Nadia del Río Fernández, una de las exfuncionarias más cercanas a la pasada administración y actualmente bajo el escrutinio de entidades como la Contraloría General de la República, salió al paso de los crecientes cuestionamientos públicos sobre presuntas investigaciones patrimoniales y medidas cautelares vinculadas a bienes de su propiedad.
Del Río, abogada de 43 años de edad, era considerada una de las mujeres más influyentes del gobierno del presidente Laurentino “Nito” Cortizo (2019-2024). y muy cercana al exvicepresidente José Gabriel Carrizo, candidato presidencial del PRD en las elecciones de mayo de 2024. Fue asistente de Cortizo, aunque en la planilla oficial figuraba con el cargo de directora ejecutiva del Ministerio de la Presidencia, puesto por el que devengaba un salario mensual de $6,000.
A través de sus redes sociales, la exfuncionaria aseguró que las publicaciones recientes en su contra responden a una narrativa construida desde “una sola fuente” y con apariencia de vocería institucional de la Contraloría General de la República.
Insiste que no existe en su contra ningún proceso patrimonial ante el Tribunal de Cuentas e incluso adjuntó una certificación emitida por esa entidad. El documento, que firma el secretario general encargado del Tribunal de Cuentas, Gustavo A. Bonilla Arango, señala que, según la base de datos institucional, la licenciada Nadia Y. del Río “no ha sido procesada patrimonialmente ante este Tribunal de Cuentas”.
En octubre de 2025 fue publicado en la Gaceta Oficial un nuevo reglamento de la Contraloría, mediante el cual el contralor podría ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, basándose en la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador. Esa facultad anteriormente recaía en un juez de garantías.
Por tanto, bien podría ser que Del Río sí sea objeto de alguna medida o diligencia, y que otras instancias no sean conocedoras de la adopción de las mismas.
Petición de información
Según Del Río, desde octubre de 2025 ha solicitado formalmente información a la Contraloría General de la República para conocer si existe alguna actuación administrativa o patrimonial en su contra. Ante la falta de respuesta, recurrió a una acción de habeas data con el objetivo de obtener acceso a cualquier expediente o investigación relacionada con su patrimonio.
Uno de los puntos más sensibles de su pronunciamiento en redes gira en torno a un apartamento adquirido en 2005. Del Río afirmó haber conocido, a través de terceros y publicaciones en redes sociales, que la Contraloría habría remitido al Registro Público medidas cautelares sobre el inmueble, pese a que —según sostiene— no ha mediado notificación formal ni proceso legal comunicado oficialmente a su defensa.
En el comunicado, Del Río negó haber ocultado información patrimonial y aseguró estar dispuesta a comparecer ante cualquier autoridad competente.
“No tengo nada que ocultar ni me he ocultado en lo absoluto”, expresó, al tiempo que manifestó su disposición de presentar documentación, justificaciones patrimoniales y los descargos correspondientes dentro de un proceso “legal, formal y transparente”.
Pese a que la exfuncionaria sostiene que no se “oculta”, La Prensa remitió un cuestionario que, de momento, no ha respondido.
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