80% del salario medio diario del trabajador bananero, la nueva Ley 471 detalla que se considerará la misma prestación especial cuando la enfermedad produzca incapacidad para realizar labores en un 30% (en la Ley 41 era de un 50%).
A pesar del compromiso para reabrir las vías, otros grupos mantienen cierres en Bocas del Toro, por lo que el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) desplegó una operación denominada ‘Omega’, para “reabrir la provincia”.
La intervención ha provocado enfrentamientos entre manifestantes y los estamentos de seguridad.
Dos días después de aprobado el proyecto de ley 290, el domingo 15 de junio, el dirigente de Sitraibana, Francisco Smith, fue aprehendido por las autoridades.
El Ministerio de Seguridad informó que el Ministerio Público investiga a Smith por la presunta comisión del delito a la administración de justicia en la modalidad de apología. El dirigente sindical también fue denunciado por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva.
