La Contraloría General de la República amplió su margen de acción con la entrada en vigor del nuevo reglamento de medidas precautorias, firmado por el contralor Anel Flores el pasado 23 de septiembre y publicado en la Gaceta Oficial No. 30,376-B.
Hasta ahora, la entidad tenía la potestad de suspender el pago de erogaciones con cargo al Tesoro Nacional consideradas inconvenientes, así como de salarios, remuneraciones o asignaciones de funcionarios y particulares vinculados a irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Sin embargo, con el nuevo instrumento, la Contraloría también podrá ordenar secuestros sobre patrimonios y adoptar “cualesquiera otras medidas que sean necesarias para proteger los intereses públicos”, en ejecución de la Ley 351 de 2022, que amplió las facultades del ente fiscalizador.
Sobre el reglamento de medidas precautorias de la Contraloría, muestro mi alta y profunda preocupación. pic.twitter.com/gRjSyh64a1
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) October 2, 2025
Esto generó cuestionamientos por parte de diputados y figuras públicas, como el diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, y el exdiputado independiente Juan Diego Vásquez, quienes consideran que esto le otorga un poder excesivo al contralor.
En su caso, Cedeño advirtió sobre los riesgos que representa la resolución que aprueba el reglamento de medidas precautorias y que otorga al contralor la facultad de secuestrar bienes en el marco de investigaciones administrativas.
Según el abogado y diputado, esta herramienta jurídica puede convertirse en un arma de uso político si no se maneja con prudencia.
“Un contralor de época nunca había tenido un instrumento que le permitiera decretar medidas tan severas como el secuestro de bienes, y eso puede dejar en estado de indefensión a una persona que apenas está siendo investigada preliminarmente por la Contraloría, sin que exista todavía un proceso penal”, señaló Cedeño, al cuestionar el alcance de la resolución.
El diputado recordó que, históricamente, la Contraloría se había limitado a suspender pagos cuando detectaba irregularidades, pero nunca había dispuesto de un mecanismo para imponer directamente medidas cautelares sobre bienes.
La Ley 351
“En su momento, los diputados que aprobaron la Ley 351 de 2022 no dimensionaron que se le estaba otorgando esa facultad a la Contraloría. Hoy vemos que el reglamento abre la puerta a un poder peligroso y sin contrapesos claros”, añadió.
Como se recordará, la Ley 351 fue declarada parcialmente inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2025, principalmente por otorgar facultades discrecionales al Contralor para archivar auditorías e investigaciones.
En su momento, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, y el diputado Cedeño presentaron demandas contra artículos de esta normativa, herencia del polémico excontralor Gerardo Solís, argumentando que esta ley debilitaba la transparencia y la función fiscalizadora de la Contraloría.
Este año, varios de los artículos fueron declarados inconstitucionales, pero el relacionado con las medidas precautorias no había sido demandado.
Cedeño insistió en que otorgar esa potestad a un solo funcionario, en este caso al contralor, es excesivo en un sistema democrático. “Por muy buenas motivaciones que tenga el contralor, no se le debe dar tanto poder a un ente público, porque en democracia siempre debe existir un equilibrio de fuerzas”, recalcó.
Como salida a la controversia, el diputado recomendó que el contralor deje sin efecto la resolución y que se abra la discusión para definir, mediante una ley, si corresponde o no conceder esa facultad. “Lo ideal sería legislar con responsabilidad sobre este tema, evaluando los riesgos y las garantías, porque la situación actual no es conveniente ni segura dentro de un proceso penal”, concluyó.
Opinión de exprocurador
El exprocurador de la Administración, Rigoberto González, también se refirió al nuevo reglamento de medidas precautorias, al advertir que excede las facultades legales de la institución y pone en riesgo derechos fundamentales.
Aclaró que la ley de la Contraloría sí contempla la suspensión de salarios a funcionarios en situaciones muy específicas, pero que no autoriza el secuestro de bienes.
González explicó que la norma vigente solo permite suspender el pago de un sueldo cuando el funcionario es separado del cargo por una investigación del Ministerio Público o cuando se le aplica una sanción administrativa. “Ese es un escenario claro y regulado en la ley”, sostuvo. En cambio, afirmó, el secuestro es una medida distinta, que únicamente puede ordenar un juez dentro de un proceso judicial.
“Ni siquiera el fiscal puede decretar un secuestro por sí mismo, debe pedirlo a un juez de garantías porque afecta derechos fundamentales”, recordó el exprocurador. En su opinión, pretender equiparar la suspensión de un salario con el secuestro de bienes carece de sustento jurídico, pues se trata de acciones de naturaleza muy diferente.
El jurista recordó que el sistema penal acusatorio reforzó los controles precisamente para evitar que fiscales actuaran sin supervisión judicial. Bajo ese marco, subrayó, si la Contraloría detecta irregularidades que podrían constituir delito, debe remitir el informe al Ministerio Público, que a su vez debe solicitar las medidas cautelares pertinentes ante un juez. “No se trata de reproducir por vía de una resolución lo que la Corte Suprema ya declaró inconstitucional en la Ley 351”, recalcó.
Finalmente, González advirtió que intentar imponer el secuestro mediante una resolución administrativa desconoce tanto la Constitución como los precedentes judiciales. “Es un poder que rebasa lo permitido por la ley y que puede convertirse en un grave riesgo para la seguridad jurídica del país”, concluyó.
Vásquez reacciona
El Contralor insiste en ABUSAR de su poder.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) October 2, 2025
Pretende ser JUEZ Y PARTE.
Mientras sigue salvando de las investigaciones penales a sus amigos y copartidarios, ahora ENCIMA quiere SECUESTRAR bienes.
Las medidas que afectan derechos de este tipo sólo puede crearse POR LEY. https://t.co/MZvpXdXBPL
El exdiputado independiente y fundador de Vamos, Juan Diego Vásquez también reaccionó con dureza frente a la resolución de la Contraloría, calificando la medida como un abuso de poder.
“El contralor insiste en abusar de su autoridad y pretende ser juez y parte. Mientras sigue salvando de las investigaciones penales a sus amigos y copartidarios, ahora encima quiere secuestrar bienes”, cuestionó.
Vásquez subrayó que decisiones de tal alcance no pueden emanar de un reglamento, sino únicamente de una ley aprobada por la Asamblea Nacional.
