El Ejecutivo decidió crear una Unidad de Coordinación Legal bajo el amparo del Ministerio de Gobierno, y con ello abrió una grieta en el debate público: unos la ven como una herramienta necesaria para ordenar el caos jurídico del Estado; otros, como un movimiento que concentra demasiado poder en manos del Gobierno.
Pocos conocen los engranajes del Estado con la claridad de Rigoberto González, exprocurador de la Administración. Desde su experiencia, sostiene que la creación de la nueva unidad no es, en sí misma, una mala idea, pero advierte que el problema radica en la forma de su implementación.
“Dicha estructura debió ser creada por ley y no por decreto”, subraya González, al señalar que una decisión de tal alcance exige el respaldo del debate en la Asamblea Nacional y no un simple acto del Ejecutivo.
La nueva entidad fue avalada por el presidente José Raúl Mulino y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, mediante el Decreto Ejecutivo 31 del 13 de octubre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial 30385-A. Sus funciones van desde la asesoría jurídica a las instituciones del Estado hasta la elaboración y presentación de querellas.
Aún se desconocen el personal y los recursos económicos que requerirá para operar. No obstante, varios juristas como Edgardo Molino Mola y Esmeralda de Troitiño advierten que esta iniciativa podría duplicar funciones que ya corresponden al Ministerio Público y aumentar la burocracia estatal en momentos de crisis fiscal.
Problema histórico
Según el exprocurador, uno de los problemas históricos del Estado panameño ha sido la falta de coordinación entre las instituciones y el Ministerio Público. “La idea no es mala, porque uno de los problemas que afronta el Estado respecto a las distintas instituciones y ministerios que son afectados por delitos de corrupción es que no hay seguimiento ante la Procuraduría General en cuanto al resultado de esas investigaciones”, explicó.
González recordó que, durante su gestión en la Procuraduría de la Administración, propusieron mecanismos similares para atender demandas contra el Estado en el ámbito contencioso-administrativo.
Sin embargo, enfatizó que el principal debate gira en torno a la estructura de la unidad y sus amplias facultades. “No es una simple unidad lo que se está creando; es una unidad con una serie de poderes para actuar en las causas penales. Porque esto no se trata simplemente de presentar una querella, sino de todo lo que eso deriva”, señaló González, al destacar que los querellantes podrán solicitar medidas cautelares y responsabilidades civiles cuando existan perjuicios al Estado.
El control
González subrayó la necesidad de establecer controles claros sobre esta nueva instancia. “De ahí que eso tiene que estar sujeto a un control político de la Asamblea en cuanto a su creación. Es decir, que no por decretos, sino por una ley. A esa conclusión quiero llegar”, afirmó, insistiendo en que su existencia debe contar con un sustento legal sólido.
El exprocurador también advirtió que los abogados de esta unidad actuarán como querellantes en representación del Estado, pero no sustituirán al Ministerio Público. “Un querellante nunca puede entender que va a reemplazar a un fiscal. Otra cosa es que el fiscal no juegue su papel, y no creo que en esta coyuntura, conociendo al procurador [Luis Gómez], se vayan a prestar a eso”, sostuvo.
Respecto a las preocupaciones sobre una posible persecución política, González fue enfático: “No creo que una unidad de esa naturaleza pueda dar lugar a persecuciones políticas, en la medida en que es el Ministerio Público el que lleva el control —y debe llevarlo—, como lo establece la ley de las investigaciones de carácter penal”.
