Con 18 meses en el poder —seis en 2024 y su primer año completo cerrado el 31 de diciembre de 2025—, el presidente de la República, José Raúl Mulino, rinde cuentas al país este viernes 2 de enero de 2026 y trazará las prioridades de su gestión para el nuevo año.
Prioridades que, según él mismo ha dicho en varias conferencias de prensa, rondan la reorganización del Estado, la justicia o la economía —donde entran al escenario temas como la mina o eventuales reformas al Código Fiscal—.
Un año atrás —para estas mismas fechas en 2025— pronosticó varias acciones que terminaron ocurriendo. La reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) fue una. En año y medio sentenció la Ley 462 para quedar en firme, a pesar de la convulsión en las calles, lo que precipitó la caída de su popularidad en las encuestas.
La Prensa recogió en el análisis de su discurso del año 2025 declaraciones sobre aquellos temas medulares: “este será el año [2025] de las respuestas concretas; el pueblo está atento y su paciencia tiene límite”, dijo el presidente al sustentar su primer informe de gestión.
Paralelo al asunto de la CSS también llegaron otras “respuestas concretas”. El presidente pidió el año pasado que la justicia panameña “investigue y aplique la ley” para quienes se hallaran implicados en el “abuso de los recursos públicos”.
Las respuestas llegaron en casos como el de las aprehensiones de Héctor Brands, exdiputado y exdirector de Pandeportes; Bernardo Meneses, exdirector del IFARHU; pero también con asuntos como la candidatura a rebaja de pena de la esposa del exministro Guillermo Ferruino.
La reducción del Estado, también prometida en 2025, avanzó con pasos de contraste. La planilla estatal alcanzó $3,417 millones en agosto de 2025. A mediados de ese año ya superaba la mitad de lo gastado en todo 2024, que fueron $5,177 millones.
Las cifras de la planilla a diciembre de 2025 todavía deben ser actualizadas por la Contraloría General de la República y podrán conocerse este 2026.
Por otro lado, el Ejecutivo impulsó el cambio de Ministerio de la Mujer a Instituto, un proyecto de ley que ya se encuentra en el Legislativo. En proceso de reducción también van el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) o el Banco Hipotecario Nacional (BHN).
¿Mina y reformas al Código Fiscal?
Asuntos que requieren posturas políticas y técnicas, sin olvidar el aspecto social: la mina y una reforma al Código Fiscal. Serán dos asuntos de los que estarán pendientes ciudadanos, diputados y partidos políticos este viernes 2 de enero.
Mientras el Ejecutivo ha prometido transparencia absoluta sobre el futuro de la mina de Cobre Panamá, en el proyecto avanza una auditoría ambiental que lidera el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y ejecuta la empresa SGS Panama Control Services. Se espera concluya antes del primer semestre de 2026 y ya hay publicaciones preliminares.
El pasado 15 de diciembre MiAmbiente publicó un informe sobre las primeras acciones realizadas en la auditoría, sin presentar aún hallazgos ni conclusiones. El anuncio se dio vía un comunicado y el presidente Mulino todavía no se ha referido al tema, algo que podría realizar este viernes desde el podio del Legislativo para agregar información adicional sobre el proceso.
Por otra parte, unos días después, el 18 de diciembre, La Prensa conoció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prepara reformas al Código Fiscal, específicamente en la regulación del impuesto sobre la renta y estableciendo requisitos de sustancia económica.
Antes también se había informado de la intención de eliminar leyes especiales que permiten aumentos automáticos en el sector público o que destinan porcentajes del PIB a ciertos sectores como educación.
La reorganización de las finanzas se intenta aunque en 2025 se aprobó que Panamá tenga este 2026 el presupuesto más alto de su historia, de $34 mil millones. A pesar de ello el MEF ha defendido que cumple con los topes de déficit.
Por su lado, la deuda pública alcanza en total $58,903, más de mil millones más de como cerró el periodo del expresidente Laurentino Cortizo Cohen.
Mulino y Cortizo
En su segundo año de mandato, que fue el 2021, Cortizo fue fuertemente cuestionado en su discurso a la nación. El país estaba en medio de la pandemia por covid-19 y demandaba la adquisición de vacunas.
El expresidente, a pesar de la expectativa, se limitó a dar un plazo de tiempo para la llegada de las vacunas de 90 días. En su discurso anunció el aumento del entonces “bono solidario” —una ayuda del Estado durante la pandemia— de $100 a $120.
Los anuncios le valieron fuertes críticas en redes sociales. Cortizo además argumentó que las administraciones que le precedieron dejaron un deuda alta, con compromisos pendientes para el pago de bonos y a proveedores del Estado.
Esa misma situación ha descrito el presidente Mulino, al menos lo hizo en el 2025, tanto en enero como en julio. Ambos mandatarios coincidieron, en tiempos distintos, en que en sus primeros meses eran para “poner la casa en orden”.
Con el segundo año del mandato de Mulino en marcha, ¿ha logrado poner la casa en orden en 18 meses o serán necesarios algunos más? Las respuestas podrían llegar este viernes 2 de enero de 2026, en un Órgano Legislativo aún marcado por tensiones políticas tras los últimos días de 2025.
