La Asamblea Nacional clausuró el viernes 30 de octubre la primera legislatura del tercer período de sesiones ordinarias. Shirley Castañedas, presidenta de ese órgano del Estado, pronunció un discurso de pocos minutos en el que agradeció a la junta directiva y a todos los diputados, principales y suplentes. El pleno retomará su trabajo a partir del 2 de enero de 2027.
Antes del cierre la jornada fue maratónica. En el último día de sesiones, el pleno aprobó en tercer debate 11 proyectos de ley. Pero el plato fuerte del día fue el polémico proyecto de ley 644 que dicta el presupuesto general del Estado para el próximo año, que asciende a $35,111. Se aprobó con 49 votos a favor y 18 en contra.
En las últimas horas de debates, las cifras fueron eclipsadas por lo que diputados de oposición llamaron un camarón: el artículo 370, que amplía las excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas, es decir, los casos en que el Estado puede comprar sin licitar.
El mismo día se aprobó también en tercer debate el proyecto que amplía los descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores. El texto final no es el que pedían los jubilados.
Para conseguir los votos, la propuesta sufrió varias modificaciones. El presidente José Raúl Mulino escribió un mensaje en X, en el que dijo que ya lo tenía en su escritorio y prometió que lo sancionará el próximo lunes.
Acabo de recibir en Palacio la ley de descuentos a jubilados tal y como se acordó junto con la Presidenta Shirley Castañeda, diputados de la Comisión y Ministro Chapman Lunes procederé a la sanción respectiva.
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 30, 2026
Los municipios y el terremoto
Otro de los proyectos que se aprobó el viernes es el 759 que modifica la Ley 37 de 2009 de descentralización para que los municipios de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas puedan usar en 2026 y 2027 el 100% de lo que recaudan por impuesto de inmuebles. Se trata de las comunidades más golpeadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.
Eso incluye los saldos que no habían comprometido en años anteriores. La medida vence a finales de diciembre de 2027.
Las autoridades de estas zonas se han quejado en las últimas semanas porque su presupuesto es limitado para hacerle frente a la urgencia.
Sin embargo, la norma deja preguntas abiertas. ¿Quién va a fiscalizar cómo se gastan esos fondos? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la Contraloría revise algo? De hecho hay una frase que conviene leer con cuidado, pues además de las cuatro provincias, el beneficio cubre a “cualquier otra zona afectada” que certifique el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).
Docentes darán primeros auxilios
Con el proyecto 351, impulsado por el diputado Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático, se reforman la Ley 38 de 2014 y la Ley 57 de 2016, la llamada “ley del buen samaritano”. El objetivo es proteger a docentes, administrativos y directivos de colegios públicos y privados cuando atiendan una emergencia dentro de la escuela. Si tienen certificación en primeros auxilios, no responderán administrativa, civil ni penalmente por los daños a la persona que hayan auxiliado.
La ley obliga a todos los centros educativos a capacitar y certificar a su personal.
Fisioterapia, deporte y educación inicial
En tanto que el proyecto 466 actualiza la Ley 47 de 1984, que regula la fisioterapia y la kinesiología. Los proponentes argumentaron que esta ley tiene más de cuarenta años y no contempla los avances clínicos ni tecnológicos de la profesión.
Mientras que el proyecto 511, impulsado por el diputado Augusto Palacios, de la bancada Vamos, modifica la Ley 54 de 2011 de migración para crear una subcategoría de residencia dirigida a entrenadores y profesionales del deporte extranjeros.
Primero tendrían un permiso provisional de dos años y después podrían pedir la residencia permanente. El argumento oficial es mejorar la formación de los atletas y su competitividad internacional.
También recibió luz verde el proyecto 548 que incorpora los Centros Familiares y Comunitarios de Educación Inicial al subsistema regular del Ministerio de Educación y los reconoce como centros públicos de carácter comunitario. Durante años, estos centros atendieron a la niñez en comunidades apartadas con muy poco apoyo. Ahora los promotores comunales tendrán derecho a salario según escala, vacaciones, décimo tercer mes, licencias y seguro social.
Lo que queda para enero
“Nuestra responsabilidad es servir y estar presente cuando Panamá nos necesita”
Las sesiones se retomarán el 2 de enero y en la agenda está uno de los proyectos de ley más controversiales, las reformas al Código Electoral.
