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Obras estancadas y millones perdidos: el largo y espinoso camino del Hospital de Bugaba

Obras estancadas y millones perdidos: el largo y espinoso camino del Hospital de Bugaba
El hospital de Bugaba fue inaugurado este jueves. Anel Asprilla

Los casi 13 años de paralización del proyecto de construcción del hospital de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, representaron una inversión al menos tres veces superior a la prevista cuando se proyectó la obra. De $30.6 millones, en 2010, pasó a costar $101.8 millones, es decir, que el Estado tuvo que desembolsar $71.2 millones más.

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El largo y costoso recorrido culminó este jueves 27 de noviembre, cuando el presidente José Raúl Mulino inauguró la estructura, uno de los símbolos palpables de lo que la desidia administrativa o la ineficiencia en la ejecución de obras públicas —un patrón recurrente en el país— puede significar para el presupuesto del Estado.

La construcción del hoy llamado Hospital José Félix Espinosa Barroso, en el distrito de Bugaba, fue adjudicada durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) al consorcio IBT por un monto inicial de $30.6 millones, con la promesa de que sería entregado antes de que concluyera esa administración. Pero lejos de avanzar según el cronograma, el proyecto comenzó a acumular adendas de tiempo y aumentos de precio, decisiones aprobadas en ese mismo periodo que elevaron el costo original y dilataron la obra sin ofrecer resultados visibles.

Obras estancadas y millones perdidos: el largo y espinoso camino del Hospital de Bugaba
El presidente José Raúl Mulino lideró al acto público. Anel Asprilla

Resolución de contrato

Cuando llegó la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019), el Ministerio de Salud heredó un proyecto ralentizado y cada vez más cuestionado. Fue entonces, bajo la gestión del ministro Francisco Javier Terrientes, que se inició un proceso de resolución del contrato con el consorcio, marcando el comienzo de una larga disputa administrativa que frenaría la construcción durante años y profundizaría el deterioro de una obra que debió empezar a entregar servicios esenciales para la población chiricana hace al menos una década.

No fue sino hasta 2022, durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), cuando el Ministerio de Salud logró destrabar el proyecto mediante un acuerdo de cesión del contrato con los representantes de IBT, lo que permitió transferir la responsabilidad a un nuevo operador. El contrato pasó entonces al Consorcio Panameño Pro Bugaba.

Ya en 2024, con Mulino en la presidencia, el proyecto tomó nuevo impulso. El mandatario, que había señalado públicamente la urgencia de concluir el hospital —una obra ubicada en la provincia de la que es originario—, gestionó la asignación de los fondos necesarios para retomar la construcción. El monto final ascendió a 101.8 millones de dólares, según la última adenda que reposa en el portal Panamá Compra.

Obras estancadas y millones perdidos: el largo y espinoso camino del Hospital de Bugaba
El mandatario durante un recorrido por el hospital de Bugaba. Anel Asprilla

De hecho, así lo proclamó el mandatario durante el acto de entrega: “Aquí tienen su hospital, aquí en Bugaba. Agradezco al pueblo del distrito, que no bajó los brazos en exigir que se terminara, y hoy está aquí para dicha y complacencia de todos”, expresó Mulino, en un mensaje que buscó sellar el cierre de una espera que se extendió por más de una década.

La integración

También aprovechó la inauguración para enviar un mensaje directo al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y al director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, exhortándolos a agilizar el proceso de integración de servicios entre ambas instituciones. Según el mandatario, se trata de un paso indispensable para mejorar la atención y optimizar los recursos públicos.

“Es mandato de la ley y una necesidad para resolver problemas y reducir gastos manejando un solo sistema de salud. No es posible tener dos instalaciones de salud frente a frente con duplicidad; no tiene sentido”, afirmó, dejando claro que la coordinación interinstitucional será una prioridad de su administración.

El nuevo hospital, que cuenta con 172 camas de hospitalización, tres quirófanos y 27 consultorios médicos, representa un alivio para una población que durante años tuvo que desplazarse hasta el distrito de David para recibir atención especializada. En el distrito de Bugaba residen unas 70 mil personas.

Casos similares

Lo ocurrido en Bugaba es una réplica de lo sucedido con otros hospitales. El hospital de Metetí, adjudicado también en 2010 al consorcio IBT Health por 36.5 millones de dólares, se convirtió en otro ejemplo del estancamiento de obras críticas para el sistema de salud panameño.

Tras permanecer paralizado entre 2014 y 2019, el proyecto avanzó cuando, en 2021, se autorizó un acuerdo transaccional entre el Ministerio de Salud y el consorcio.

El objetivo fue romper definitivamente el vínculo contractual con IBT Health y permitir la cesión del proyecto a la empresa Lexco. Finalmente, la obra se reactivó el año pasado. Esta construcción, que comenzó costando unos 40 millones, ahora representará para el Estado 170 millones de dólares.

También está el hospital de Santa Fe, en Darién, que estuvo a punto de inaugurarse hace una década, pero fue abandonado. La infraestructura sufrió tal deterioro que el costo original de 8.5 millones de dólares se disparó a casi 17 millones.

Obras estancadas y millones perdidos: el largo y espinoso camino del Hospital de Bugaba
Este Minsa-Capsi está diseñado para beneficiar a alrededor de 19 mil 729 personas que residen en el distrito de Santa Fe, según datos del Censo de Población de 2023.

Este proyecto fue adjudicado entre 2009 y 2014, pero quedó suspendido entre 2014 y 2019. Luego, en 2021, el Estado perdió un arbitraje interpuesto por la empresa responsable, Termotécnica Megaproyectos. El caso salió nuevamente a la luz debido a que la Asamblea Nacional aprobó recientemente un traslado de partida de 1.9 millones de dólares para pagar el laudo arbitral.

Ante este escenario, el Minsa ordenó una auditoría para presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Mientras, la instalación continúa cerrada.


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