El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó la noche de este lunes 23 de febrero que el control que tiene el Estado panameño sobre los puertos de Balboa y Cristóbal no es una expropiación.
El mandatario envió un mensaje al país este lunes, horas después de que se hiciera oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 29 de enero de 2026, el cual declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5 de 1997 que le otorgó la concesión de ambos puertos a la empresa Panama Ports Company, filial del consorcio CK Hutchison.
La decisión de la Corte fue publicada este lunes en la Gaceta Oficial, quedando debidamente ejecutoriada.
“Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. Reitero, esto no es una expropiación”, afirmó el presidente.
Mulino afirmó que con el contrato, que fue declarado como inconstitucional, se sometió por décadas a todo un país, sin transparencia alguna, tanto en la debida información como en la documentación sensitiva y compleja, la cual nunca estuvo en manos de la Autoridad Marítima de Panamá, pese a que hubo pedidos formales de la información.
También este lunes por la tarde, el Consejo de Gabinete aprobó dos resoluciones trascendentales que reorganizan la administración de dos puertos del sistema nacional.
En una de esas resoluciones, la AMP establece la contratación de APM Terminals Panamá, una subsidiaria de APM Terminals BV, parte del conglomerado danés A.P. Moller - Maersk. En tanto, en la otra, el acuerdo es con TIL Panamá, S.A. (subsidiaria de Terminal Investment Limited), como el operador transitorio del Puerto de Cristóbal, en la provincia de Colón.
“Panameños, lo dije en mi primer mensaje y hoy lo reitero. No podemos repetir la improvisación. Ya lo vivimos con la mina, donde quedó demostrado, una vez más, que los gobiernos pasan, pero las consecuencias quedan. La improvisación genera desempleo, deteriora la imagen del país, ahuyenta la inversión y finalmente, golpea la economía nacional y de los hogares panameños”, puntualizó.
Mulino enfatizó que termina una etapa y comienza otra en la que se garantiza la continuidad de más de 7,000 trabajadores, que los proveedores seguirán brindando sus servicios en los puertos y que los clientes tienen la tranquilidad de que pueden continuar operando en los puertos panameños.
“Quiero expresar que, paralelamente, iniciaremos la tercera etapa, de manera abierta y competitiva, para las nuevas concesiones portuarias, una en cada puerto”, adelantó Mulino.
“Lo haremos con transparencia, con la humildad para no repetir los errores del pasado y con la convicción patriótica de que los intereses de Panamá deben estar siempre por encima de cualquier otro, garantizando transparencia, eficiencia, inversión, estabilidad jurídica y el mayor beneficio para nuestra República”, puntualizó.
