En medio del debate sobre su posible eliminación, el Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP) eligió a una nueva presidenta para el período 2026-2027.
Se trata de la magistrada Nelly Edith González Hernández, quien reemplazará en el cargo a su colega Carlos Ayala Montero.
El Tribunal Administrativo de la Función Pública inició operaciones en junio de 2018. Su creación fue una de las principales novedades introducidas por la Ley 23 del 12 de mayo de 2017, que regula la Carrera Administrativa.
La entidad está integrada por tres magistrados: uno designado por la Asamblea Nacional y dos por el Órgano Ejecutivo. En 2018, el Legislativo nombró a González Hernández como magistrada principal.
González Hernández inició su trayectoria en la administración pública en 1998. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos, entre ellos asesora legal en la Dirección Nacional de Asesoría Legal y Técnica de Comisiones, secretaria técnica de Relaciones Internacionales, asesora legal de la Presidencia de la Asamblea Nacional, jefa de la Sección de Contrataciones Públicas y directora nacional de Asesoría Legal en Asuntos Administrativos del Legislativo. Desde 2024 se desempeña como magistrada vicepresidenta del TAFP.
La elección de la nueva presidenta se produce mientras la Asamblea analiza el proyecto de ley N.° 390, que busca modernizar el régimen de Carrera Administrativa.
La iniciativa, presentada por el Ministerio de la Presidencia y remitida a una comisión técnica del Legislativo, consta de 267 artículos y fue elaborada con la colaboración del diputado de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga.
Uno de los puntos más controvertidos se encuentra en el artículo 264, que propone la eliminación del Tribunal Administrativo de la Función Pública dentro de los 60 días calendario siguientes a la promulgación de la nueva ley.
Actualmente, el TAFP es la instancia encargada de conocer las apelaciones contra decisiones relacionadas con recursos humanos y destituciones de servidores públicos.
Su creación trasladó a esta jurisdicción competencias que anteriormente ejercía la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en materia de función pública.
