Cinco años después de que el país conociera sobre las violaciones sistemáticas de derechos en albergues de protección, Panamá sigue transitando un proceso de reforma que, aunque innegable en lo que se refiere a normas, aún no logra traducirse plenamente en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado.
Así lo reconoce Gina de la Guardia, oficial de protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), al describir un sistema que ha cambiado en la ley, pero que sigue enfrentando cuellos de botella estructurales, culturales y presupuestarios. La fragilidad del modelo vuelve a quedar en evidencia por estos días con el nuevo escándalo que sacude al país tras las irregularidades detectadas en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
Tras el estallido de 2021, cuando se revelaron abusos, negligencias y ausencia de supervisión en albergues, el país abrió una discusión de fondo sobre el modelo de cuidado institucional. Ese debate desembocó en la aprobación de la Ley 285 de 2022, que creó el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Para Unicef, ese fue un punto de inflexión. Sin embargo, no suficiente.
“Los cambios estructurales no se dan por arte de magia ni de un día para otro”, advierte De la Guardia en entrevista con La Prensa. Ella destaca que una ley, por sí sola, no transforma realidades si no se implementa con recursos, coordinación interinstitucional y una redefinición de prácticas históricas dentro del Estado.
Del albergue a la prevención de la separación
Uno de los cambios más relevantes desde 2021 ha sido el abandono progresivo de una práctica que durante años fue la norma: separar a niños de sus familias por razones asociadas a la pobreza. Antes de 2021, explica De la Guardia, la institucionalización, es decir, el ingreso de niños a centros de cuidado, era la única medida de protección disponible, incluso cuando las causas del riesgo podían abordarse con apoyo social, sanitario o económico.
Ese enfoque comenzó a revertirse. Explica que los niños ya no son separados de sus familias únicamente por carencias materiales. En esos casos, el Estado está llamado a intervenir para fortalecer al núcleo familiar y evitar una ruptura innecesaria. Este giro implicó capacitación de equipos técnicos, adopción de metodologías de gestión de casos y un cambio de mirada sobre qué significa proteger.
No obstante, la transición es compleja. El sistema todavía enfrenta una dinámica de “entrada y salida” que impide una reducción más acelerada del número de niños en albergues. Desde 2021, dice, alrededor de 300 niños por año han salido del sistema de albergues, a entornos familiares, pero casi la misma cantidad ingresa anualmente al sistema de protección.
Las cifras ilustran el tema. Panamá pasó de tener más de 1,400 niños en albergues a alrededor de 900, si se incluyen centros de temporada escolar y nutrición. En los albergues estrictamente de protección, la cifra ronda los 400.
El expediente único: la historia personal
Otro avance desde 2021 ha sido la recopilación de información. Durante años, el Estado no sabía con precisión cuántos niños estaban institucionalizados (en albergues) ni en qué condiciones. Esa opacidad comenzó a cerrarse con la creación del expediente único que ahora reposa en una plataforma informática.
Ese expediente, según lo que explica De la Guardia, contiene la historia personal y familiar de cada niño, evaluaciones psicosociales y, sobre todo, un plan orientado a la salida del albergue. La idea, complementa, es diseñar una ruta concreta para que el niño vuelva a un entorno familiar: su familia de origen, una familia extensa, una red afectiva o, en última instancia, la adopción.
En ese esquema cobra relevancia el programa de familias acogentes, concebido como una alternativa temporal para niños que no pueden permanecer con sus familias mientras se resuelve su situación legal o social. Unicef insiste en que este modelo reduce riesgos y favorece el desarrollo emocional.
“No hay institución que reemplace a una familia, aunque tenga las mejores condiciones”, afirma De la Guardia. Y va más allá: “Está demostrado internacionalmente que en instituciones de cuidado hay entre cinco y seis veces más riesgo de sufrir violencia o abuso que en hogares familiares”.
Supervisión: hay herramientas y dudas
El caso de 2021 también expuso la falta de fiscalización en los centros. Según De la Guardo, desde entonces, con apoyo técnico de Unicef, se desarrollaron metodologías y estándares para el monitoreo y evaluación de albergues. Estas herramientas permiten verificar condiciones mínimas, determinar si un centro debe seguir operando y orientar decisiones de cierre o corrección.
La responsabilidad de esa supervisión recae en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), con participación de otras entidades del Estado.
Explica por ejemplo, que el pasado jueves visitaron el CAI de Tocumen junto a autoridades del gobierno de Panamá, como el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros. No obstante, evitó adelantar recomendaciones. “Todo lo que recomendemos lo haremos público en su momento”, sostuvo De la Guardia.
Presupuesto y resistencia al cambio
Cuando se le consulta sobre temas de financiamiento y presupuesto, la oficial de protección de Unicef dice que el tema no se limita solo al presupuesto de Senniaf. La Ley 285 diseñó un sistema integral en el que cada institución del Estado tiene responsabilidades específicas, pero esa arquitectura nunca fue acompañada de partidas presupuestarias coherentes.
“Definitivamente el presupuesto es insuficiente”, reconoce De la Guardia, aunque aclara que el debate no es solo cuánto dinero se asigna, sino cómo se redefine el gasto público para garantizar derechos de manera preventiva y no reactiva. La protección especializada, añade, debería ser la última línea, no la principal.
A ese déficit se suma una resistencia cultural al cambio. Abandonar el modelo de albergues implica modificar prácticas arraigadas en la administración pública y en la sociedad. Implica confiar en familias acogentes, invertir en prevención y aceptar que los resultados no serán inmediatos.
“Todo cambio del sistema implica una resistencia natural”, dice De la Guardia. Por eso insiste en políticas de Estado, no de gobierno. Los efectos más profundos, advierte, se medirán en diez, quince o veinte años, no en un periodo presidencial.
Cinco años después de lo que se conoció en 2021 sobre los albergues, Panamá ha avanzado en diagnóstico, marco legal y herramientas técnicas. Sin embargo, el país sigue arraigado a un modelo cuestionado.
