La directora de la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND), Roxana Méndez, se pronunció sobre el proyecto de ley que planteaba aumentar dietas y montos a programas de la descentralización.
Actualmente, esta propuesta de ley está en la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional y, según el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, el artículo que establecía las dietas hasta por 500 dólares será eliminado. Como se recordará, Herrera fue el proponente de esta iniciativa.
Sobre este tema, Méndez subrayó que, a nivel personal e institucional, no están de acuerdo con que los funcionarios públicos reciban dietas por formar parte de juntas directivas de otras instituciones, especialmente cuando estas reuniones coinciden con sus horarios salariales habituales.
Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, anuncia que se retira la propuesta de aumento de dietas a directivos de la Autoridad de Descentralización
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 20, 2025
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Méndez reconoció que, en la junta directiva de la AND, hay tres gremios que no son funcionarios públicos y deben trasladarse desde provincias como Darién y Los Santos, por lo que originalmente se decidió asignarles una dieta de 100 balboas para cubrir traslados y gastos básicos.
No obstante, la directora señaló en Noticias 180 Minutos de Radio Red que la cifra de 500 balboas incluida en el proyecto de ley fue producto de la intervención de múltiples actores y aún requiere revisión. “Hay muchas cosas que todavía hay que discutir y corregir. La ley está en proceso y va a generar mucho debate”, afirmó, subrayando la necesidad de transparencia y planificación en el uso de los recursos descentralizados.
El análisis
“Después de una década de análisis, hemos identificado fortalezas y debilidades en la ley que guía la política pública sobre descentralización”, señaló Méndez. La evaluación incluyó la participación de distintos actores: instituciones del gobierno central, alcaldes, representantes y gobiernos locales.
La directora recordó que ni las juntas comunales ni los municipios han recibido el 100 % de los fondos del impuesto sobre bienes inmuebles, a pesar de que la ley lo establece.
“Los municipios han crecido, las necesidades han crecido y los costos de inversión también. Lo más importante es garantizar la redistribución de los recursos”, afirmó.
La propuesta de ley plantea que la distribución de fondos considere tres criterios: cantidad de población, densidad poblacional y el índice de pobreza multidimensional. Méndez explicó que la proporcionalidad es clave, sobre todo para municipios pequeños o en zonas comarcales que enfrentan limitaciones de infraestructura y servicios básicos.
Actualmente, 67 de los 83 municipios reciben fondos similares, lo que genera desigualdad. “Así no podemos compensar las brechas de acceso a servicios esenciales. Hay zonas sin agua potable, sin vados ni puentes, y, lamentablemente, niños que han fallecido ahogados por estas deficiencias”, denunció la directora.
Inversión
La reforma también busca garantizar que los recursos se utilicen prioritariamente en inversión y no en gastos de funcionamiento, con fórmulas solidarias que permitan reconocer la contribución de municipios que generan mayores ingresos por impuestos y redistribuir de manera equitativa entre los demás.
El anteproyecto de ley que reforma la descentralización incluye ajustes significativos en materia de financiamiento municipal. El impuesto sobre bienes inmuebles se modifica y se eleva el monto mínimo para aplicar la fórmula de solidaridad intermunicipal, pasando de 500.000 a 1.000.000 de dólares.
Según el proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá a los municipios la totalidad de la recaudación, incluidos recargos y multas, y la distribución a nivel de corregimiento se hará bajo tres criterios: 25 % según el índice de pobreza multidimensional, 25 % por índice de desempleo y 50 % por densidad de población. Los fondos podrán destinarse a un uso más amplio, como la protección integral de la niñez y la adolescencia.
Además, el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOSM) verá un incremento progresivo, pasando de 110.000 a 250.000 dólares a partir de 2026.
