La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado de Realizando Metas (RM) Luis Eduardo Camacho, tiene en sus manos un proyecto de ley que podría reconfigurar la justicia penal panameña y, de paso, abrir nuevas posibilidades procesales al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado por blanqueo de capitales.
Se trata de la iniciativa presentada por el diputado de RM Jamis Acosta Guerra, que busca modificar el artículo 2030 del Código Judicial y el artículo 191 del Código Procesal Penal para equiparar las vías de impugnación entre el antiguo sistema inquisitivo y el sistema penal acusatorio.
El corazón de la propuesta radica en permitir que los condenados bajo el sistema inquisitivo puedan alegar violaciones a derechos fundamentales, a la Constitución y a tratados internacionales mediante el recurso de casación. Además, se plantea que las sentencias firmes también puedan revisarse bajo esa misma causal, lo que ampliaría los márgenes de defensa para quienes ya agotaron los mecanismos tradicionales.
El beneficiado
Para los expertos en la práctica, este cambio abriría una puerta para Martinelli, cuyos procesos fueron tramitados bajo el sistema inquisitivo. Hasta ahora, los condenados bajo ese modelo no podían invocar la revisión por violación de derechos humanos, mientras que quienes enfrentan juicios bajo el sistema acusatorio sí contaban con esa herramienta. La reforma, de aprobarse, nivelaría el terreno y le daría al exmandatario una nueva vía de impugnación.
Los críticos de la propuesta sostienen que, aunque se presenta como una medida de “igualdad ante la ley”, en realidad podría convertirse en un salvavidas judicial para figuras de alto perfil. No solo Martinelli, sino también otros exfuncionarios y políticos con sentencias firmes podrían recurrir a este mecanismo para intentar revertir condenas, lo que desataría un aluvión de solicitudes de revisión en los tribunales.
Para la exprocuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez, la propuesta de ley, en principio, luce positiva, pero advirtió que el riesgo surge cuando las reformas son impulsadas por personas sin formación en derecho internacional ni conocimiento del sistema interamericano.
“Se corre el peligro de legislar para casos particulares, y así no se legisla”, afirmó, al recomendar que el texto sea revisado por expertos que determinen si realmente existe el vacío legal que se pretende subsanar.
Caso Martinelli
Al ser consultada sobre el trasfondo político del proyecto, presentado por el diputado de Realizando Metas y acogido por la Comisión de Gobierno, no dudó en vincularlo con el expresidente Ricardo Martinelli. Recordó que una propuesta similar de Camacho contemplaba como causal de revisión las decisiones internacionales sobre violaciones al debido proceso.
“A mí no me quedaría duda de que esto busca beneficiar a Martinelli”, señaló, aludiendo a la cercanía de ambos diputados con el exmandatario condenado por corrupción.
La propuesta a la que hacía referencia Gómez es aquella que proponía amnistía a los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela (2014-2019), del Partido Panameñista.
Ese proyecto, impulsado en el pasado periodo por el diputado Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue rechazado por la Comisión de Gobierno en abril pasado, con cinco votos en contra. No obstante, Camacho intentó darle oxígeno a la propuesta mediante un informe de minoría en el pleno legislativo; sin embargo, el tema no fue debatido.
De hecho, la exprocuradora también lamentó la forma en que la Comisión de Gobierno prioriza sus debates legislativos. Según dijo, existen proyectos técnicamente sustentados, como los presentados por el procurador Luis Carlos Gómez, que ameritan discusión profunda, pero quedan relegados. “Por el capricho del presidente de la comisión no se debaten los temas de fondo, pero estos sí encuentran espacio inmediato”, cuestionó.
Se trata de los proyectos de ley 291 y 292. El primero propone la adopción de una “Ley General Anticorrupción”, mientras que el segundo modifica artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública. Ambos fueron presentados por el procurador, quien señaló que buscan adecuar el marco penal panameño a los estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra la corrupción.
Otras opiniones
Sobre este tema, el analista y abogado Rodrigo Noriega indicó que esta iniciativa de ley tiene nombre y apellido, ya que amplía el término del recurso de revisión y puede dar la oportunidad de invocar el recurso de especialidad.
Recordó que existe un principio de constitucionalidad: la ley más favorable al reo es la que se aplica, con lo cual no es necesario garantizar que esta normativa tenga efecto retroactivo.
Los cuatro diputados de Vamos y Moca —Janine Prado, Roberto Zúñiga, Luis Duke y José Pérez Barboni— se pronunciaron a favor del prohijamiento, al igual que los representantes de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho y Shirley Castañedas. También respaldaron la iniciativa Raphael Buchanan y Sara Magallón, esta última en reemplazo de Jairo Salazar, ambos del PRD, así como Ana María Poveda, quien ocupó la curul de Didiano Pinilla en Cambio Democrático.
Llama la atención que los diputados de Vamos y Moca hayan decidido respaldar la iniciativa, pese a que en otras ocasiones han cuestionado con dureza a Martinelli.
Roberto Zúñiga, presidente de la bancada de Vamos, señaló que la iniciativa se ha prohijado para debatirla y escuchar distintas posiciones, con un enfoque de interés general y no en casos puntuales. Advirtió que modificar el Libro III, que fue derogado, no es procedente y requeriría adicionar nuevos artículos.
Aseguró que, hasta ahora, no hay alertas que impidan avanzar, pero su bancada se opondrá si perciben que la medida beneficia al expresidente Ricardo Martinelli. También solicitaron un concepto de la Procuraduría de la Administración para el primer debate.
El expresidente Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales en el caso “New Business”. La sentencia, confirmada por la Corte Suprema en 2024, lo convirtió en el primer exmandatario panameño con una condena firme por corrupción. Actualmente, Martinelli se encuentra asilado en Colombia.
