La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado de Realizando Metas (RM) Luis Eduardo Camacho, discute en primer debate un proyecto de ley que podría reconfigurar la justicia penal panameña y, de paso, abrir nuevas posibilidades procesales al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado por blanqueo de capitales.
Se trata de la iniciativa presentada por el diputado de RM Jamis Acosta, que busca modificar el artículo 2030 del Código Judicial y el artículo 191 del Código Procesal Penal para equiparar las vías de impugnación del antiguo sistema inquisitivo con las del modelo procesal vigente.
El núcleo de la propuesta radica en permitir que los condenados bajo el sistema inquisitivo puedan alegar violaciones a derechos fundamentales, a la Constitución y a tratados internacionales mediante el recurso de casación. Además, se plantea que las sentencias firmes también puedan revisarse con base en esa misma causal, lo que ampliaría los márgenes de defensa para quienes ya agotaron los mecanismos tradicionales.
La iniciativa introduce un nuevo numeral al artículo 191 del Código Procesal Penal al establecer que “la revisión de una sentencia firme procederá, en todo tiempo y únicamente a favor del sancionado”, cuando la condena haya sido dictada bajo el sistema inquisitivo o mixto y “hubiera infringido derechos y garantías penales y procesales, contenidos en la Constitución Nacional, tratados o convenios internacionales en materia de derechos humanos (…) o en la ley”.
El texto añade que también procederá si “se hubieran infringido las garantías del debido proceso”, aunque fija un límite: “Esta causal solamente podrá ser invocada en una sola ocasión”, restringiendo así su uso a una única oportunidad para los condenados bajo el modelo procesal anterior.
El análisis
Cuando la propuesta fue prohijada el año pasado, la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez advirtió que, aunque en principio el texto podía parecer positivo, el riesgo radicaba en quiénes impulsaban la reforma. Señaló que las modificaciones al Código Procesal Penal deben manejarse con rigor técnico, especialmente cuando involucran estándares del sistema interamericano de derechos humanos.
“La propuesta de ley, en principio, luce positiva, pero el riesgo surge cuando las reformas son impulsadas por personas sin formación en derecho internacional ni conocimiento del sistema interamericano”, expresó. Gómez subrayó que el debate no debía centrarse en coyunturas políticas, sino en determinar si realmente existe un vacío legal que justifique la modificación planteada.
“Se corre el peligro de legislar para casos particulares, y así no se legisla”, afirmó. La exprocuradora recomendó que el texto fuera revisado por expertos independientes que evaluaran si la figura jurídica propuesta responde a una necesidad estructural del sistema penal o si se trata de una reforma con destinatario implícito.
Consultada sobre el trasfondo político del proyecto, presentado por un diputado de Realizando Metas y acogido por la Comisión de Gobierno, Gómez no dudó en vincularlo con el expresidente Ricardo Martinelli. Recordó que una iniciativa similar promovida por el diputado Luis Eduardo Camacho incluía como causal de revisión decisiones internacionales relacionadas con violaciones al debido proceso. “A mí no me quedaría duda de que esto busca beneficiar a Martinelli”, sostuvo.
La exdiputada también hizo referencia a otro intento legislativo que proponía amnistiar a los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela, correspondiente al período 2014-2019.
Ese proyecto, impulsado por el diputado Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue rechazado en abril pasado por la Comisión de Gobierno con cinco votos en contra. Posteriormente, Camacho intentó revivirlo mediante un informe de minoría en el pleno legislativo; sin embargo, la propuesta no llegó a debatirse.
